Un sector de la izquierda en América Latina ha expresado en distintos tonos, pero con claridad, su interés en que las elecciones en Venezuela sean transparentes y que el gobierno de Nicolás Maduro respete el resultado.
No será lo mismo el deseo que la realidad, pero sólo poner la mirada en las reglas básicas del juego democrático refleja la distancia que ha tomado esa franja política del curso que lleva el país sudamericano.
Maduro disparó las alarmas cuando dijo que un triunfo electoral de la oposición iba a desembocar en un “baño de sangre”.
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El presidente brasileño Luiz Inacio Lula dijo que se asustó con esa declaración. “Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre", afirmó.
"Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", agregó alguien que ha pasado por toda la escala de opciones en la lucha por el poder
El venezolano respondió con una tácita ratificación de sus dichos: "Yo no dije mentiras. Solo hice una reflexión. El que se asustó que se tome una manzanilla. En Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta”.
Días después, el presidente chileno Gabriel Boric rechazó también la amenaza del “baño de sangre” y reclamó elecciones "transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional”, con una "garantía especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados”.
Lula había mantenido una buena relación y diálogo fluido con Maduro. Pese a la tirantez del intercambio verbal, el mandatario brasileño envió a Caracas a su asesor, el veterano ex canciller Celso Amorim, como observador de los comicios.
Boric ha sido abiertamente crítico de las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones a la libertad de prensa en Venezuela.
Las relaciones entre Santiago y Caracas se enfriaron a raíz del asesinato de un exiliado venezolano en territorio chileno y una polémica sobre los alcances del Tren de Aragua, la banda delictiva originaria de Venezuela que se ha extendido en buena parte de Sudamérica.
Pero más conflictiva resultó la situación del ex presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023). Invitado a los comicios como observador por el Consejo Nacional Electoral, tuvo que cancelar su viaje tras un pedido de Maduro, por declaraciones del peronista que “causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”, según explicó.
Fernández había dicho días antes en una entrevista que quien fuera el derrotado en las elecciones “lo que tiene que hacer es aceptarlo”. Maduro entendió que la convergencia de opiniones con Lula “generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, el que gana, gana y el que pierde, pierde”.
Estos diferendos prolongan los que sostuvo Maduro con Lula, Boric y el colombiano Gustavo Petro en marzo pasado, a raíz de la inhabilitación que impuso el gobierno a la candidata opositora María Corina Machado, para impedirle aparecer en la boleta y luego para que se registrara su sucesora, Corina Yoris. El venezolano respondió a sus críticos con el calificativo de "izquierda cobarde".
Lula y Petro insistieron en abrir un espacio de diálogo con Maduro y en presionarlo para que se acercara lo más posible a unas elecciones serias. Quizás esa presión tuvo algún peso para permitir que el tercer candidato opositor en fila, Edmundo González, finalmente pudiera competir legalmente. El brasileño advirtió que "la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo".
Venezuela llega a estas elecciones tras años de crisis politica, hundimiento económico, una sangría poblacional por la migración sin precedente y los mayores escándalos de corrupción en décadas. Cualquiera que sea el desenlace, la credibilidad de Maduro está bajo cuestionamiento de corrientes y gobiernos que en otro tiempo pudieron ser sus aliados.
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