Celac: ausencias, novedades y tensiones

  Con la asistencia de menos de la mitad de los mandatarios convocados, la VII Cumbre de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en Buenos Aires queda marcada por novedades significativas y un telón de fondo de tensiones.

  Ya no sorprende su ausencia, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeña una vez más una cita multilateral.

  Apenas dos semanas antes, como anfitrión de Joe Biden y Justin Trudeau, López Obrador defendió con énfasis su plan de integración continental para que el impacto del tratado comercial de América del Norte se extienda al resto del hemisferio.

  Ahora deja pasar la oportunidad de hablar de la que parecía una de sus prioridades de política exterior con quienes pudieran ser protagonistas: el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández, el brasileño Luiz Inacio Lula y el colombiano Gustavo Petro, que representan a las mayores economías de la región.

Andrés Manuel López Obrador recibe a Luiz Inacio Lula el 2 de marzo de 2022 en la Ciudad de México. Foto Presidencia de México

  

Alberto Fernández recibe a Gabriel Boric en Buenos Aires, el 4 de abril de 2022. Foto Casa de Gobierno de Argentina

Tampoco estará en la Celac Daniel Ortega. Quizás mejor para él. Evitará enfrentar las impugnaciones al totalitarismo en el que se hunde Nicaragua y su máxima expresión, los centenares de presos políticos, incluyendo ex comandantes sandinistas y ex candidatos presidenciales. 

  La peruana Dina Boluarte no puede plantearse siquiera un viaje corto, con su país literalmente en llamas.

  En su primer gira al exterior desde que asumió la Presidencia el 1 de enero, Lula cumple una visita oficial para estrechar la relación bilateral con Argentina. Reaparece en Buenos Aires como presidente y acentúa el regreso de su país a la Celac, tras dos años de ausencia por decisión de Bolsonaro.

  Hay consenso en la región en respaldar a las instituciones brasileñas contra el ataque golpista del bolsonarismo. Hay diferencias, en cambio, sobre la crisis peruana: desde llamados a Boluarte a la moderación y al cese a la represión hasta la defensa de Pedro Castillo como presidente.

  Vaya o no Guillermo Lasso, en la mesa está su diferendo con Fernández. En la embajada argentina en Quito está asilada María de los Ángeles Duarte, ministra de Obras Públicas con Rafael Correa (2007-2017). Ecuador niega el salvoconducto, con base en una condena de ocho años de prisión por cohecho contra la ex ministra. Duarte niega los cargos y se considera perseguida política.

   A la cumbre asiste Christopher Dodd, asesor especial de Biden para las Américas y el presidente chino Xi Jinping envía un mensaje. En cambio, no está siquiera invitado Luis Almagro, una señal ostensible de su precario respaldo en la Organización de Estados Americanos (OEA).  

  Detrás del telón coexisten conflictos como el que enfrenta a Guatemala y Colombia, que retiraron a sus respectivos embajadores tras una acusación por corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei contra el ministro de Defensa de Petro, Iván Velásquez, quien fue, nada menos, el presidente de la comisión internacional que investigó la corrupción en el país centroamericano. Además, Colombia y Nicaragua mantienen sin cerrar definitivamente un conflicto por límites marinos. En contraste, Colombia y Venezuela se sientan a la mesa con una relación bilateral rehabilitada, con fronteras abiertas.

  Después de años de violento choque con Estados Unidos durante la era Trump y la primera mitad de Biden, Cuba y Venezuela ven señales de limitada distensión y reclaman el cese total de represalias. Washington busca eliminar a toda costa la llegada de indocumentados, entre otros, de esos dos países, a los que, además, les reitera su reclamo de respeto a los derechos humanos.    

Plan Biden: pequeño alivio a migración sin fin

  El Plan Biden para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela parece un pequeño alivio al actual ciclo migratorio en la región, pero aún está lejos de ofrecer una solución de fondo.

  El objetivo principal es eliminar la explosiva concentración de indocumentados en la frontera con México. Su mayor virtud es el giro en el pensamiento oficial estadunidense para reconocer la necesidad de regular la movilidad laboral realmente existente. 

  Abre una vía de acceso legal a la emigración (parole o entrada condicionada) y en consecuencia ayuda a disolver la ruta irregular con todos sus riesgos, la injerencia de la delincuencia organizada y el tráfico de personas.

  Sin embargo, la oferta de cupos legales de admisión, 30 mil mensuales o 360 mil al año para los cuatro países, es muy limitada ante la demanda.

  Según el registro del servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), sólo entre los años fiscales de 2021 y 2022 la entrada combinada de indocumentados de los cuatro países más que se triplicó, al pasar de 189 mil 251 a 635 mil 323. 

  Es decir que el nuevo plan alcanza sólo para la mitad, si es que la demanda se mantiene en su mismo nivel.

  Por países individuales la demanda creció en ese lapso en casi seis veces en el caso de los cubanos (de 39 mil 303 a 224 mil 607); en más de tres veces en los venezolanos (de 50 mil 499 a 189 mil 520) y los nicaragüenses (de 50 mil 722 a 164 mil 600) y tuvo un ligero ascenso en los haitianos (de 48 mil 727 a 56 mil 596).

  Una segunda debilidad del plan es el límite de dos años de estancia en Estados Unidos. Este plazo es mejor que el del Estatus de Protección Temporal (TPS), que Washington otorga a originarios de 12 países hasta por 18 meses renovables.

  Sin embargo, no hay emigrante que quiera instalarse fuera de su país para luego buscar un segundo destino, en particular cuando en Estados Unidos operan los lazos de atracción familiar por generaciones.

  De este límite, al menos hasta ahora, pueden escapar los cubanos. La Ley de Ajuste les permite optar por la residencia permanente después de un año y un día de estancia en Estados Unidos.

  En forma contradictoria, Estados Unidos aún mantiene a su embajada en La Habana sin servicio consular para no inmigrantes, con lo cual presiona innecesariamente la demanda del nuevo parole.

Reapertura de trámites para migrantes en la embajada de Estados Unidos en La Habana, el 4 de enero de 2023. Foto Ap

  Un tercer punto débil del Plan Biden es el destino de los rechazados: quienes crucen la frontera sin documentos terminarán expulsados hacia México.

  Igual que con el plan de Trump “Quédate en México” y con la aplicación intermitente del Título 42, de prevención sanitaria por el covid-19, la masa de rechazados va a terminar en territorio mexicano. ¿Con qué destino? No está claro.

  El anuncio oficial de la Casa Blanca dijo que México aceptará 30 mil rechazados al mes, es decir, la otra mitad de la demanda. 

  Este lunes 9 el canciller Marcelo Ebrard expuso la posición de su gobierno: “¿Los vamos a deportar? Claro que no…” México ofrecerá refugio y trabajo, lo mismo a quienes cruzan los puentes del norte, rechazados por Estados Unidos, que a quienes cruzan el río Suchiate y llegan a Chiapas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

  Es decir que ¿cesan las detenciones en los centros del Instituto Nacional de Migración, los vuelos de repatriación de cubanos y las caravanas de autobuses de regreso a Centroamérica? Veremos.

Migrantes aguardan trámites en Tapachula, Chiapas, en imagen de noviembre de 2022. Foto Afp

  Con todo, el Plan Biden es algo ante una extrema derecha xenófoba y encrespada, que recuperó la Cámara de Representantes y en materia migratoria sólo quiere muros y expulsiones. Después de dos décadas de discusión, la reforma migratoria integral es imposible al menos por los próximos dos años.

  Por el otro lado, la emigración desde Centroamérica y el Caribe es un torrente que tiene su propia fuerza. No es sólo la pobreza la que mueve al éxodo, sino también la violencia, la represión y la falta de horizontes de vida.