El acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es único en su tipo.
Acuerdos similares para El Salvador (1992) o Irlanda (1998) o las elecciones de 1994 y la posterior promulgacion de una nueva Constitución en Sudáfrica, lograron cesar los respectivos conflictos armados y reformar aspectos sustanciales de los regímenes políticos, de conformidad para las partes.
Pero el acuerdo colombiano se distingue por ser un nuevo modelo de justicia transicional.
Las partes lograron una virtual reforma del Estado, al crear una jurisdicción especial para juzgar los crímenes o violaciones graves cometidos durante la guerra.
El paquete de consignaciones, confesiones, juicios y sentencias, así como el resarcimiento de las víctimas y las garantías de no repetición, es materia de esa jurisdicción especial, no de la legislación y del sistema judicial ordinarios.
Es la respuesta realmente posible al dilema de un acuerdo modelo: paz, justicia, perdón y reconciliación.
No es casual que esta sea la parte más polémica del acuerdo y bandera de agitación de los partidarios del “No” en el referendo del 2 de octubre, que habrá de validar el pacto.
Delegados del gobierno y de las FARC al concluir la negociación en La Habana, el pasado 24 de agosto. Foto cuenta de Twitter @ComisionadoPaz
Para unos, sin ser perfecta, es la mejor negociación posible. Para otros es una garantía de impunidad. El vaso medio lleno o medio vacío.
Pero el esquema supera a lo conocido hasta ahora, impone a las partes la obligación de reconocer sus atropellos, abre la puerta a la reconciliación y establece un programa integral de protección a las víctimas.
Parte sustancial del proceso es el reconocimiento de los excesos y la petición de perdón.
El acuerdo es un logro estratégico de los firmantes. Santos puede abrir el paso a una nueva era en un país pacificado, al que así se le presenta un vasto horizonte económico.
Las FARC dejan las armas con un plan de reforma en las manos y una vía de inserción social y política para sus efectivos y sus bases de apoyo. Ambos se proponen barrer al narcotráfico de la escena colombiana.
Si bien persiste el alzamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), su futuro se ve subordinado al nuevo capítulo nacional.
Terminan seis décadas de violencia y se acaba una larga experiencia guerrillera en América Latina.
