La estampa resume el conflicto que ahora se abre en México: un plan de
reconciliación basado en la “obediencia debida” frente a otro que intenta
documentar la verdad y buscar la justicia por crímenes ejecutados por militares
y policías durante la guerra sucia, las décadas de represión a
movimientos sociales e insurgentes.
El choque quedó expuesto desde la
escenografía. El acto que simbolizaba la apertura de archivos militares, el
pasado 22 de junio, citó de manera errónea a la instancia investigadora:
Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a
la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a
1990. En el panel de fondo de la ceremonia la última parte del nombre se
sustituyó por “…Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos…” El acto era en
el Campo Militar Número 1, antiguo centro de tortura, donde ahora el Ejército
eliminó hasta del título las “violaciones graves…”
La ceremonia en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, el 22 de
junio de 2022. Foto Presidencia
El general secretario Luis Cresencio Sandoval expuso la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y a la ley, no habló de
los atropellos. Por el contrario, anunció un “mecanismo integral de
reconciliación social” y un homenaje a los militares muertos en la
guerra sucia.
López Obrador confirmó
que entendía ese acto como señal de “reconciliación” y argumentó explícitamente
la “obediencia debida”: “La responsabilidad principal, incluso legal, recae en
las autoridades civiles”, dijo el presidente. “Actos que han manchado la
trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han
estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles (…)
fue una orden dada desde arriba”.
Ya el
grupo de expertos precisó
que el plan de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional no incluye
ninguna reivindicación ni homenaje a militares.
Lo mismo dijo tácitamente la Comisión. El conflicto sobre la reivindicación y reconciliación está abierto. Aún falta
el debate sobre la “obediencia debida”.
Nada es extraño. Conflictos similares, en mayo o menor medida, han surgido en la ejecución de mecanismos de justicia transicional como en Colombia, El Salvador, Irlanda del Norte, Ruanda o Sudáfrica.
El subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración,
Alejandro Encinas, recordó
a la Brigada Blanca, el escuadrón de la muerte que operó en México como lo
hicieron la Alianza Anticomunista Argentina, el Batallón 3-16 de Honduras o los
Grupos Antiterroristas de Liberación de España. La Brigada era de composición
mixta, de militares y civiles, procedentes de cuerpos como la Policía Judicial
Federal, la Dirección Federal de Seguridad, las policías judiciales del Distrito
Federal y de algunos estados y la División de Investigación para la Prevención
de la Delincuencia capitalina.
Dentro y fuera de la Brigada jefes policiales
normalizaron el terror y la tortura y se cobijaron bajo la impunidad no sólo en
la operación contra guerrillas y movimientos sociales, sino también frente a la
delincuencia común. Su investigación será muy relevante.
