Una constante en las manifestaciones populares del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba fue la cantidad de teléfonos móviles por encima del mar de cabezas, que produjeron un torrente de constancias visuales. Los participantes multiplicaron después sus testimonios y surgieron diversas interpretaciones de los hechos.
Un año más tarde son incontables las aportaciones de todo tipo, pero algunas pocas de ellas bastan para mostrar la diversidad de registros y enfoques sobre el 11J.
Desde las primeras horas que siguieron a la inicial manifestación de San Antonio de los Baños, el sitio Inventario (proyectoinventario.org) activó una herramienta para identificar los lugares donde se reportaban protestas antigubernamentales.
Un año después, el mapa registraba 348 acciones en las 15 provincias del país y el Municipio Especial Isla de la Juventud.
Después del 11J el gobierno de Cuba tomó decisiones que en parte eran reclamos de la población anteriores a la protesta: autorizó la importación individual de alimentos, productos de aseo, medicinas y electrodomésticos; aceptó ayuda humanitaria internacional; emprendió un plan de reparaciones en barrios pobres (viviendas, escuelas, policlínicos, redes de agua, asfaltado); ofreció atención a problemas legales de vivienda y expidió un paquete de regulaciones para el trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias.
A los pocos días del estallido, un fundador y ex jefe de la Seguridad del Estado, ex viceministro del Interior, general de División Fabián Escalante, publicó un comentario en tres partes a raíz del 11J. En la primera citó entre las causas “los errores cometidos en la tardía implementación de medidas económicas” ya aprobadas. En una crítica sutil a los servicios de inteligencia, señaló que no hubo la advertencia oportuna del estado de ánimo social; expuso que Estados Unidos “es el principal responsable, pero … nosotros también tenemos responsabilidades por los errores cometidos, que exigen un análisis autocrítico" y que “combatir contra el enemigo y la burocracia sería el deber y la responsabilidad de este momento histórico”.
En el resto de su comentario (II, III), Escalante atribuye las protestas a “una operación subversiva, bien preparada, sobre un esquema de guerra sicológica” de Estados Unidos. En la misma línea, un año después, el presidente Miguel Díaz-Canel sostiene la versión oficial de que que el 11J “el pueblo cubano y la revolución cubana desmontaron un golpe de Estado vandálico”.
La Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales y el diario argentino Página12 publicaron en diciembre de 2021 el libro Cuba11J: protestas, respuestas, desafíos, coordinado por Julio Carranza Valdés, Manuel Monereo y Francisco López Segrera, con ensayos de 17 autores, entre cubanos y otros latinoamericanos.
Carranza, economista cubano, revela ahí que él y otros cuatro de sus colegas, Humberto Pérez, Joaquín Benavides, Fidel Vascó y Pedro Monreal, presentaron al gobierno de Cuba “una actualizada propuesta de reforma integral de la economía”, que al momento de aparecer el libro no tenía respuesta.
Entre las abundantes y disímiles interpretaciones del 11J, Carranza dice que "el sistema económico actual es obsoleto, limita las capacidades productivas de la sociedad y debe ser reformado integralmente (...) el avance y la integralidad de la reforma aún es insuficiente, no hay dudas de que hay fuerzas internas e intereses conservadores que se le oponen". El abogado y político español Monereo plantea que “para una parte de la juventud cubana el relato de la Revolución ha perdido vigor, fuerza; se ha convertido en un pasado que poco o nada tiene que ver con sus vidas y, sobre todo, con su futuro”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado sobre las acciones judiciales que se siguieron a manifestantes del 11 de julio. El 25 de enero de 2022 reportó que había imputado cargos a 790 personas, de los cuales 490 estaban en prisión. De los acusados, 115 tenían entre 16 y 20 años de edad; hasta el 13 de junio de 2022 recibió notificación de tribunales sobre 76 sentencias para 381 personas, incluso 16 jóvenes de entre 16 y 18 años, sobre todo por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Hubo 297 penas de entre cinco y 25 años de cárcel.
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Imagen de un reporte de la televisión cubana sobre los juicios a los manifestantes del 11J
Entre el 14 y el 15 de junio de 2022 los tribunales dictaron cuatro sentencias firmes, en respuesta a recursos interpuestos por 33 sancionados en La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos. Hubo 30 sentenciados a penas de entre cinco y 18 años de prisión y tres a trabajo correccional o limitación de libertad.
La FGR reportó sentencias firmes en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, entre el 16 y el 21 de junio, por delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato. Hubo 74 sancionados y dos absueltos, con penas para 56 de entre 10 y 18 años de cárcel. Hubo sentenciados a prisión, con sustitución de la pena por trabajo correccional o limitación de libertad, incluso para 12 jóvenes entre 16 y 18 años de edad.
Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Justicia11J, que investigan el mundo legal y judicial cubano, elaboraron el informe “Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”. Entre otras conclusiones, el reporte señaló que un año después del estallido había 701 presos del total de mil 484 detenidos; 622 procesados, de los cuales 584 con sentencias y 27 personas de entre 16 y 18 años han recibido alguna sanción, desde cinco años de trabajo correccional 19 años de cárcel y sólo uno fue absuelto.
El 21 de marzo de 2022, un grupo de intelectuales cubanos publicó en la revista electrónica La Joven Cuba un “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”, en el que entre otros puntos señalaron que las penas ya dictadas entonces por el 11J son desproporcionadas y “escarnios públicos contra toda la sociedad cubana” y que las manifestaciones fueron, “como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba”.
En su blog La Cosa, el historiador y jurista Julio César Guanche examinó el concepto de “sedición”, su empleo en la historia cubana y su uso en los procesos contra los manifestantes. Concluye que “caracterizar el 11J sólo como intento de 'golpe blando' cierra toda legitimidad a la expresión de conflictos. Las múltiples operaciones estadunidenses sobre esos hechos, que califican en rigor de guerra híbrida, no privan a esas protestas de su núcleo popular con demandas de calidad de vida, libertad, y justicia”.
El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas examinó el tercer informe periódico de Cuba el 21 y 29 de abril de 2022. En sus “Observaciones finales”, del 9 de mayo de 2022, expresó preocupación por “presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos” el 11J y enlistó modalidades de esos abusos.
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También mostró preocupación por “juicios sumarios sin garantías del debido proceso” y “lamenta la insuficiente información” de parte del gobierno cubano sobre la investigación de los atropellos denunciados. El Comité “toma nota” del rechazo del gobierno cubano a esos alegatos, pero lo instó a investigarlos, sancionar a los responsables y asegurar una reparación integral para las víctimas, así como establecer protocolos para las fuerzas del orden durante protestas sociales, “conforme a las normas internacionales de protección de los derechos humanos”.
La American University de Washington publicó un amplio dossier llamado “El camino por delante: Cuba después de las protestas del 11 de Julio”, integrado por un simposio virtual en el que 16 autores respondieron a la cuestión de cómo interpretar los hechos de aquel domingo.
Coordinado por los investigadores estadunidenses William LeoGrande y Philip Brenner y el canadiense John M. Kirk, el expediente también incluye 18 textos adicionales tomados de diversas fuentes y un catálogo de otros documentos, informes o análisis sobre el tema.
Los coordinadores concluyen que “el gobierno cubano tiene enfrente a una población cansada del sacrificio, cansada de promesas de reformas que se materializan demasiado lentamente, si acaso, y cansada de un liderazgo que habla más que escucha. Si hay una lección del 11J es que la gente quiere ser escuchada y quiere que su gobierno le responda”.
