Cuba: sociedad crítica y plural

Los resultados oficiales de la elección del domingo 26 de marzo en Cuba confirman una creciente expresión de crítica y pluralismo en la sociedad, aún dentro de los estrechos límites del sistema.

La tendencia es un agudo contraste con la época de resultados apabullantes, cercanos al cien por ciento, que todavía se registraban hace dos décadas.

Con un solo partido legal, sin debate sobre ningún tema, con un único candidato para cada puesto y, por tanto, con una composición de funcionarios electos ya conocida de antemano, las elecciones todavía tienen un mínimo margen para la decisión individual.

A falta de un contraste de opiniones o proyectos entre los candidatos y con todo resuelto meses antes, el gobierno ha convertido estos ejercicios en virtuales referendos.

La propaganda oficial llama a las urnas expresamente para mostrar la adhesión al sistema político y a la dirigencia.

Antes de la jornada electoral, los candidatos suelen visitar las zonas que van a representar en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) para hablar con sus potenciales electores e instarlos al voto. Esta vez ese despliegue fue claramente más intenso.

El “voto unido”

Parte de las reacciones de la dirigencia cubana a la crisis post-soviética, a principios de los años noventa, fue un nuevo modelo electoral.

Entre las variantes adoptadas en 1991, en las listas para la ANPP el ciudadano podía votar por uno, por varios o por todos los candidatos de una circunscripción o no hacerlo por ninguno.

Al aproximarse la primera elección bajo ese nuevo modelo, Fidel Castro llamó la atención sobre eso que parecía una rendija para la discrepancia.

En una reunión con candidatos, el 20 de febrero de 1993, Castro instó a evitar que el ciudadano ejerciera esa mínima capacidad de selección y pidió que el voto fuera por igual para todos los aspirantes.

Consideraba que seleccionar a uno sobre otros era injusto con los no elegidos y puso esta parte del proceso también en la balanza referendaria.

“Encontramos la estrategia correcta al plantear que el voto patriota, el voto revolucionario no debía dividirse, que no debía dispersarse y las consecuencias negativas y las injusticias que podía entrañar la dispersión y la división de ese voto. La necesidad del voto unido era evidente”.

En las sucesivas elecciones nacionales, el “voto unido” se volvió tan importante o más que la propia jornada comicial. En el discurso oficial, ir a votar y votar “unido” ha sido la expresión del respaldo al sistema.

En sentido contrario, la abstención o la negativa del voto para algún candidato (el “voto selectivo”) son el estrecho pasillo por el cual un ciudadano puede mostrar algún tipo de inconformidad o discrepancia, con el sistema o con los postulados.

Bajo estas reglas, la atención oficial se centra en la proporción de votantes y la dimensión del “voto unido”.

  

                                    

De acuerdo con los resultados finales, la comparación con las elecciones de hace dos décadas muestra que la abstención ha crecido en poco más de diez veces; el “voto unido” se ha reducido en una quinta parte y el “voto selectivo” creció en más de tres veces.

Hasta 2018 las boletas en blanco y los votos anulados mantenían una tendencia estable y poco significativa, pero en 2023 ambos indicadores tuvieron un notable movimiento.

Comparados con los comicios de 2003, esta vez las boletas en blanco se duplicaron y las anuladas aumentaron en más de tres veces.

El “voto unido”, equivalente al apoyo explícito al sistema, llegó a cuatro millones 014 mil 644 votantes (49 por ciento de los electores; 65 por ciento de los votantes).

Quienes desoyeron de alguna forma el llamado oficial (por abstención, voto “selectivo”, blanco o nulo) fueron un poco más: cuatro millones 114 mil 677 (50 por ciento de los electores; 66 por ciento de los votantes).

Siempre según el informe oficial, el candidato más votado fue el médico ginecobstetra de Camagüey Gastón Idel Martínez Pérez, de 59 años, con 97.54 por ciento de votos.

El menos votado fue el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en esa misma provincia, Federico Hernández Hernández, de 52 años, con 61.52 por ciento de votos.

La provincia con más concurrencia a las urnas fue Ciego de Ávila (86.14 por ciento); la más abstencionista, Holguín (abstención de 27.2). La mayor proporción de “voto unido” fue en Las Tunas (76.20) y la de más “voto selectivo” fue La Habana (31.55)

El grado de participación electoral en Cuba se compara muy favorablemente con el resto de América Latina, pero ya es claro su contraste con la era del casi cien por ciento.

Estas fueron, además, las primeras elecciones nacionales después de las protestas populares que arrancaron en julio de 2021 y que arrojaron más de mil detenidos y cientos de procesados y sentenciados a penas de hasta 30 años de cárcel.

Son diferentes muestras de la crítica y el pluralismo de la sociedad cubana realmente existente.

Este artículo y la tabla fueron actualizados con la información definitiva oficial, publicada el 31 de enero de 2023 en la edición impresa de Granma

¿Invasión o alianza? Qué piensan los militares de EU

 

Lejos de la estridencia verbal en ambos lados del río Bravo, sobre si habrá o no una invasión del norte para frenar el narcotráfico y la violencia en la frontera con México, los militares en Estados Unidos miran el fenómeno con un enfoque distinto.

  Con otros miembros del alto mando, el general Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte, participó el pasado 8 de marzo en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El general Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, en la audiencia en el Congreso el 8 de marzo de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  VanHerck describió la situación mundial como la más complicada y potencialmente peligrosa de la posguerra fría, en la cual consideró a China y Rusia como las principales amenazas para Estados Unidos, seguidos de Irán y Corea del Norte.

  Sólo después de esos focos rojos, VanHerck ubicó al crimen organizado trasnacional en México y el hemisferio occidental.

  La situación en la frontera “es un asunto de seguridad nacional”, dijo, y subrayó la capacidad táctica de los cárteles para emplear explosivos improvisados y drones contra las fuerzas armadas mexicanas. Pero resaltó que el narcotráfico y la violencia asociada son un fenómeno trasnacional y no puede limitarse al análisis local.

La representante demócrata por Texas, Veronica Escobar, pregunta por la situación de la frontera con México en la audiencia en el Congreso el 8 de marzo de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  El jefe del Comando Norte ratificó el compromiso de profundizar la “fuerte asociación” con los militares mexicanos. Más aún: dijo que cultivará esos vínculos para frustrar “los intentos de China y Rusia para dividir a nuestros países”.

  VanHerck elogió el desempeño de las secretarías mexicanas de Defensa y Marina por su “profesionalismo y resiliencia”. Destacó el esfuerzo de esos cuerpos por migrar sus recursos técnicos hacia un parque de mayor interacción operativa con sus similares de Estados Unidos y aliados.

  Es el caso del interés de Estados Unidos en la desintegración de la flota de cerca de una treintena de helicópteros rusos MI-17, que México adquirió a partir de los años noventa, para remplazarlos por aparatos occidentales.

  En la misma sesión, la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, expuso que su mando está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias-Sur (JIATF-S), encargada de detectar y seguir el trasiego de drogas por mar y aire desde el sur del hemisferio hacia Estados Unidos.

La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en la audiencia en el Congreso el 8 de marzo de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  Reportó que en el año fiscal octubre 2021-septiembre 2022, esa fuerza ayudó a frustrar 371 intentos de tráfico, casi uno diario, lo que derivó en la incautación de droga por más de 7 mil millones de dólares, con la participación de fuerzas de seguridad de la región. 

  De acuerdo con su visión estratégica, a los militares estadunidenses les inquieta, dijo Richardson, el crecimiento del comercio y la inversión de China en la zona (450 mil millones de dólares en 2022) y la presencia del gigante asiático en infraestructura crítica, como puertos, ciberespacio, telecomunicaciones y servicio aéreo. A Rusia la considera una “aguda amenaza” por su presencia política y militar, en particular en Nicaragua y Venezuela.

  En esencia, el pensamiento militar estadunidense privilegia la contención de China y Rusia, para lo cual requiere la alianza con fuerzas armadas de la región, en primer lugar las de México. Nada que ver con invasiones, al menos al estilo del siglo pasado. 

Audiencia en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 8 de marzo de 2023 

 

AMLO, complaciente con Ortega

 

  El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció nacionalidad y asilo a los nicaragüenses desterrados y al mismo tiempo confirmó que ha decidido ser complaciente con Daniel Ortega.

  El miércoles 22 de febrero, en su conferencia diaria, López Obrador hizo una insólita referencia a Nicaragua, un asunto habitualmente ajeno a sus extensas intervenciones.

  Esta vez con sus comentarios, respuestas y silencios, AMLO describió su visión del caso.

  Informó que algunos desterrados nicaragüenses pidieron venir a México. “Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos” (…) “asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”, señaló.

  México se unió así a Argentina, España, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, que han tendido la mano en diversas formas a los centenares de perseguidos por Ortega.

La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, en el destierro en Estados Unidos, en febrero de 2023. Foto tomada de la cuenta de Twitter de Wilfredo Miranda @PiruloAr 

Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, junto al autor de la foto, el gerente del diario 'La Prensa', Juan Lorenzo Holman, en el avión que los lleva al destierro en Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023

  México fue una retaguardia simbólica de la revolución sandinista desde que el presidente José López Portillo rompió relaciones con la dictadura de Anastasio Somoza, el 20 de mayo de 1979, dos meses antes del triunfo insurreccional.

  Pero, ahora, el presidente mexicano expuso su intención de no tocar con el más mínimo adjetivo ni la más elemental acción a la nueva dictadura nicaragüense.

  López Obrador mostró una carta a Ortega, del 1 de diciembre pasado, en la cual reitera una oferta que, dice, ya había hecho por vía diplomática: que la ex comandante Dora María Téllez fuera excarcelada y enviada a México, “evitando fines propagandísticos, protagónicos” y por “razones humanitarias”. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador lee, el 22 de febrero de 2023, una carta que envió a Daniel Ortega en diciembre de 2022. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  Sugiere que esa fórmula sirva para otros de los detenidos e insiste en un movimiento discreto, sin impacto público.

  La delicadeza del trato por escrito se estrelló con la reacción de Ortega: ni siquiera contestó la carta.

   En la conferencia López Obrador dijo que le entristece la “división” en el sandinismo; que ha buscado “un acuerdo” y la liberación de los presos; no quiere distanciarse de Managua para “ayudar en la reconciliación” y buscar “la unidad”; que las relaciones bilaterales son “normales” y mantendrá una actitud “responsable y prudente”. 

  AMLO, que ha opinado con amplitud sobre la situación interna de Argentina, Bolivia o Perú, evitó ahora la menor expresión sobre Nicaragua.

  -¿Ortega violó los derechos humanos, presidente? -le preguntaron.

  -¿Por qué no vemos la carta? No me voy a enganchar… -respondió el mandatario.

  El 1 de diciembre de 2022 Ortega ya se había hecho reelegir en medio de una represión masiva, con siete candidatos presidenciales y decenas de activistas presos y un virtual estado de excepción, de todo lo cual AMLO no dijo nada en la carta ni de otra forma conocida.

  El presidente mexicano evoca una “división” del sandinismo, que en realidad ocurrió hace un cuarto de siglo y es irreversible. 

  Habla de buscar un “acuerdo” o una “reconciliación”, pero no ofrece señales sobre cómo hacerlo con un régimen que excarceló presos políticos, pero intenta borrarlos del mapa al desterrarlos, despojarlos de su nacionalidad, de sus bienes materiales y hasta de su pensión a los ya jubilados, aún mantiene a más opositores en sus cárceles, en una de las cuales murió Hugo Torres, ex comandante sandinista y ha extendido las represalias a los opositores que ya estaban exiliados. 

  Tampoco cuenta cómo dialogar cuando en Nicaragua no hay libertad de expresión, de prensa o de manifestación ni siquiera religiosa y la ley es la que dictan la policía y los paramilitares.

  Algo podía saber López Obrador de la situación en Nicaragua, después de que México votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 31 de marzo de 2022, que es un amplísimo memorial sobre la represión y el autoritarismo en el país centroamericano.

  Pero el mismo gobierno mexicano se ha abstenido en sucesivas manifestaciones de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua (12 de agosto de 2022, 23 de febrero de 2023) y ahora muestra una actitud de complacencia con el autócrata.

  El gesto humanitario de auxiliar a los desterrados coexiste, así, con la ambivalencia política.

EU, Nicaragua, Cuba, Vaticano: se habla de presos…

 

  El Departamento de Estado y Daniel Ortega sostienen con dificultad que no hubo negociación para excarcelar a 222 presos políticos en Nicaragua y enviarlos a Estados Unidos.

Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente del diario La Prensa, llega al hotel Westin de Herndon, Virginia, Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023. Foto Afp

  Esa versión inverosímil en realidad se basa en una fórmula vieja: hay negociación, pero las partes lo niegan, porque no quieren que cuente como cesión en un ambiente bilateral tenso, que pudiera llegar a la mesa de diálogo.

  Al principio de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética aplicaron la fórmula. No tenían que reconocer nada, el trato secreto terminaba con dos individuos caminando en sentido contrario, en medio de la bruma sobre el puente Glienicke en Postdam o bajo los reflectores en el aeropuerto de Viena.

  Más cerca en el tiempo y en la geografía, en 1979 Cuba logró la liberación de cuatro independentistas puertorriqueños presos en Estados Unidos, que habían disparado al aire en el Capitolio para acompañar consignas insurgentes.

  A cambio, Fidel Castro liberó a cuatro estadunidenses acusados de espionaje en la isla. Ambas decisiones fueron simultáneas y formalmente unilaterales.

Portada de The New York Times del 2 de marzo de 1954, con la noticia principal de la detención de los independentistas puertorriqueños.

  En 2014, cuando Cuba y Estados Unidos intercambiaron agentes de inteligencia presos, para reanudar relaciones diplomáticas, la liberación de Alan Gross fue descrita como “gesto humanitario” de la isla. 

  La Habana condenó a Gross por un delito contra la seguridad nacional, pero Washington nunca reconoció que fuera un espía o agente subversivo, sino un empleado civil para distribuir equipos de conexión a internet entre comunidades judías.

  Como se le vea, la excarcelación de los presos políticos nicaragüenses es un giro de altísima relevancia en favor de los derechos humanos en la región. 

  También en dimensión es trascendente. En América Latina una excarcelación de ese tamaño no había ocurrido desde que, a lo largo de unos diez meses, entre 1978 y 1979, Fidel Castro permitió la salida de más de tres mil opositores a Estados Unidos.

Dora María Téllez, la ex comandante Dos del Frente Sandinista, en Estados Unidos, el 10 de febrero de 2023. Foto tomada de la cuenta de Twitter de Wilfredo Miranda @PiruloAr

  Ortega expidió a toda prisa pasaportes nuevos para todos, pero aún tuvo la sevicia de hacer aprobar, también a toda prisa, una reforma constitucional que quita la nacionalidad a los desterrados.

  Para Estados Unidos, la liberación es un “paso constructivo” que “abre la puerta a la discusión de otros asuntos de mutua preocupación” y fue resultado de un “esfuerzo concertado” del Departamento de Estado, dijo el jueves 9 el vocero Ned Price. Washington permanece “comprometido con un diálogo” con Ortega.

  “No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones, no estamos pidiendo nada a cambio”, dijo a su vez Ortega, cuando quizás de forma inconsciente tuvo que verbalizar el telón de fondo de este episodio.

  Algo hay que esperar en la relación bilateral.

  Horas antes se sabía de otras gestiones por otros presos.

  El cardenal Beniamino Stella, quien era nuncio apostólico cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, estuvo en la isla por los 25 años de ese viaje.

El cardenal Beniamino Stella y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el 8 de febrero de 2023 en La Habana. Foto Estudios Revolución/ Granma

  Al final de su gira, el miércoles 8, dijo a periodistas que el Vaticano se interesa por la liberación de los cientos de presos detenidos a raíz de las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 y posteriores.

  Consultado sobre una posible amnistía, Stella dijo estas reveladoras palabras: “La Iglesia desea, busca, ha manifestado este propósito (amnistía)…Creo que el tema está allí sobre la mesa... El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva, como se llame, amnistía, clemencia. Las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento... puedan volver a sus casas”.

  No es extraña la petición. Tres papas visitaron Cuba y el gobierno los recibió con sendos indultos masivos, que han incluido a opositores. Por gestión de la Iglesia Católica fueron excarcelados los del disidente grupo de Los 75, detenidos en 2003.

  Stella también abogó por un diálogo interno en la isla y entre Cuba y Estados Unidos.

  El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció los esfuerzos del Vaticano para un entendimiento entre la isla y Washington y expuso a Stella su intención de "seguir construyendo con mutuo beneficio" caminos para "la solución de las expectativas de ambas partes".

 

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Celac: ausencias, novedades y tensiones

  Con la asistencia de menos de la mitad de los mandatarios convocados, la VII Cumbre de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en Buenos Aires queda marcada por novedades significativas y un telón de fondo de tensiones.

  Ya no sorprende su ausencia, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeña una vez más una cita multilateral.

  Apenas dos semanas antes, como anfitrión de Joe Biden y Justin Trudeau, López Obrador defendió con énfasis su plan de integración continental para que el impacto del tratado comercial de América del Norte se extienda al resto del hemisferio.

  Ahora deja pasar la oportunidad de hablar de la que parecía una de sus prioridades de política exterior con quienes pudieran ser protagonistas: el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández, el brasileño Luiz Inacio Lula y el colombiano Gustavo Petro, que representan a las mayores economías de la región.

Andrés Manuel López Obrador recibe a Luiz Inacio Lula el 2 de marzo de 2022 en la Ciudad de México. Foto Presidencia de México

  

Alberto Fernández recibe a Gabriel Boric en Buenos Aires, el 4 de abril de 2022. Foto Casa de Gobierno de Argentina

Tampoco estará en la Celac Daniel Ortega. Quizás mejor para él. Evitará enfrentar las impugnaciones al totalitarismo en el que se hunde Nicaragua y su máxima expresión, los centenares de presos políticos, incluyendo ex comandantes sandinistas y ex candidatos presidenciales. 

  La peruana Dina Boluarte no puede plantearse siquiera un viaje corto, con su país literalmente en llamas.

  En su primer gira al exterior desde que asumió la Presidencia el 1 de enero, Lula cumple una visita oficial para estrechar la relación bilateral con Argentina. Reaparece en Buenos Aires como presidente y acentúa el regreso de su país a la Celac, tras dos años de ausencia por decisión de Bolsonaro.

  Hay consenso en la región en respaldar a las instituciones brasileñas contra el ataque golpista del bolsonarismo. Hay diferencias, en cambio, sobre la crisis peruana: desde llamados a Boluarte a la moderación y al cese a la represión hasta la defensa de Pedro Castillo como presidente.

  Vaya o no Guillermo Lasso, en la mesa está su diferendo con Fernández. En la embajada argentina en Quito está asilada María de los Ángeles Duarte, ministra de Obras Públicas con Rafael Correa (2007-2017). Ecuador niega el salvoconducto, con base en una condena de ocho años de prisión por cohecho contra la ex ministra. Duarte niega los cargos y se considera perseguida política.

   A la cumbre asiste Christopher Dodd, asesor especial de Biden para las Américas y el presidente chino Xi Jinping envía un mensaje. En cambio, no está siquiera invitado Luis Almagro, una señal ostensible de su precario respaldo en la Organización de Estados Americanos (OEA).  

  Detrás del telón coexisten conflictos como el que enfrenta a Guatemala y Colombia, que retiraron a sus respectivos embajadores tras una acusación por corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei contra el ministro de Defensa de Petro, Iván Velásquez, quien fue, nada menos, el presidente de la comisión internacional que investigó la corrupción en el país centroamericano. Además, Colombia y Nicaragua mantienen sin cerrar definitivamente un conflicto por límites marinos. En contraste, Colombia y Venezuela se sientan a la mesa con una relación bilateral rehabilitada, con fronteras abiertas.

  Después de años de violento choque con Estados Unidos durante la era Trump y la primera mitad de Biden, Cuba y Venezuela ven señales de limitada distensión y reclaman el cese total de represalias. Washington busca eliminar a toda costa la llegada de indocumentados, entre otros, de esos dos países, a los que, además, les reitera su reclamo de respeto a los derechos humanos.    

Plan Biden: pequeño alivio a migración sin fin

  El Plan Biden para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela parece un pequeño alivio al actual ciclo migratorio en la región, pero aún está lejos de ofrecer una solución de fondo.

  El objetivo principal es eliminar la explosiva concentración de indocumentados en la frontera con México. Su mayor virtud es el giro en el pensamiento oficial estadunidense para reconocer la necesidad de regular la movilidad laboral realmente existente. 

  Abre una vía de acceso legal a la emigración (parole o entrada condicionada) y en consecuencia ayuda a disolver la ruta irregular con todos sus riesgos, la injerencia de la delincuencia organizada y el tráfico de personas.

  Sin embargo, la oferta de cupos legales de admisión, 30 mil mensuales o 360 mil al año para los cuatro países, es muy limitada ante la demanda.

  Según el registro del servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), sólo entre los años fiscales de 2021 y 2022 la entrada combinada de indocumentados de los cuatro países más que se triplicó, al pasar de 189 mil 251 a 635 mil 323. 

  Es decir que el nuevo plan alcanza sólo para la mitad, si es que la demanda se mantiene en su mismo nivel.

  Por países individuales la demanda creció en ese lapso en casi seis veces en el caso de los cubanos (de 39 mil 303 a 224 mil 607); en más de tres veces en los venezolanos (de 50 mil 499 a 189 mil 520) y los nicaragüenses (de 50 mil 722 a 164 mil 600) y tuvo un ligero ascenso en los haitianos (de 48 mil 727 a 56 mil 596).

  Una segunda debilidad del plan es el límite de dos años de estancia en Estados Unidos. Este plazo es mejor que el del Estatus de Protección Temporal (TPS), que Washington otorga a originarios de 12 países hasta por 18 meses renovables.

  Sin embargo, no hay emigrante que quiera instalarse fuera de su país para luego buscar un segundo destino, en particular cuando en Estados Unidos operan los lazos de atracción familiar por generaciones.

  De este límite, al menos hasta ahora, pueden escapar los cubanos. La Ley de Ajuste les permite optar por la residencia permanente después de un año y un día de estancia en Estados Unidos.

  En forma contradictoria, Estados Unidos aún mantiene a su embajada en La Habana sin servicio consular para no inmigrantes, con lo cual presiona innecesariamente la demanda del nuevo parole.

Reapertura de trámites para migrantes en la embajada de Estados Unidos en La Habana, el 4 de enero de 2023. Foto Ap

  Un tercer punto débil del Plan Biden es el destino de los rechazados: quienes crucen la frontera sin documentos terminarán expulsados hacia México.

  Igual que con el plan de Trump “Quédate en México” y con la aplicación intermitente del Título 42, de prevención sanitaria por el covid-19, la masa de rechazados va a terminar en territorio mexicano. ¿Con qué destino? No está claro.

  El anuncio oficial de la Casa Blanca dijo que México aceptará 30 mil rechazados al mes, es decir, la otra mitad de la demanda. 

  Este lunes 9 el canciller Marcelo Ebrard expuso la posición de su gobierno: “¿Los vamos a deportar? Claro que no…” México ofrecerá refugio y trabajo, lo mismo a quienes cruzan los puentes del norte, rechazados por Estados Unidos, que a quienes cruzan el río Suchiate y llegan a Chiapas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

  Es decir que ¿cesan las detenciones en los centros del Instituto Nacional de Migración, los vuelos de repatriación de cubanos y las caravanas de autobuses de regreso a Centroamérica? Veremos.

Migrantes aguardan trámites en Tapachula, Chiapas, en imagen de noviembre de 2022. Foto Afp

  Con todo, el Plan Biden es algo ante una extrema derecha xenófoba y encrespada, que recuperó la Cámara de Representantes y en materia migratoria sólo quiere muros y expulsiones. Después de dos décadas de discusión, la reforma migratoria integral es imposible al menos por los próximos dos años.

  Por el otro lado, la emigración desde Centroamérica y el Caribe es un torrente que tiene su propia fuerza. No es sólo la pobreza la que mueve al éxodo, sino también la violencia, la represión y la falta de horizontes de vida.

Cuba ante la izquierda latinoamericana

 

 

 Un grupo académico en Uruguay acaba de dar un nuevo impulso a la discusión que ha realizado la izquierda latinoamericana sobre Cuba.

  El Grupo de Estudios sobre las Izquierdas (GEI), de la Universidad de la República de Uruguay, celebró la semana pasada el seminario “Cuba y la izquierda latinoamericana. Una historia de encuentros y desencuentros”.

  El debate partió de que, para casi todas las fuerzas de izquierda en América Latina, el triunfo de la revolución cubana en 1959 fue una fuente de simpatía, admiración y referencia y se convirtió en una poderosa imagen simbólica y hasta afectiva.   

   Para una parte de ese conglomerado fue también una enseñanza y un estímulo para la vía armada. La dirigencia cubana logró conectar con un amplio espectro de fuerzas políticas de la izquierda regional, en ocasiones muy diferenciadas entre sí, e incluso con corrientes más allá del marxismo, como el nacionalismo revolucionario, entre otras.

  De acuerdo con las exposiciones, los “encuentros” entre Cuba y la izquierda regional llegaron a incluir circunstancias tan peculiares como las colonias variopintas de exiliados latinoamericanos en la isla, sometidas a una rigurosa compartimentación y con las cuales La Habana se entendía caso por caso.

  Una conexión intelectual más amplia ocurrió con la revista Pensamiento Crítico, que se nutrió sobre todo de traducciones de un catálogo diverso de autores de la izquierda mundial. 

  Algunos expositores recordaron que, en forma minoritaria y marginal, dentro de la izquierda latinoamericana aparecieron críticas tempranas a giros del nuevo poder revolucionario en los sesenta y al régimen político resultante en las dos décadas siguientes.  El repaso se extendió hasta los años noventa, con algunos enfoques novedosos y, quizás por el origen del encuentro, con énfasis en el Cono Sur.

  Los organizadores del seminario fueron Aldo Marchesi, Franco Morosoli, Julieta de León y Jimena Alonso. Entre otros participaron Tanya Harmer, Cecilia Lacruz, Vanni Pettinà, Rafael Rojas, Cristina Tortti y Michal Zourek (con un interesante rastreo en los archivos de la policía política checoslovaca).

  Este seminario coincidió en el tiempo con una publicación reciente en La Joven Cuba, una revista electrónica que producen académicos en la isla, en este caso sobre un debate contemporáneo, el del ejercicio de las libertades públicas en la isla.

  El artículo reseña, entre otras, una polémica en Puerto Rico entre la periodista, activista y académica Mari Mari Narváez, hija del líder histórico del independentismo Juan Mari Bras y los docentes universitarios Carlos Rivera Lugo y Carlos Severino.

                                                Foto 123RF

  La controversia parte de la defensa de Mari del derecho del pueblo cubano a expresarse y manifestarse y su crítica a detenciones arbitrarias, juicios sumarios y el encarcelamiento de personas que han protestado pacíficamente.

  La réplica de los académicos es que a la autora “le preocupa más los derechos individuales abstractos de unos pocos por encima de los derechos colectivos concretos de todo un pueblo que lleva sobre 60 años resistiendo y sufriendo las inhumanas consecuencias del bloqueo y el embargo estadounidense”.

  El autor de la reseña, el profesor de historia puertorriqueño, Carlos Pabón Ortega, toma partido por Mari y reprocha a los impugnadores que desdeñen las luchas históricas por los derechos humanos y que olviden que en Cuba la nueva Constitución reconoce garantías individuales y sociales a las que se acogieron los manifestantes.