México: abrazos y también balazos

 

  2024 empezó en México con estallidos de violencia en puntos tan sensibles como la frontera con Guatemala o la región donde desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en 2014. En esos sitios, ciudadanos y autoridades locales reclaman que entren en acción las fuerzas federales para garantizar la paz.

  El presidente Andrés Manuel López Obrador sintetiza en la frase “abrazos, no balazos” su idea de seguridad pública. La explica como una política social que quite base al crimen organizado, combinada con una baja exposición de policías y militares al choque directo con la delincuencia.

  A menudo el gobierno informa de programas de apoyo a población desfavorecida, así como de construcción de cuarteles, movilización de tropas y planes de seguridad a cargo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (GN).

  Pero testimonios de quienes están en el terreno muestran que, además de los abrazos de los programas sociales, hay balazos de una sola parte: el crimen organizado. ¿Qué órdenes tienen los casi 180 mil efectivos de Ejército, Marina y GN destinados a tareas de seguridad pública? ¿Cuál es su actividad cotidiana? ¿Para qué sirve la información que recaban sus órganos de inteligencia?

Frontera con Guatemala

  Habitantes del ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, a unos 25 kilómetros de Guatemala, informaron que el jueves 4 de enero los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa libraron ahí un combate de horas, que dejó más de 20 muertos, incluso dos habitantes del lugar sin relación con los criminales.

  

Pobladores de Chicomuselo, Chiapas, a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala, piden intervención del Estado mexicano para frenar la violencia en la zona, el 13 de octubre de 2023. Fotograma de un video de autor anónimo

 Es una zona de reciente auge del tráfico de personas, de droga y de minerales, de reclutamiento forzado y desapariciones. En el informe, reportado primero por la revista digital 

ChiapasParalelo, los pobladores aseguran que el CJNG “mantiene secuestrada” la cabecera municipal y se preguntan por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no actúan: “Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y, a otros, a ser parte de ellos”.

  Sobre la misma zona, un transportista anónimo dijo a La Jornada que no hay seguridad en las carreteras, por los asaltos y las extorsiones y que en los últimos dos años fueron asesinados o desaparecieron una treintena de choferes, sin que interveniera la fuerza pública.

Terror en Guerrero

  El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expuso en el diario El Sur de Guerrero el extendido clima de violencia en el estado y el río imparable de desplazados por el terror. Sin seguridad ni trabajo, hay comunidades ya despobladas por completo, señaló.

  Dijo la organización que, por informes de pobladores, las autoridades saben de la operación de drones por parte de la delincuencia, dónde se ubican los grupos criminales, qué zonas están en disputa y qué comunidades corren riesgos, pero no hay reacción oficial.

  Tlachinollan recordó varias matanzas ocurridas en la franja norte del estado. En el palacio municipal de Teloloapan fueron asesinados el alcalde y otras 17 personas, el 5 de octubre de 2022. El lugar está a unos 63 kilómetros de Iguala, donde desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en 2014. 

  En El Durazno, Coyuca de Catalán, hubo 7 muertos, incluso un menor de 11 años (diciembre de 2022). La más reciente, 4 de enero de 2024, fue un ataque combinado de drones y un comando en tierra, en una loma de Tlacotepec. Según el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, hubo al menos nueve muertos, seis heridos y 15 desaparecidos. Hubo, además, testimonios de decapitaciones.

Autoridades observan un vehículo calcinado tras el ataque con drones en la sierra de Tlacotepec, Guerrero, el 4 de enero de 2024. Foto El Sur

  El Ejército vigilaba la zona y habían cesado los ataques con drones, que la delincuencia utiliza para imponer extorsiones, dijo Tlachinollan. Pero los militares se retiraron en diciembre. “Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran escuchado a la gente de la región”. 

  El 8 de enero la encargada de despacho del ayuntamiento de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, Bertha Díaz Garzón, pidió a “autoridades federales y estatales su intervención urgente e inmediata para garantizar la seguridad física de la población y la prevalencia en nuestro municipio de condiciones de paz y del Estado de derecho”.

  Díaz informó que un grupo armado atacó al público de un palenque del municipio, el sábado anterior y que hubo 13 muertos y 21 heridos, entre hombres, mujeres y menores.