Miguel Ángel Beltrán, el académico colombiano detenido 17 horas con su familia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre jueves y viernes pasados, considera que su caso, más que un asunto personal, es una persecución impulsada incluso fuera de sus fronteras por el gobierno de Colombia “contra todo aquel que ejerce ese derecho legítimo a la oposición, a pensar diferente y criticar”.
La detención se produjo a pesar de que en 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el Instituto Nacional de Migración (INM) violó derechos de Beltrán al negarle la oportunidad de asilo y expulsarlo de México una década antes, lo que le costó al agraviado terminar en prisión en su país.
Beltrán, su esposa y sus dos hijos menores de edad, llegaron cerca de las nueve de la noche del 7 julio en el vuelo de Aeroméxico desde Bogotá, con propósitos de turismo. Su relato muestra que su detención estaba prevista: sin ver el pasaporte, el agente migratorio le habló por su nombre y le informó que había una “alerta migratoria” contra él.
Miguel Ángel Beltrán. Foto tomada de la cuenta de Twitter @sinfronteras_1
Le dijeron que serían expulsados a Colombia. Miguel Ángel reclamó una llamada telefónica, que sólo le concedieron hacia la medianoche. Habló con la organización Sin Fronteras, que obtuvo una suspensión provisional para que la familia entrara al país, lo que pudo hacer cerca de las dos de la tarde del viernes 8.
Durante la detención la familia pasó por “condiciones críticas”, dice Beltrán. En una sala estrecha en la que estuvieron su esposa y sus hijos había mas de 55 personas, incluso 11 niños. En otro lugar, en el que estuvo Miguel Ángel, había colchonetas en las que habían pasado varios días decenas de latinoamericanos. En ninguno de los dos sitios de reclusión había la mínima seguridad sanitaria.
Beltrán concluye que la cancillería colombiana gestionó la deportación ante las autoridades mexicanas. Políticos colombianos de izquierda también han sufrido trabas para entrar a México, incluso después de los acuerdos de paz, recuerda Beltrán. Advierte que es un tipo de reacción del gobierno de Colombia frente a la insurgencia civil que, entre otros hechos, desembocó en el paro de este año y sus secuelas. “Se ha logrado configurar un movimiento que resiste y está dando la pelea”.
Al final el mensaje “es para todo el movimiento social de Colombia, que guarde silencio, que no se involucre, que se mantenga al margen”, señala Beltrán.
La vida del investigador cambió el 22 de mayo de 2009. Cinco meses antes había llegado a cursar un posdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, donde trabajaba.
Aquél día Beltrán fue convocado al INM con el pretexto de regularizar su situación en el país. En las oficinas centrales le dieron a firmar un documento con datos equivocados, lo que él hizo notar. Pero el funcionario que lo atendió le dijo que era mero trámite, sin importancia.
Confiado, el profesor colombiano firmó. De inmediato una mujer le dijo que desde ese momento estaba ilegal. Lo que siguió fue una pesadilla: sujetado por la fuerza, esposado, encapuchado y conducido fuera de las oficinas, sin posibilidad de pedir auxilio, llegó al aeropuerto y fue subido a un avión. A las cinco horas estaba en Bogotá. Lo recibió un operativo militar y los medios. Gracias a un pacto entre los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, Colombia llevó a prisión a quien llamaba el “terrorista internacional más peligroso”, apodado “Jaime Cienfuegos”.
Video tomado de la cuenta de Sin Fronteras en YouTube
En Colombia cumplió dos años de cárcel bajo el cargo de rebelión. En 2011 un juzgado penal lo absolvió y lo puso en libertad, pero una apelación lo devolvió a prisión. En una última instancia, la Corte Suprema lo absolvió de nuevo. Expulsado de la Universidad, también obtuvo su reinstalación años después.
En los alegatos las autoridades exhibían como pruebas fotos, documentos y textos originales de Beltrán relacionados con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ha sido parte de sus temas de investigación.
Sin Fronteras litigó en México el caso y en 2017 la SCJN confirmó una sentencia del 18o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, según la cual el INM actuó en forma irregular al negarle a Beltrán su derecho a solicitar asilo, recibir asistencia legal y haberlo expulsado de México en 2009.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario