AMLO ante el 'tsunami' migratorio cubano

La crisis migratoria cubana en curso es parte de un conflicto de seguridad nacional de México y merece un giro en la visión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cualquier registro mostrará un insólito crecimiento reciente del tránsito de cubanos por Centroamérica y México camino hacia el norte. Un escenario peor del que revelan las cifras es el que no revelan: el trayecto semiclandestino de una parte de esos migrantes por selvas y montañas, para evitar controles policiales y la extorsión de las autoridades migratorias a lo largo de la ruta. El ejercicio del derecho humano de emigrar se convierte así en objetivo de la delincuencia organizada, foco de tensión y fuente de inestabilidad y violencia. ¿Por qué México tiene que preferir que prospere ese fenómeno en lugar de crear una base sólida para la emigración segura, legal y ordenada? En el caso de Cuba, paradójicamente México ha reducido el acceso al tránsito legal. La pandemia obligó al cierre del consulado durante dos años y a la suspensión temporal de vuelos directos entre ambos países.

Migrantes cubanos esperan cruzar la frontera de México con Estados Unidos, en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro La tramitación de visas en La Habana ya arrastraba un grave caso de corrupción, en el que llegaron a venderse citas -sin garantía del documento- por miles de dólares, mientras que el acceso a los turnos por internet estaba prácticamente bloqueado. Persiste el mercado negro, aunque las citas obtenidas por esa vía ya no prosperan en el trámite. De cualquier manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el gobierno cubano deben una explicación sobre cómo pudo existir impunemente un mecanismo que requiere accesos reservados a la plataforma tecnológica mexicana y operación de campo. Al reabrirse actividades, a la demanda normal acumulada en la pandemia se sumó un aumento exponencial de peticiones de visado. Sin embargo, la capacidad mexicana de tramitación es exigua: un puñado de funcionarios y un local insuficiente para el tsunami migratorio, que posiblemente ronde ahora varias decenas de miles, contra cerca de 20 mil visas anuales que se entregaban hasta 2019 y apenas 16 mil convocatorias para lo que resta de este año. El gobierno de López Obrador está interpelado por una nueva realidad, que ya no es la de hace dos años. Tiene que definir hasta qué punto está dispuesto a aceptar la migración cubana legal; si puede abrir un plan de reunificación familiar, como ya existió en el pasado; si, en consecuencia, puede elevar la dimensión de la actual sección consular en La Habana y si puede abrir un consulado general en alguna provincia cubana del centro o el oriente del país. A una situación excepcional no se le puede responder con una mirada burocrática, limitada por causas presupuestales; tampoco puede pesar el temor a una posible inconformidad de Estados Unidos, que quizás prefiera seguir abriendo la vía legal para la emigración desde la isla a cuentagotas y tratar de usar a México como puente para la deportación masiva de cubanos. Se requiere de México una respuesta excepcional, de Estado.