La expansión de la delincuencia organizada en Chiapas y su secuela de violencia en la frontera sur de México empujó al gobierno del presidente Bernardo Arévalo a desplegar una amplia movilización militar del lado guatemalteco, de acuerdo con reportes convergentes.
Un reciente informe de organizaciones sociales expuso el estado de “conflicto armado no reconocido” en Chiapas desde 2021, producto de una disputa entre el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos armados por el control de territorio, productos, servicios y población.
El saldo, dice la investigación, es de “graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional”, con más de 10 mil personas desplazadas.
El informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” fue elaborado por el Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Red TDT.
Describe el clima de violencia en la franja fronteriza chiapaneca y un sector de la sierra, la forma de operar de los grupos delictivos, el impacto en la vida cotidiana, la inyección de terror en la sociedad, las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano.
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Infografía tomada del informe "Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”
Señala cómo circula por la red de carreteras toda clase de mercancía ilegal, drogas, armas, contrabando de ganado y tráfico de personas, en una entidad de predominio rural e indígena, con amplias zonas incomunicadas.
Recuerda que la historia reciente de Chiapas está marcada por el alzamiento zapatista, los grupos paramilitares que surgieron con la campaña contrainsurgente y la “guerra” antinarco en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
En el nuevo escalón de violencia, agrega la investigación, los grupos delictivos emplean explosivos y drones artillados, mantienen enfrentamientos constantes e inducen a la población a tomar partido, en una espiral que termina por borrar cualquier eventual terreno de neutralidad.
La sociedad queda a merced de la delincuencia, en medio de extorsiones, ejecuciones, masacres, desplazamientos forzados y una persistente ola de rumores y tensión. Los criminales llegan a controlar organizaciones sociales y gremiales y servicios públicos como los de salud, educación, recolección de basura y trámites oficiales.
La prensa y las organizaciones de derechos humanos resultan anuladas bajo la amenaza o la acción directa de las bandas armadas. “La zona afectada por el conflicto se ha convertido en una zona silenciada en la que no se puede hablar y de la que tampoco se habla”.
La presencia militar en la zona no ha logrado hasta ahora aminorar el clima de violencia y el dominio de los grupos delictivos, que en ocasiones interactúan en connivencia con funcionarios locales, dice el informe.
Relata que en el municipio de Chicomuselo está el mayor cuartel del Ejército en la zona y que en uno de los picos de violencia, en mayo de 2023, por ahí pasaron caravanas con hombres fuertemente armados, sin que nada ocurriera. En los estallidos “se ha reportado que las intervenciones militares resultaron tardías y negligentes, cuando no inexistentes”, dice el informe.
Concluye con recomendaciones para el gobierno, como reconocer el conflicto en público, garantizar la protección a la población civil y la creación de una comisión de la verdad. Propone también una misión verificadora internacional que certifique la existencia de un conflicto armado.
Sedena: todos los delitos “a la baja”
El más reciente informe conocido de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la seguridad en Chiapas fue en la conferencia presidencial del 23 de junio de 2023.
El secretario Luis Cresencio Sandoval reportó entonces que “todos los delitos, que se miden dentro del Secretariado Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos están a la baja”.
El contraste en las conclusiones entre la Sedena y las organizaciones sociales puede hallarse en el método. El informe “Asedio a la vida cotidiana…” se basa en testimonios en el terreno, investigaciones independientes y fuentes abiertas. El reporte militar es una reseña estadística a partir de registros oficiales.
Sandoval informó en esa ocasión que los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea en el estado eran 8 mil 283; de la Secretaría de Marina, mil 823; de la Guardia Nacional (GN), 4 mil 932.
El total de elementos federales era de 15 mil 038, equivalente al 5.8 por ciento de la fuerza disponible en el país hasta entonces. Sumados a las policías estatales y municipales hacían un conjunto de 23 mil 821 efectivos operativos.
En el momento del informe había una coordinación estatal de la GN y once regionales, de las cuales una en la franja fronteriza, en Tapachula.
También había 10 sedes de compañías de la GN, entre ellas cuatro en la línea de frontera: Tapachula, Huehuetán, Frontera Comalapa y Las Margaritas.
Compañías de la Guardia Nacional en Chiapas. Imagen tomada de la transmisión de la conferencia presidencial del 23 de junio de 2023
Arévalo: Cinturón de fuego
A principios de febrero, con sólo semanas en el mando, Arévalo identificó la situación de Chiapas como una amenaza a la seguridad y la gobernabilidad de Guatemala.
Dispuso el despliegue de una muralla militar a lo largo de 388 kilómetros de frontera, desde el noroeste de su país hasta la costa del Pacífico y patrullaje naval en 200 millas.
La operación tiene un plazo indefinido y se llama Cinturón de fuego. Su meta es impedir el contagio de la violencia de Chiapas a territorio guatemalteco, evitar el trasiego delictivo en la franja fronteriza y atajar posibles incursiones.
Tomado del canal de Youtube de TN23 Guatemala
En esta campaña participan cuerpos de élite del Ejército de Guatemala, como las brigadas de Fuerzas Especiales (kaibiles), de Operaciones de Selva y de Operaciones para Montaña, además de unidades regulares de infantería, comandos aéreo y naval, la Policía Nacional Civil y la administración fiscal. Son más de 5 mil militares y más de 500 policías.
Desde el año pasado los ejércitos de los dos países realizan reuniones conjuntas de sus comandantes fronterizos, con el objetivo de garantizar la estabilidad del área limítrofe y compartir inteligencia.
Son demasiados ingredientes en una mezcla potencialmente explosiva.
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