En el momento en el que una reforma sacude al Poder Judicial en México, expertos de las Naciones Unidas mueven los reflectores hacia otra cara del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador: la prisión preventiva oficiosa.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presenta al actual 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) el informe final de su visita a México (18-29 de septiembre de 2023).
La detención arbitraria, dice el informe, es aún una “práctica generalizada” en México, que se une a otros defectos del sistema, como “el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, -que violan el derecho a la libertad-, la militarización de la seguridad pública -que ha conllevado al incremento de las violaciones a los derechos humanos-, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.
Esta fue la segunda visita del mecanismo en 22 años, tras la primera de 2001. Muestra la apertura del gobierno mexicano a la cooperación internacional en derechos humanos, paradójicamente contraria a la retórica de López Obrador, que rechaza la observación externa, incluso en casos graves, como el de Venezuela.
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Ganna Yudkivska, Matthew Gillet y Miriam Estrada Castillo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, halban a la prensa en la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo
La misión estuvo integrada por Matthew Gillett (Nueva Zelandia), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (Ecuador), más personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según su reporte, hablaron con los tres poderes federales, autoridades estatales y órganos operativos. Visitaron prisiones, estaciones de policía y centros de detención de migrantes. Entrevistaron a más de 170 personas en prisión, con “acceso pleno y sin obstáculos a todos los lugares” que pretendieron.
El informe revisa la detención arbitraria en forma panorámica, pero su enfoque de la prisión preventiva oficiosa es una alerta sobre un caso que pronto puede cambiar en México.
El artículo 19 constitucional prevé la prisión preventiva oficiosa para varios delitos. En 2022, de las cerca de 90 mil personas procesadas, es decir, sin sentencia, cerca de la mitad cumplían prisión preventiva oficiosa, señala el reporte.
El asunto ya estaba bajo observación internacional. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sancionó al Estado mexicano y le ordenó suprimir esa figura de la Constitución, para alinearse con la legislación internacional.
México está sometido por decisión propia a la competencia de la CoIDH y, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a adecuar su legislación interna a los tratados internacionales.
La resolución de la CoIDH surgió con la orden de liberar a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron presos sin fundamento durante 17 años y medio, sujetos, sucesivamente, al arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en imagen de enero de 2020. Foto Alfredo Domínguez/ La Jornada
Pero, en sentido contrario al fallo de la Corte, López Obrador propuso a principios de este año ampliar los casos de prisión preventiva oficiosa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura, aprobó en agosto el dictamen correspondiente, que puede pasar ahora a las nuevas cámaras, constituidas este mes.
La detención preventiva oficiosa “ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano”, subraya el informe.
Si la iniciativa de López Obrador culmina en una reforma constitucional, “contravendría las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de derechos humanos, incluidos múltiples tratados de los que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que (…) sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”, concluye el informe.
El Grupo de Trabajo también hizo recomendaciones, entre otras, sobre el Registro Nacional de Detenciones (que consigne todas las detenciones, como las de migrantes y personas con discapacidad psicosocial); arraigo (prisión preventiva sin acusación penal); detenciones arbitrarias por personal militar (60 de las 240 denuncias entre 2018 y 2023 estaban sin resolverse al momento de la visita); desmilitarizar la seguridad pública (que las fuerzas armadas actúen sólo por excepción y subordinadas a la autoridad civil) y revisar la ley migratoria (para que defina claramente el límite de tiempo de detención de un extranjero indocumentado).
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