Tres gobiernos de aparente afinidad, los de México, Colombia y Chile, mostraron el pasado fin de semana posiciones distintas ante Nicaragua.
Con amplia mayoría, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el 12 de agosto la represión en el país centroamericano, en una muestra de que se ha reforzado el reclamo internacional contra Ortega y Murillo.
La resolución no tiene resultados prácticos, entre otras causas porque cualquier llamado o crítica exterior a estas alturas sólo merece la burla del régimen y porque, además, Nicaragua denunció la Carta de la OEA el año pasado y cesará como miembro en noviembre de 2023.
Pero la sesión sirvió para medir la temperatura regional: 27 países condenaron la situación en Nicaragua, sólo uno estuvo en contra (San Vicente y las Granadinas), cuatro se abstuvieron (Bolivia, El Salvador, Honduras y México) y hubo dos ausentes (Colombia y Nicaragua).
La embajadora mexicana Luz Elena Baños no argumentó sobre el fondo. En cambio criticó a la OEA como espacio por ahora impropio para un “diálogo genuino”, con un secretario general anulado, que “no es un actor confiable”.
Baños calificó la votación como “una gran simulación que no merece repetirse”. En otras palabras, México ya no toma en serio a la OEA, quizás a la espera de una renovación en algún futuro incierto.
Pero a continuación la embajadora citó el voto de su país a favor de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 31 de marzo pasado. Dijo que ahí sí México trabaja “de manera constructiva”.
Esa resolución es una amplia y detallada reseña de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, muestra su “alarma por el retroceso democrático” del país y advierte del “continuo desprecio” de Ortega y Murillo hacia las instancias multilaterales.
El Consejo aprobó la resolución con 20 votos, incluido el de Argentina entre los latinoamericanos; 20 abstenciones de asiáticos y africanos y siete en contra: Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Rusia y Venezuela.
Debut de Petro
La reunión del 12 de agosto era el debut del gobierno de Gustavo Petro en una definición hemisférica, pero el lugar de Colombia en la OEA quedó vacío.
De inmediato no hubo una explicación oficial para la ausencia, pero es posible que se vincule al litigio entre Colombia y Nicaragua por la soberanía marítima sobre una zona del Caribe. A pesar de que hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia, su ejecución requiere precisiones y detalles que parecen destinados a una negociación directa entre las partes.
Además, el 11 de agosto, un día antes de la votación, el recién nombrado embajador colombiano en Managua, León Fredy Muñoz, anunció su designación en Twitter: “Con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica (…) El restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”.
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La embajada de Colombia estaba acéfala desde febrero pasado, después de que Ortega calificó a ese país como un “narco-Estado”.
En medio de una polémica en Colombia por la inexplicable ausencia, otro embajador recién designado, Luis Ernesto Vargas, sólo empeoró la percepción pública del caso, pues alegó en Twitter que el día de la votación aún no se había acreditado como representante en la OEA, como si todo se tratara de un asunto administrativo.
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Chile: la sombra de Pinochet
Por su parte, el gobierno de Gabriel Boric copatrocinó la resolución de la OEA. Su representante, Sebastián Kraljevich, reconoció que la organización no es hoy lugar de concertación, sino de pura expresión de posiciones “legítimas pero particulares”.
Convino en que la resolución por sí misma no cambiará nada. “No hay una bala de plata o solución mágica para restituir el imperio de los derechos humanos en Nicaragua”.
Pero recordó que los presos y presas de Pinochet sentían aliento al saber que la demanda de su liberación recorría el mundo. Sabían que no estaban solos. El voto, dijo el embajador, es una contribución “en algún sentido a la resistencia de un pueblo que vive situaciones tan dolorosamente parecidas a la que vivió nuestro pueblo hace no tantos años”.
Sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, 12 de agosto de 2022
