Paz a la vista en Colombia

   El acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) resuelve los puntos más sensibles que estaban pendientes en el proceso de paz: cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de armas, garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo.

   Llega a su momento más importante una negociación que consumió casi seis años, si se toman como inicio los contactos secretos que arrancaron en agosto de 2010. 

   En este lapso Santos rompió con su ex aliado, el ex presidente Alvaro Uribe, ahora cabeza visible del movimiento contra el proceso de paz; el actual mandatario se reeligió y pudo construir una masa crítica social, política y empresarial en favor de la conciliación.

   Poco antes de los contactos y aún en sus inicios, la guerrilla perdió a cinco de sus líderes de primera fila. Murieron en acción Jorge Briceño o Mono Jojoy, Alfonso Cano, Raúl Reyes e Iván Ríos (los nombres de guerra), todos miembros del Secretariado, la cúpula dirigente. 

   En marzo de 2008 murió de un infarto el fundador y comandante máximo de las FARC, Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo). 

   Las FARC se fundaron en 1964, pero su núcleo estaba alzado desde finales de los años cuarenta. Como se le mire, es la guerrilla más antigua del mundo.

   En décadas de guerra hizo varios intentos para negociar la paz, aunque los más importantes fueron el de 1984 con el presidente Belisario Betancur y tres años de discusiones infructuosas (1999-2002) con el gobierno de Andrés Pastrana.

Los portavoces del gobierno, Marcela Durán y de las FARC, Marco León Calarcá, anuncian el miércoles 22 de junio el acuerdo del cese del fuego.

   Tras la negociación de los ochenta surgió la Unión Patriótica (UP), el partido que acogió a los efectivos desmovilizados de las FARC.

   Los paramilitares emprendieron entonces una cacería de ex guerrilleros desarmados y convirtieron la supuesta paz en una matanza.

   Así murieron miles de activistas, decenas de concejales, alcaldes y congresistas y los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. La UP desapareció, los ex guerrilleros volvieron a las montañas y la paz se frustró.

   Esta parte de la historia es el relevante telón de fondo del punto sobre garantías de seguridad y paramilitarismo.

   Ahora hay un paquete de acuerdos sobre el campo, el narcotráfico, la inserción política de la guerrilla y la reparación a las víctimas. Hay un marco jurídico especial de justicia transicional y por fin se firma el cese del fuego.

   Una nueva generación de dirigentes guerrilleros pudo culminar la negociación con un gobierno que trazó un proyecto realista.

   En este tramo fueron protagonistas diplomáticos los países garantes, Cuba y Noruega y los acompañantes, Chile y Venezuela. De más está decirlo: México está fuera del potaje.

   Con la relevancia que tiene el pacto militar, aún falta procesarlo y resolver el diferendo sobre la ratificación del conjunto de acuerdos. El gobierno va por el camino de un plebiscito, mientras la guerrilla reclama una nueva constituyente.

   Como sea, este es el punto más alto al que haya llegado Colombia en su esfuerzo por la paz, tras décadas de conflicto armado.  

   Pronto terminarán las pláticas en La Habana y el foco de atención pasará al propio territorio colombiano. Un vuelco jubiloso en el país y un cambio sustancial e histórico en el panorama regional.

Un mexicano en Nicaragua

La detención y posible procesamiento en Nicaragua del estudiante mexicano Jobany Torres Becerra es un caso que sorprende, porque en unos días escaló de un incidente personal a un grave e inexplicable conflicto diplomático.

Hasta el domingo 12 de junio, el consulado mexicano en Managua no había tenido el debido acceso a Torres, en violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Pero el mismo domingo el caso dio un giro, con el anuncio de la fiscal auxiliar de Managua, Guisell Borges, de que el joven mexicano será acusado de “simulación de delito”.

Según la autoridad, Torres “aparentó su desaparición” a fin de “desprestigiar la labor que realiza el gobierno de Nicaragua de mantener la seguridad nacional”.

Se sabe que Torres, zacatecano de 23 años, estudiante de metalurgia, llegó a Nicaragua el 10 de marzo de 2016, para cumplir una pasantía en el norte del país en la empresa colombiana Hemco.

A disgusto en su trabajo, deprimido por la pérdida de un hijo, decidió regresar a México sin avisar a la empresa. La compañía lo dio por desaparecido el 31 de mayo y lo comunicó a la embajada mexicana, que a su vez lo reportó a la policía.

Pero Torres apareció al día siguiente en el aeropuerto de Managua, con intención de volver a México. Hasta ahí el episodio personal, que parecía haber concluido.

Sin embargo, el 2 de junio, compañeros suyos que lo vieron en el aeropuerto y más tarde en prisión, relataron que Torres fue arrestado en el aeropuerto y seguía preso, triste pero en buen estado.

Los días siguieron sin cambio en la situación: Torres detenido, sin acusación formal; silencio del gobierno nicaragüense y nulo acceso consular mexicano.

            Yosbani Torres, en imagen reproducida por @confidencial_ni

Ya a nivel de cancillerías, México logró el compromiso de que Torres fuera repatriado el sábado 11, lo que no ocurrió. La embajada interpuso un recurso de hábeas corpus, para lograr la rápida presentación del mexicano. Luego vino la declaración de la fiscal.

Cuesta trabajo adivinar por qué un estudiante mexicano, empleado temporalmente en una mina nicaragüense, iba a maquinar su propia desaparición para “desprestigiar” al gobierno de Daniel Ortega. Y por qué esa “desaparición” sólo duró las horas que invirtió Becerra para desertar de su trabajo e irse al aeropuerto de Managua para regresar a México.

Más trabajo cuesta explicar por qué el caso escaló hasta la tensión entre los dos gobiernos. Nicaragua suele burlarse de la Convención de Viena, al ocultar información y negar acceso consular a detenidos acusados de narcotráfico. Pero no hay acusaciones de ese tipo contra Torres.

Es posible que el asunto se haya ido de las manos en los controles policiales y ahora se trata de poner una tapadera jurídica. Pero esto no explica la ruptura del compromiso de repatriarlo, que Managua incumplió el sábado pasado, y menos aún la falta de contacto consular.

Puede que Torres ya no esté en las mismas condiciones en que lo vieron sus compañeros a principios de mes.

Por ahora todo queda en una conjetura, a ver con qué sorpresas sigue la semana.