Giro en Venezuela en la era Trump

 

   

  De los primeros movimientos de Donald Trump en América Latina, quizás el más influyente en la región sea el trato con Venezuela.

  Quien habló con Nicolás Maduro no fue el secretario de Estado, Marco Rubio, ni el enviado para América Latina, Mauricio Claver-Carone, sino Richard Grenell, un enviado para misiones especiales o para “los lugares más conflictivos”, como Venezuela y Corea del Norte, según dijo Trump.

  Grenell regresó de Caracas con seis estadunidenses, excarcelados en horas, y el compromiso de que el país recibirá migrantes deportados.

Nicolás Maduro recibe en el Palacio de Miraflores a Richard Grenell, enviado especial de Trump, el 31 de enero de 2025. Foto Ap

  En la versión de Maduro, la visita fue un reconocimiento de su régimen, impugnado por la oposición, observadores electorales y decenas de gobiernos por falta de resultados de los comicios presidenciales de julio de 2024.

  Rubio desestimó tal reconocimiento y, en cambio, lanzó la amenaza de que Estados Unidos tiene “muchas opciones para infligir un grave daño” a Venezuela.

  Más allá de la retórica, parece que la agenda entre los dos países acaba de dar un giro. 

  El 5 de febrero el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ordenó retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 600 mil venezolanos en dos tandas (7 de abril y 10 de septiembre). 

  Con el TPS, desde 1990 Estados Unidos aloja por 18 meses prorrogables a quienes salen de su país por dificultades extremas. Hasta ahora también hay beneficiarios de más de 10 países, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ucrania.

  La secretaria de DHS, Kristi Noem, dijo que en Venezuela “hay mejoras notables” como para que “estos ciudadanos regresen de manera segura a su país”.

  Pero incluso con condiciones adversas, agregó, la presencia de esos venezolanos es contraria a la seguridad nacional de Estados Unidos, por un “nexo potencial” con una “banda criminal”, una alusión al Tren de Aragua.

La clave petrolera

  En su primer gobierno Trump impuso restricciones a Venezuela para la exportación de crudo. Luego, Joe Biden concedió licencias individuales, como la de la estadunidense Chevron.

  Por ese alivio, Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha elevado sus exportaciones, que en enero llegaron a unos 867 mil barriles diarios, de los cuales 294 mil fueron para Estados Unidos, su segundo cliente después de China, informó Reuters.

  El mismo día de su toma de posesión, Trump dijo que no tiene por qué seguir comprando petróleo venezolano. Además, persiste el litigio por Citgo, la refinería de Texas de propiedad venezolana, cuyos bienes están bloqueados por Washington desde 2020 y por la cual Maduro reclama utilidades por unos 5 mil millones de dólares.

  Pero el pasado 1 de febrero Trump permitió que la licencia de Chevron se renovara automáticamente por seis meses. Un aumento de la producción del país con mayores reservas del mundo va en la línea de la Casa Blanca de derribar la cotización del crudo.

  Un personaje clave para el viaje de Grenell fue el magnate petrolero Harry Sargeant III, según The Miami Herald. Gran donador de los republicanos en Florida, hace años ha procurado negocios con PDVSA y ha conversado con Maduro, según él mismo le contó a Reuters en una entrevista en 2019. 

El empresario Harry Sargeant III juega golf con Donald Trump, en imagen sin fecha. Foto Handout/The Miami Herald 

  

Nuevo escenario

El movimiento en el tablero supone, al menos de inmediato, el reconocimiento de Trump de que Maduro en el poder es un interlocutor válido. Los autoritarismos se acercan. La oposición venezolana pierde terreno y decae la polémica sobre la crisis poselectoral y la legitimidad del régimen.

  Ese puente le resulta más útil a Maduro que el desastre diplomático que le estalló tras las presidenciales. 

  Sólo en América Latina, a estas alturas las relaciones de Venezuela están rotas con Paraguay y Perú y congeladas con otros seis países (Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay). Dos de los más cercanos, Colombia y Brasil, son de los gobiernos que reclaman transparencia electoral.

  Venezuela arrastra con Paraguay una disputa, mezcla de política y finanzas, por una deuda a PDVSA de unos 400 millones de dólares y se ha visto obligada a una coordinación militar con Colombia, frente al foco de violencia en la frontera común.    Al menos hasta hace unas semanas, la sola presencia de Venezuela era conflictiva en la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac). El gobierno de Maduro ya no es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero fue materia de un demoledor informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  A pesar de haber aumentado la venta de petróleo a sus principales mercados, PDVSA la redujo a Cuba. ¿Por qué esta caída, que ha causado estragos en su principal aliado en la región? No hay explicación pública disponible.

  Una versión extraoficial dice que, bajo las condiciones en que opera ese suministro, Caracas no libera a tiempo el pago correspondiente a PDVSA. En  cualquier caso, es notable la ausencia de visitas venezolanas de alto nivel a la isla en al menos un año.

  Todavía falta observar en este escenario qué hará Rusia, un cercano aliado de Venezuela y ahora protagonista de un fluido diálogo con Estados Unidos. 

Cuba-EU: el valor de la negociación

 

  Las decisiones que acaban de anunciar Cuba y Estados Unidos son limitadas, pero muestran el valor de la negociación y el interés que el conflicto tiene para terceros países.

  Muy diferente a la gran expectativa que abrió la normalización de relaciones hace una década, los anuncios de este martes parecen destinados a una revisión cautelosa.

  Cualquier cálculo requiere el contraste con el cataclismo político y social que el mundo espera a partir del 20 de enero.

  Pero igual que en los anuncios de 2014, vuelve a operar ahora el mecanismo de acciones simultáneas, aunque formalmente separadas (cese de regulaciones agresivas por excarcelaciones).

  También está presente hoy el interés por una solución negociada de países latinoamericanos y del Vaticano, como revelan los comunicados de la Casa Blanca y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y una conversación de un alto funcionario de Washington con reporteros.

  Biden revirtió tres de las decisiones más importantes que en su primer mandato impuso Trump contra Cuba. Nada garantiza que el próximo jefe de la Casa Blanca se abstenga de regresar el estado de cosas a su peor versión.

El presidente Joe Biden en la Casa Blanca, el 14 de enero de 2025. Foto tomada de la cuenta de X @POTUS

   Durante cuatro años Biden pudo mejorar la relación con Cuba o incluso regresarla al estado en el que la dejó Obama en 2017. Pero el presidente demócrata decidió mantener casi completa la batería de agresiones que lanzó el republicano contra la isla.

  De cualquier forma, las decisiones de última hora de Biden son un respiro para Cuba.

  Al salir de la lista de países “patrocinadores del terrorismo”, quedar congelada la legislación que permite demandas de estadunidenses por expropiaciones y desaparecer la relación de empresas y personas cubanas proscritas para tratos con Estados Unidos, Cuba gana un margen de acción económica y financiera y en su entorno de negocios.

  La otra cara es el tiempo que duren esos márgenes, la capacidad del devastado aparato productivo cubano para aprovechar los resquicios y la pervivencia del entramado de agresiones económicas de décadas contra la isla.

   Para un sector de la población cubana también será un alivio la excarcelación de centenares de personas, incluso detenidas en las protestas sociales del 11 de julio de 2021, lo que en realidad es un fuerte giro en el horizonte de vida de cientos de familias. 

El Papa Francisco inicia la celebración del Jubileo 2025 en el Vaticano, el 29 de diciembre de 2024. Foto Ap

  Ya en el pasado Cuba ha liberado a grupos numerosos de presos políticos en respuesta a gestiones de personajes extranjeros, varias veces como gesto de buena voluntad hacia el Vaticano.

  También en este caso el tiempo pesa: ¿Cuánto durará el beneficio sin que nuevos manifestantes vayan a prisión por expresarse en la vía pública o incluso en el ciberespacio? ¿Cuánto habrá que esperar para que este u otro Papa vuelva a interceder por ellos?

  La negociación y el esfuerzo multilateral es lo menos visible en este caso, pero lo más influyente. Nada más, pero nada menos.

México voltea hacia otro lado ante crisis venezolana

 

  Tras medio año de contradicciones, el gobierno de México reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sin que la autoridad electoral del país sudamericano haya exhibido el resultado de las elecciones del 28 de julio pasado.

  Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, en sus respectivas administraciones, abandonaron su inicial exigencia de transparencia en los resultados, rompieron la gestión común para ese fin con Brasil y Colombia, negaron la gravedad de la crisis venezolana y cedieron ante la autoproclamación de Maduro.

Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Nicolás Maduro en Caracas, el 6 de enero de 2025. Fotos Presidencia de México y Afp

  Primero la cancillería mexicana defendió el punto clave de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhibiera las actas de la votación.

  En su conferencia del 30 de julio, López Obrador dijo: “Que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten los votos, lo que aquí no quiso ni (los ex presidentesVicente) Fox ni (Felipe) Calderón”.

  De esa forma recordó su propia pelea en 2006, cuando la autoridad electoral declaró ganador a Calderón y López Obrador exigió un recuento íntegro: “Voto por voto, casilla por casilla”.

  El mismo día, horas más tarde y ya como presidenta electa, Sheinbaum repitió en esencia la posición de López Obrador y también evocó la disputa mexicana de 18 años atrás.

  “Es importante siempre transparentar los resultados”, dijo Sheinbaum a la prensa. “Como todos sabemos, la autoridad electoral dio un resultado que da el triunfo al presidente Maduro y es importante, como lo planteamos en su momento en el 2006, que se transparente el resultado. Escuché hoy al presidente que hablaba de un 80 por ciento computado, hay que esperar también al final del cómputo. Entonces, lo primero es transparencia en el resultado y que se termine de contar”.

  La mandataria electa hablaba entonces de un reporte del CNE que consignaba supuestos porcentajes de votación sin apoyo documental.

  Una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México, el 1 de agosto, confirmó la necesidad de la exhibición de actas y agregó el reclamo de una “verificación imparcial”.

  En un segundo comunicado, los tres gobierno precisaron, además, que es el CNE, no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la autoridad que por ley debe divulgar los resultados.

  Era una reacción a la salida que encontró Maduro: promover ante el TSJ un recurso, saltarse al Consejo y evitar así la exhibición de las actas de votación.

  López Obrador cambió ya abiertamente el enfoque el 15 de agosto, cuando planteó esperar el fallo del TSJ, evitar toda opinión de cualquier tipo sobre la crisis y objetar la intervención de otros países en la solución del conflicto. 

  El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 16 de agosto resolvió instar a las autoridades venezolanas a difundir y verificar los resultados. México estuvo ausente. Pudo debatir, negociar el proyecto de resolución, votar en contra o abstenerse, pero prefirió abandonar la plaza en silencio.

   El 22 de agosto, y sin resultados a la vista, el TSJ declaró a Maduro ganador, 

La presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la sesión en la que el órgano declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones. Foto Ap

   López Obrador ya había roto la concertación con Colombia y Brasil. Sheinbaum siguió en todos los puntos a su antecesor: confirmó esa ruptura y argumentó la nueva posición mexicana.

  El 15 de octubre, ya en el cargo, la presidenta recordó que esos tres países habían llamado a que “se transparentaran los resultados” en Venezuela.

  Pero “a partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto”, dijo. ¿Por qué decidió romper ya explícitamente con Lula y Petro y dejar de pedir con ellos la exhibición de las actas de votación? No lo explicó Sheinbaum. 

  El 23 de diciembre avanzó un paso más al anunciar una representación mexicana en la toma de posesión de Maduro, lo que confirmó el 6 de enero, cuando amplió un poco su alegato: “La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo: la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir”.

  Igual que López Obrador, Sheinbaum omite sistemáticamente que uno de los mandatos constitucionales de la política exterior mexicana es la promoción de los derechos humanos.

  El punto, recién expuesto con amplitud por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ganó densidad en los últimos meses por la extensa represión que ha emprendido Maduro.

Informe de la CIDH sobre Venezuela difundido el 7 de enero de 2025

  La reacción de la oposición a todo el proceso ha escalado desde difundir sus copias de actas electorales a reclamar a toda costa lo que considera el triunfo de su candidato Edmundo González. El choque de trenes sólo va a empeorar la crisis venezolana. 

  Al voltear hacia otro lado, la presidenta y su antecesor ignoraron tanto la experiencia diplomática mexicana como el trayecto que recorrió Maduro para llegar a las elecciones de julio.

  México ha intervenido por razones de seguridad nacional en conflictos vecinos. Sólo en poco más de medio siglo, la ruptura de relaciones con Somoza (1979), la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), el Grupo Contadora para Centroamérica (1983), las mesas de paz para Colombia desde la década de los noventa y la gestión multilateral de los últimos años para encarar la crisis de Haití.

  Maduro ha discutido y adoptado acuerdos sobre asuntos internos con Estados Unidos (Qatar, 2023) y ha negociado con la oposición con la mediación de terceros (Barbados, 2023), con una larga fase previa, cuya sede fue la Ciudad de México. En este tramo ofreció celebrar elecciones justas, con garantías para todos, sin exclusiones y con observación internacional, lo que claramente incumplió.

Jorge Rodríguez por el gobierno y Gerardo Blyde por la oposición, firman el acuerdo de Barbados el 17 de octubre de 2023. Foto Afp

Por último, aunque no menos importante, Sheinbaum, que como López Obrador ha declarado su interés por resolver las causas de la migración, tendrá que observar cómo la crisis electoral y su secuela de represión son combustible para el éxodo venezolano de casi ocho millones de personas en los últimos años. Para México, una razón de seguridad nacional.    

¿Cuáles son los 100 mejores libros del siglo XX en Cuba?

 Una intensa discusión virtual y espontánea desembocó en las últimas semanas en la formación de una especie de canon editorial de Cuba en el siglo XX.

“Yo sólo lancé la idea a mis clientes y respondieron masivamente”, dice Guivei Reina, experimentado vendedor de libros viejos en La Habana, que edita la cuenta Librería Isla Bonita en Instagram y Facebook, donde difundió el resultado.

La discusión, primero abierta y desorganizada, corrió por un canal de WhatsApp y de ahí brincó a su versión final. El consenso fue fijar en 100 la cantidad de libros de autores cubanos publicados en la isla el siglo pasado.

El elemento más valioso es que intervino “gente que lee, no gente que critica”, dice Guivei. La mayoría de participantes están entre los 30 y 40 años, pero “tuvimos la ayuda inestimable de libreros de más de 70 años y otros de apenas 21”. Hubo propuestas desde Nueva York, Belgrado, Moscú, Miami, Ecuador, Portugal… un poco como la nación que hoy somos”.

La lista empieza con Tradiciones cubanas (Álvaro de la Iglesia, 1911) y termina con La isla en peso (Virgilio Piñera, 1999). En medio está una vigorosa representación del ensayo y la creación en Cuba en el siglo pasado, con muchos de los nombres que pueden venir a la memoria de cualquier lector de obra de la isla en esa época.

De los autores vivos hay títulos de Miguel Barnet, Abilio Estévez, Reynaldo González, Pedro Juan Gutiérrez, Leonardo Padura, Senel Paz, Julio Travieso y Zoé Valdés.

Algunos enlistados padecieron distintas formas de marginación oficial, aunque fueron reivindicados años después, como Antón Arrufat, Gastón Baquero, Eduardo Heras León, José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Severo Sarduy. Otros siguen ignorados como Reynaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Jesús Díaz, Norberto Fuentes y Heberto Padilla.

La relación de un arco tan amplio es un ejercicio singular en Cuba, que remite al discurso del poeta César López (1933–2020) en la Feria del Libro de La Habana de 2007, cuando defendió un canon literario incluyente, con nombres de los alguna vez proscritos o proscritos a secas.

La sola idea y la versión definitiva del catálogo de los 100 del siglo XX pueden avivar la discusión hasta el infinito, incluso con disparos al aire: “Hubo quien salió a criticar sin haber leído la lista”, dice Guivei. Pero el espíritu de la lista es “salvar lo mejor y más querido de la bibliografia cubana”.

“De manera activa o muy activa fueron unas diez personas que defendieron con dientes y uñas la inclusión de cada uno de sus autores favoritos, pero cerca de 20 hicieron algún aporte o recordaron a algún autor que no había sido nombrado”, recuerda el librero sobre el debate.

-¿Tuvieron que eliminar muchos títulos? ¿Cuántas propuestas hubo?

-Al final nos dimos cuenta de que 100 títulos no eran suficientes para tanta obra de calidad que, para suerte nuestra, han sido escritas en esta isla que no es pequeña ni geográfica ni literariamente.

El nombre que sin dudas quedó fuera por el apuro y la inexperiencia en un acto de este tipo fue el de Rafaela Chacón Nardi (poeta, 1926–2001). Y en la lista estuvo por un momento César Leante (novelista, ensayista y periodista, 1928–2013).

Hubo un gran coleccionista de libros, Manuel Alejandro, que propuso a muchos autores que sin duda son importantes, pero cuyos libros hoy es imposible encontrar, como (José Manuel) Carbonell (1880–1968). Pero no podía ser injusto con autores que un día estuvieron en las casas cubanas y la desidia los dejó fuera. En representación de esos autores, Manuel Sanguily, Raúl Roa, Emilio Bacardí y otros tantos, pusimos, olímpicamente si se quiere, a Carbonell y su Evolución de la cultura cubana (1927).

Creo que hay que agregar, y con esto estaríamos reparando una injusticia histórica enorme, que si bien Heberto Padilla es el poeta más conocido, por razones obvias, el más mencionado de su generación, César Lopez, quien sufrió el ostracismo en silencio, es sin dudas uno de los escritores que debieron estar en la lista. Pocos recuerdan que el “caso Padilla” también fue el “caso César López”, pero el poeta terminó siendo castigado en un bando por no ser lo suficientemente revolucionario y en el otro por no dejar de serlo. Es el gran olvidado

-¿Cómo explicar que entre quienes viven en Cuba, en medio de la crisis, haya quien lea, se interese por los libros e incluso participe en un debate bibliográfico?

-La apatía es el general que realmente manda en Cuba, pero por un momento lo vencimos. Ya hay muy pocos interesados en la lectura en Cuba y menos cuando se trata de literatura cubana. Esto si se quiere es un acto de los últimos rebeldes, sobre todo porque somos conscientes de que el libro y la literatura cubana están heridos y muy posiblemente de muerte. Quizás la manera en que llevamos el debate, con el típico carácter jodedor del cubano, hizo que muchos se embullaran a participar y de hecho se convirtió en algo más serio de lo que se planteó tan sólo cómo una broma infinita. Hubo gente que con gran modestia me dijo que no se atrevía a participar más activamente por no haber leído muchos de los títulos mencionados, pero son personas que, me consta, gozan de una gran cultura y de verdadero amor por la literatura, especialmente la cubana.

Alertan en la ONU de otra cara del 'plan C' de AMLO: prisión preventiva

 

    En el momento en el que una reforma sacude al Poder Judicial en México, expertos de las Naciones Unidas mueven los reflectores hacia otra cara del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador: la prisión preventiva oficiosa.

  El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presenta al actual 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) el informe final de su visita a México (18-29 de septiembre de 2023).

  La detención arbitraria, dice el informe, es aún una “práctica generalizada” en México, que se une a otros defectos del sistema, como “el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, -que violan el derecho a la libertad-, la militarización de la seguridad pública -que ha conllevado al incremento de las violaciones a los derechos humanos-, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.

  Esta fue la segunda visita del mecanismo en 22 años, tras la primera de 2001. Muestra la apertura del gobierno mexicano a la cooperación internacional en derechos humanos, paradójicamente contraria a la retórica de López Obrador, que rechaza la  observación externa, incluso en casos graves, como el de Venezuela.

  

Ganna Yudkivska, Matthew Gillet y Miriam Estrada Castillo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, halban a la prensa en la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  La misión estuvo integrada por Matthew Gillett (Nueva Zelandia), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (Ecuador), más personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  Según su reporte, hablaron con los tres poderes federales, autoridades estatales y órganos operativos. Visitaron prisiones, estaciones de policía y centros de detención de migrantes. Entrevistaron a más de 170 personas en prisión, con “acceso pleno y sin obstáculos a todos los lugares” que pretendieron.

  El informe revisa la detención arbitraria en forma panorámica, pero su enfoque de la prisión preventiva oficiosa es una alerta sobre un caso que pronto puede cambiar en México.

  El artículo 19 constitucional prevé la prisión preventiva oficiosa para varios delitos. En 2022, de las cerca de 90 mil personas procesadas, es decir, sin sentencia, cerca de la mitad cumplían prisión preventiva oficiosa, señala el reporte.

  El asunto ya estaba bajo observación internacional. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sancionó al Estado mexicano y le ordenó suprimir esa figura de la Constitución, para alinearse con la legislación internacional.

  México está sometido por decisión propia a la competencia de la CoIDH y, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a adecuar su legislación interna a los tratados internacionales.

  La resolución de la CoIDH surgió con la orden de liberar a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron presos sin fundamento durante 17 años y medio, sujetos, sucesivamente, al arraigo y la prisión preventiva oficiosa.  

Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en imagen de enero de 2020. Foto Alfredo Domínguez/ La Jornada

  Pero, en sentido contrario al fallo de la Corte, López Obrador propuso a principios de este año ampliar los casos de prisión preventiva oficiosa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura, aprobó en agosto el dictamen correspondiente, que puede pasar ahora a las nuevas cámaras, constituidas este mes.

  La detención preventiva oficiosa “ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano”, subraya el informe.

  Si la iniciativa de López Obrador culmina en una reforma constitucional, “contravendría las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de derechos humanos, incluidos múltiples tratados de los que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

  “El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que (…) sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”, concluye el informe. 

  El Grupo de Trabajo también hizo recomendaciones, entre otras, sobre el Registro Nacional de Detenciones (que consigne todas las detenciones, como las de migrantes y personas con discapacidad psicosocial); arraigo (prisión preventiva sin acusación penal); detenciones arbitrarias por personal militar (60 de las 240 denuncias entre 2018 y 2023 estaban sin resolverse al momento de la visita); desmilitarizar la seguridad pública (que las fuerzas armadas actúen sólo por excepción y  subordinadas a la autoridad civil) y revisar la ley migratoria (para que defina claramente el límite de tiempo de detención de un extranjero indocumentado).