Colombia: trazos de recta final

Aún se discute el destino de las armas que dejarán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero ya está pactado que la guerrilla no las entregue directamente a los cuerpos militares, reveló este fin de semana el jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle.

Una entrega directa de las armas “no ocurrirá”, dijo De la Calle durante una rueda de prensa virtual el viernes pasado.

Las armas saldrán de las manos de la guerrilla y pueden ir a contenedores o inutilizarse, especuló el ex vicepresidente colombiano.

Su declaración muestra una de las decisiones implícitas en el inminente acuerdo de paz: no habrá un acto de rendición, ese en el cual la fuerza derrotada forma filas y entrega sus armas a los vencedores. 

Es decir que “no ocurrirá” el hecho más emblemático del fin de una guerra, en una muestra de que en este conflicto las partes han convenido que no haya vencedores ni vencidos.

Tampoco están definidas aún, dijo De la Calle, las zonas de concentración donde irán los efectivos de las FARC una vez que se declare el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo.

Los principales negociadores, Humberto de la Calle, del gobierno e Iván Márquez, de las FARC, en conferencia de prensa el pasado martes 20 de enero. Foto Ap

                                       

Precisó que “no hay que confundir” esas zonas de reunión guerrillera con los sitios de observación en los que estará dislocada la misión de verificación de las Naciones Unidas, un grupo de observación no armado que deberán integrar países latinoamericanos.

La misión internacional, que aún no está integrada, es la garantía de la observancia del acuerdo final, explicó De la Calle y recordó que Uruguay es el país que más experiencia tiene en la región para una tarea similar, seguido de Chile y Argentina.

Al acumular conjeturas sobre los trazos que está teniendo la recta final de las negociaciones, el enviado del presidente Juan Manual Santos refrendó la expectativa general: no hay marcha atrás en el proceso de paz.

“Es como subirse en la escalera eléctrica: el que se sube ya no se pude bajar”, dijo De la Calle. “Tiene que tirarse por la barandilla”.

Por eso insistió en que la fecha límite tiene que ser el 23 de marzo, a pesar de que las FARC rechazan atar todo a un plazo fatal. 

Contra la corrupción en Honduras

El gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron formar una misión del organismo regional para combatir la corrupción y la impunidad en ese país.

Lo más notable del plan es que es el segundo país centroamericano que acude a la asistencia internacional para enfrentar la corrupción en su propia administración pública.

El caso anterior tuvo un resultado espectacular: las conclusiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes ahora están presos y procesados, bajo cargos por un caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.

En El Salvador y Panamá los ex presidentes Francisco Flores y Ricardo Martinelli, respectivamente, están bajo acciones de la justicia local.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) tiene financiamiento internacional para un presupuesto de 32 millones de dólares, un mandato de cuatro años y es la primera de su tipo que establece la OEA para investigar a un Estado miembro. La CICIG fue auspiciada por las Naciones Unidas.

La MACCIH estará integrada por investigadores, jueces y fiscales hondureños y extranjeros.

La protesta popular contra la corrupción en Honduras ha ganado peso en los últimos meses, con el impulso de sucesivas denuncias sobre un posible fraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que es el caso más notorio.

Sin embargo, los expedientes alcanzan también a otras entidades públicas, los servicios asistenciales para maestros y empleados públicos, los ministerios de Salud y Agricultura, la empresa de telecomunicaciones y decenas más.

La Misión de la OEA empezará a trabajar en febrero para investigar 158 casos.

Aunque primero manifestó escepticismo sobre la Misión, el movimiento Oposición Indignada otorgó el beneficio de la duda a ese mecanismo y subrayó que, sin duda, el primer punto debe ser el del IHSS.

Una posición parecida manifestó el ex presidente Manuel Zelaya.

En los últimos meses circuló entre los opositores la idea de que una misión semejante debería tener, como la de Guatemala, un respaldo internacional, más amplio que el de la OEA. Sin embargo, concuerdan en que la MACCIH es, por ahora, un buen principio.

Venezuela: cambio de escenario

Dos hechos resaltan de la jornada del viernes pasado en Venezuela: la difusión de datos económicos oficiales después de un año de apagón estadístico y la realización sin contratiempos del informe anual del presidente con su réplica parlamentaria.

El Banco Central reportó, con cierre al tercer trimestre, una inflación anualizada de 141.5 por ciento, una caída del producto de -7.1 por ciento y un déficit en la cuenta corriente de 5 mil 050 millones de dólares.

La decisión de reconocer esa y otras partes de la realidad económica mostró que citar los hechos no es un acto de “guerra”, como sugería el discurso oficial en los últimos meses.

En la ceremonia de Memoria y Cuenta, como se llama al informe de gestión del Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro acudió a una Asamblea Nacional dominada por sus adversarios, que lo escucharon.

El líder del congreso, Henry Ramos Allup, replicó y expuso la visión y la agenda opositoras. 

Ambos lados repitieron sus tesis: la “guerra económica” contra el “fracaso del modelo”. Discreparon hasta por el retrato de Bolívar.

Hubo gritos e interrupciones, pero mayoría y minoría se quedaron en sus asientos y todo se transmitió por la cadena nacional de radio y televisión.

Maduro movió ficha al proponer una Comisión de Justicia, Verdad y Paz sobre los hechos de violencia de 2014, en una contrapropuesta a la amnistía para los opositores presos que reclama la actual mayoría parlamentaria.

La iniciativa no satisface el reclamo, pero es más que la anterior posición oficial, cerrada por completo a tocar el punto.

La difusión de las cifras oficiales era indispensable para el decreto de emergencia económica que expidió Maduro.

El decreto no tiene medidas precisas, sino atribuciones de excepción para el presidente. Falta todavía que pase por la Asamblea, cuya mayoría opositora tendrá que optar entre darle plenos poderes a Maduro, negárselos o, como sugirió Ramos Allup, discutir el proyecto punto por punto.

El conflicto entre las dos grandes fuerzas cambia de escenario, pero con todo y la insólita contienda parlamentaria, el país no se derrumbó.

¿Y la DEA?

Al anunciar la captura de El Chapo Guzmán, las autoridades mexicanas dijeron que fue un logro de instituciones y operativos locales.

El presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y la procuradora general, Arely Gómez, repitieron esa idea en sus declaraciones del pasado viernes 8.

Foto Alfredo Domínguez

La insistencia de ese aspecto de la investigación remite a un asunto que a menudo se vuelve polémico: hasta dónde actúa Estados Unidos fuera de su territorio en materia antinarcóticos.

En julio del año pasado, tras la fuga de El Chapo del penal de Almoloya, la DEA ventiló públicamente su participación en la búsqueda.

El jefe de operaciones de la agencia antinarcóticos estadunidense, Jack Raley, dijo a periodistas en Washington que estaba en contacto con sus homólogos mexicanos y ayudando a coordinar esfuerzos para capturar, por tercera vez en 15 años, al capo del narcotráfico.

“Estamos haciendo todo lo posible para localizarlo, como hicimos hace un año o así cuando lo cazamos”, aseguró.

“Estamos trabajando con ellos sin parar en ambos lados de la frontera, 24 horas, siete días a la semana. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para ayudarlos, como lo hicimos cuando lo rastreamos la primera vez, lo vamos a hacer otra vez”, precisó Raley

en la CNN.

No es un secreto, sino un hecho ampliamente reconocido, que la operación de la DEA fuera de Estados Unidos incluye investigaciones asociadas con los países huéspedes, a los que ofrece entrenamiento, equipo e información de inteligencia.

Otra parte del asunto son las versiones que ubican esa actuación en el corazón mismo de las operaciones, mucho más allá de la simple asesoría.

El consenso internacional es que el enfrentamiento al narcotráfico requiere una amplia cooperación entre gobiernos. No hay debate en los organismos multilaterales que se salga de ese enfoque.

En la anterior recaptura de Guzmán, el 22 de febrero de 2014, los primeros reportes surgieron en Estados Unidos y funcionarios de ese país, hablando en el anonimato, filtraron detalles a la prensa en Washington, antes de que México ofreciera una versión oficial.

Es comprensible ahora el cambio en el esquema de difusión, pero en la segunda recaptura de El Chapo aún queda abierta la pregunta de cuál fue la actuación de la DEA