Las elecciones legislativas en América Latina no provocan interés, excepto las de Venezuela en la última década, porque cada consulta ha sido referendaria.
Esos comicios -igual que los presidenciales y los regionales- se han vuelto pruebas de fuerza sobre el respaldo o rechazo a los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
Para este 6 de diciembre hay otras piezas que convierten a la cita en foco de una insólita discusión internacional.
El futuro presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó que en la próxima cumbre del Mercosur (Asunción, 21 de diciembre) pedirá que se aplique la cláusula democrática a Venezuela por “los abusos que está cometiendo en la persecución de opositores”.
Macri se refiere al Protocolo de Ushuaia (la localidad paraguaya donde se firmó en 1998), según el cual “en caso de ruptura del orden democrático” en algún Estado parte, el bloque puede hasta suspender los derechos del país sancionado.
El mecanismo sólo se ha aplicado a Paraguay en 2012, por la destitución del presidente Fernando Lugo. Ahora ninguno de los demás socios ha mostrado entusiasmo en activarlo, pero el escenario del debate está puesto.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, envió dos cartas abiertas. En la primera, al Consejo Nacional Electoral (CNE), le dijo a ese órgano que no ha garantizado la equidad mínima para la votación, lamentó que Caracas rechazara la observación del organismo y demandó una acción oficial para frenar la violencia previa a los comicios.
El ex presidente José Mujica -de quien Almagro había sido canciller de 2010 a 2015- se deslindó de las opiniones de su antiguo ministro y Maduro lo llamó “basura”.
En una segunda carta, Almagro replicó a Maduro: “Los insultos y la impunidad, venga esta de donde venga, no pueden ser la respuesta a un clamor nacional e internacional de igualdad de derechos y justicia electoral”.
Cuatro ONGs de la región, entre ellas Washington Office on Latin America, instaron al CNE a que se “respete la independencia” de la misión de Unasur en las elecciones y al gobierno y a la oposición a “comprometerse a caminos hacia delante pacíficos, democráticos y constitucionales”.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena (centro), instala la misión de Unasur a las elecciones venezolanas.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al gobierno la adecuada protección de opositores, después del asesinato a balazos durante un mitin electoral de Luis Manuel Díaz, dirigente de Acción Democrática (AD). Maduro dijo que el homicidio fue un "ajuste de cuentas entre bandas rivales".
La disparada delincuencia común es un ingrediente adicional que perturba el periodo prelectoral.
Pero el ángulo más polémico de todos es la contienda misma. Las encuestas apuntan a que la oposición puede ganar la mayoría de las 167 bancas en disputa para la Asamblea Nacional, en una atmósfera crispada: líderes opositores presos por causas muy debatidas y la peor situación económica en décadas, que incluye el desplome de los precios del petróleo, recesión, inflación ya sin registro oficial público, escasez de básicos, tres tipos de cambio formales y un vigoroso mercado negro de divisas.
Al parejo de esa percepción, Maduro ha insistido en las últimas semanas en que reaccionará a un eventual triunfo opositor: "No entregaríamos la revolución"...“gobernaríamos con el pueblo en unión cívico-militar”.
Como en la última década, la elección del domingo se perfila referendaria. Esta vez, además, se sigue más de cerca que nunca en todo el continente.
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