La canciller Alicia Bárcena dijo en el Senado que México “debe afirmar, siempre, el irrestricto respeto y defensa de los derechos humanos en todo lugar, en todo momento, no importa el contexto político”.
“En Chile aprendí que el autoritarismo conduce a la violación sistemática de los derechos humanos”, señaló.
Sin embargo, la secretaria de Relaciones Exteriores guardó silencio o fue evasiva al responder preguntas sobre la materia. Ese silencio pone signos de interrogación sobre el compromiso del gobierno mexicano en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, uno de los mandatos constitucionales de política exterior.
Para iniciar su proceso de ratificación en el cargo, Bárcena se reunió el lunes 4 de septiembre con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado
Con una larga estancia en Chile, como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y luego como embajadora de México, la secretaria escogió un caso emblemático para referirse a los derechos humanos.
Migración
En la sesión legislativa, la senadora Beatriz Paredes (PRI) pidió la remoción del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, como máximo responsable del órgano encargado de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron en un incendio en marzo pasado.
El punto venía al caso porque la cancillería coordina la política migratoria, aunque el INM depende de la Secretaría de Gobernación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso ese traspaso de funciones en un decreto de septiembre de 2019.
En su respuesta de casi 50 minutos, Bárcena omitió el punto. Garduño protagoniza un insólito y escandaloso caso: sigue en el cargo, aunque está procesado por ejercicio indebido del servicio público por los hechos de Ciudad Juarez. El juez de la causa dio cuatro meses para la investigación complementaria, que se cumplieron a fines de agosto.
El senador Antonio García Conejo (PRD) expuso el “nido de corrupción” de las estaciones del INM, virtuales prisiones para migrantes. “Debe de acabar, es una vergüenza para el Estado mexicano”, reclamó en la sesión.
El senador Antonio García Conejo (PRD), en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado
Bárcena sólo habló de contactos con gobiernos extranjeros cuyos nacionales fueron víctimas de la tragedia de Juárez y omitió referirse a las estancias migratorias.
Nicaragua
La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) preguntó por el silencio oficial de México ante las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y citó ejemplos de las persecuciones a miembros de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) en participación remota en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado
La respuesta de Bárcena fue elusiva. Dijo que en México “estamos al tanto que, en febrero de 2023, Nicaragua liberó a 222 de 245 presos políticos”.
“Nos preocupa definitivamente muchísimo” el caso, dijo la canciller y reiteró que México ofreció asilo a los perseguidos.
Pero la secretaria no respondió la pregunta de por qué el silencio oficial mexicano ante la extensa y prolongada represión de los últimos cinco años en el país centroamericano.
Su comentario sobre los presos resultó sesgado y ofensivo, pues el caso no se reduce a que el régimen los “liberó”. A la excarcelación siguió el destierro masivo, el despojo de la nacionalidad de todos ellos, la confiscación de sus bienes, propiedades y cuentas bancarias, incluso la sede en Masatepe de la Fundación Luisa Mercado, del escritor Sergio Ramírez. A los desnacionalizados de la tercera edad les quitó su pensión, algo que no han hecho ni las más feroces dictaduras.
Con las excarcelaciones no cesó, sino que se fortaleció la represión contra toda persona o institución incómoda para Ortega. Más de 3 mil organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas y sus bienes confiscados. No existen medios periodísticos independientes, más de cien profesionales de la prensa han tenido que exiliarse.
La dictadura cerró incluso la principal casa de estudios superiores, la prestigiosa Universidad Centroamericana; clausuró órdenes religiosas, les ha confiscado sus recursos y mantiene preso al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
El recuento de atrocidades es mayor, pero suficiente para que el gobierno de México cumpla con su mandato constitucional y, al menos, remedie su actual silencio.
