México voltea hacia otro lado ante crisis venezolana

 

  Tras medio año de contradicciones, el gobierno de México reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sin que la autoridad electoral del país sudamericano haya exhibido el resultado de las elecciones del 28 de julio pasado.

  Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, en sus respectivas administraciones, abandonaron su inicial exigencia de transparencia en los resultados, rompieron la gestión común para ese fin con Brasil y Colombia, negaron la gravedad de la crisis venezolana y cedieron ante la autoproclamación de Maduro.

Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Nicolás Maduro en Caracas, el 6 de enero de 2025. Fotos Presidencia de México y Afp

  Primero la cancillería mexicana defendió el punto clave de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhibiera las actas de la votación.

  En su conferencia del 30 de julio, López Obrador dijo: “Que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten los votos, lo que aquí no quiso ni (los ex presidentesVicente) Fox ni (Felipe) Calderón”.

  De esa forma recordó su propia pelea en 2006, cuando la autoridad electoral declaró ganador a Calderón y López Obrador exigió un recuento íntegro: “Voto por voto, casilla por casilla”.

  El mismo día, horas más tarde y ya como presidenta electa, Sheinbaum repitió en esencia la posición de López Obrador y también evocó la disputa mexicana de 18 años atrás.

  “Es importante siempre transparentar los resultados”, dijo Sheinbaum a la prensa. “Como todos sabemos, la autoridad electoral dio un resultado que da el triunfo al presidente Maduro y es importante, como lo planteamos en su momento en el 2006, que se transparente el resultado. Escuché hoy al presidente que hablaba de un 80 por ciento computado, hay que esperar también al final del cómputo. Entonces, lo primero es transparencia en el resultado y que se termine de contar”.

  La mandataria electa hablaba entonces de un reporte del CNE que consignaba supuestos porcentajes de votación sin apoyo documental.

  Una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México, el 1 de agosto, confirmó la necesidad de la exhibición de actas y agregó el reclamo de una “verificación imparcial”.

  En un segundo comunicado, los tres gobierno precisaron, además, que es el CNE, no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la autoridad que por ley debe divulgar los resultados.

  Era una reacción a la salida que encontró Maduro: promover ante el TSJ un recurso, saltarse al Consejo y evitar así la exhibición de las actas de votación.

  López Obrador cambió ya abiertamente el enfoque el 15 de agosto, cuando planteó esperar el fallo del TSJ, evitar toda opinión de cualquier tipo sobre la crisis y objetar la intervención de otros países en la solución del conflicto. 

  El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 16 de agosto resolvió instar a las autoridades venezolanas a difundir y verificar los resultados. México estuvo ausente. Pudo debatir, negociar el proyecto de resolución, votar en contra o abstenerse, pero prefirió abandonar la plaza en silencio.

   El 22 de agosto, y sin resultados a la vista, el TSJ declaró a Maduro ganador, 

La presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la sesión en la que el órgano declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones. Foto Ap

   López Obrador ya había roto la concertación con Colombia y Brasil. Sheinbaum siguió en todos los puntos a su antecesor: confirmó esa ruptura y argumentó la nueva posición mexicana.

  El 15 de octubre, ya en el cargo, la presidenta recordó que esos tres países habían llamado a que “se transparentaran los resultados” en Venezuela.

  Pero “a partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto”, dijo. ¿Por qué decidió romper ya explícitamente con Lula y Petro y dejar de pedir con ellos la exhibición de las actas de votación? No lo explicó Sheinbaum. 

  El 23 de diciembre avanzó un paso más al anunciar una representación mexicana en la toma de posesión de Maduro, lo que confirmó el 6 de enero, cuando amplió un poco su alegato: “La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo: la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir”.

  Igual que López Obrador, Sheinbaum omite sistemáticamente que uno de los mandatos constitucionales de la política exterior mexicana es la promoción de los derechos humanos.

  El punto, recién expuesto con amplitud por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ganó densidad en los últimos meses por la extensa represión que ha emprendido Maduro.

Informe de la CIDH sobre Venezuela difundido el 7 de enero de 2025

  La reacción de la oposición a todo el proceso ha escalado desde difundir sus copias de actas electorales a reclamar a toda costa lo que considera el triunfo de su candidato Edmundo González. El choque de trenes sólo va a empeorar la crisis venezolana. 

  Al voltear hacia otro lado, la presidenta y su antecesor ignoraron tanto la experiencia diplomática mexicana como el trayecto que recorrió Maduro para llegar a las elecciones de julio.

  México ha intervenido por razones de seguridad nacional en conflictos vecinos. Sólo en poco más de medio siglo, la ruptura de relaciones con Somoza (1979), la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), el Grupo Contadora para Centroamérica (1983), las mesas de paz para Colombia desde la década de los noventa y la gestión multilateral de los últimos años para encarar la crisis de Haití.

  Maduro ha discutido y adoptado acuerdos sobre asuntos internos con Estados Unidos (Qatar, 2023) y ha negociado con la oposición con la mediación de terceros (Barbados, 2023), con una larga fase previa, cuya sede fue la Ciudad de México. En este tramo ofreció celebrar elecciones justas, con garantías para todos, sin exclusiones y con observación internacional, lo que claramente incumplió.

Jorge Rodríguez por el gobierno y Gerardo Blyde por la oposición, firman el acuerdo de Barbados el 17 de octubre de 2023. Foto Afp

Por último, aunque no menos importante, Sheinbaum, que como López Obrador ha declarado su interés por resolver las causas de la migración, tendrá que observar cómo la crisis electoral y su secuela de represión son combustible para el éxodo venezolano de casi ocho millones de personas en los últimos años. Para México, una razón de seguridad nacional.    

¿Cuáles son los 100 mejores libros del siglo XX en Cuba?

 Una intensa discusión virtual y espontánea desembocó en las últimas semanas en la formación de una especie de canon editorial de Cuba en el siglo XX.

“Yo sólo lancé la idea a mis clientes y respondieron masivamente”, dice Guivei Reina, experimentado vendedor de libros viejos en La Habana, que edita la cuenta Librería Isla Bonita en Instagram y Facebook, donde difundió el resultado.

La discusión, primero abierta y desorganizada, corrió por un canal de WhatsApp y de ahí brincó a su versión final. El consenso fue fijar en 100 la cantidad de libros de autores cubanos publicados en la isla el siglo pasado.

El elemento más valioso es que intervino “gente que lee, no gente que critica”, dice Guivei. La mayoría de participantes están entre los 30 y 40 años, pero “tuvimos la ayuda inestimable de libreros de más de 70 años y otros de apenas 21”. Hubo propuestas desde Nueva York, Belgrado, Moscú, Miami, Ecuador, Portugal… un poco como la nación que hoy somos”.

La lista empieza con Tradiciones cubanas (Álvaro de la Iglesia, 1911) y termina con La isla en peso (Virgilio Piñera, 1999). En medio está una vigorosa representación del ensayo y la creación en Cuba en el siglo pasado, con muchos de los nombres que pueden venir a la memoria de cualquier lector de obra de la isla en esa época.

De los autores vivos hay títulos de Miguel Barnet, Abilio Estévez, Reynaldo González, Pedro Juan Gutiérrez, Leonardo Padura, Senel Paz, Julio Travieso y Zoé Valdés.

Algunos enlistados padecieron distintas formas de marginación oficial, aunque fueron reivindicados años después, como Antón Arrufat, Gastón Baquero, Eduardo Heras León, José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Severo Sarduy. Otros siguen ignorados como Reynaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Jesús Díaz, Norberto Fuentes y Heberto Padilla.

La relación de un arco tan amplio es un ejercicio singular en Cuba, que remite al discurso del poeta César López (1933–2020) en la Feria del Libro de La Habana de 2007, cuando defendió un canon literario incluyente, con nombres de los alguna vez proscritos o proscritos a secas.

La sola idea y la versión definitiva del catálogo de los 100 del siglo XX pueden avivar la discusión hasta el infinito, incluso con disparos al aire: “Hubo quien salió a criticar sin haber leído la lista”, dice Guivei. Pero el espíritu de la lista es “salvar lo mejor y más querido de la bibliografia cubana”.

“De manera activa o muy activa fueron unas diez personas que defendieron con dientes y uñas la inclusión de cada uno de sus autores favoritos, pero cerca de 20 hicieron algún aporte o recordaron a algún autor que no había sido nombrado”, recuerda el librero sobre el debate.

-¿Tuvieron que eliminar muchos títulos? ¿Cuántas propuestas hubo?

-Al final nos dimos cuenta de que 100 títulos no eran suficientes para tanta obra de calidad que, para suerte nuestra, han sido escritas en esta isla que no es pequeña ni geográfica ni literariamente.

El nombre que sin dudas quedó fuera por el apuro y la inexperiencia en un acto de este tipo fue el de Rafaela Chacón Nardi (poeta, 1926–2001). Y en la lista estuvo por un momento César Leante (novelista, ensayista y periodista, 1928–2013).

Hubo un gran coleccionista de libros, Manuel Alejandro, que propuso a muchos autores que sin duda son importantes, pero cuyos libros hoy es imposible encontrar, como (José Manuel) Carbonell (1880–1968). Pero no podía ser injusto con autores que un día estuvieron en las casas cubanas y la desidia los dejó fuera. En representación de esos autores, Manuel Sanguily, Raúl Roa, Emilio Bacardí y otros tantos, pusimos, olímpicamente si se quiere, a Carbonell y su Evolución de la cultura cubana (1927).

Creo que hay que agregar, y con esto estaríamos reparando una injusticia histórica enorme, que si bien Heberto Padilla es el poeta más conocido, por razones obvias, el más mencionado de su generación, César Lopez, quien sufrió el ostracismo en silencio, es sin dudas uno de los escritores que debieron estar en la lista. Pocos recuerdan que el “caso Padilla” también fue el “caso César López”, pero el poeta terminó siendo castigado en un bando por no ser lo suficientemente revolucionario y en el otro por no dejar de serlo. Es el gran olvidado

-¿Cómo explicar que entre quienes viven en Cuba, en medio de la crisis, haya quien lea, se interese por los libros e incluso participe en un debate bibliográfico?

-La apatía es el general que realmente manda en Cuba, pero por un momento lo vencimos. Ya hay muy pocos interesados en la lectura en Cuba y menos cuando se trata de literatura cubana. Esto si se quiere es un acto de los últimos rebeldes, sobre todo porque somos conscientes de que el libro y la literatura cubana están heridos y muy posiblemente de muerte. Quizás la manera en que llevamos el debate, con el típico carácter jodedor del cubano, hizo que muchos se embullaran a participar y de hecho se convirtió en algo más serio de lo que se planteó tan sólo cómo una broma infinita. Hubo gente que con gran modestia me dijo que no se atrevía a participar más activamente por no haber leído muchos de los títulos mencionados, pero son personas que, me consta, gozan de una gran cultura y de verdadero amor por la literatura, especialmente la cubana.

Alertan en la ONU de otra cara del 'plan C' de AMLO: prisión preventiva

 

    En el momento en el que una reforma sacude al Poder Judicial en México, expertos de las Naciones Unidas mueven los reflectores hacia otra cara del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador: la prisión preventiva oficiosa.

  El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presenta al actual 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) el informe final de su visita a México (18-29 de septiembre de 2023).

  La detención arbitraria, dice el informe, es aún una “práctica generalizada” en México, que se une a otros defectos del sistema, como “el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, -que violan el derecho a la libertad-, la militarización de la seguridad pública -que ha conllevado al incremento de las violaciones a los derechos humanos-, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.

  Esta fue la segunda visita del mecanismo en 22 años, tras la primera de 2001. Muestra la apertura del gobierno mexicano a la cooperación internacional en derechos humanos, paradójicamente contraria a la retórica de López Obrador, que rechaza la  observación externa, incluso en casos graves, como el de Venezuela.

  

Ganna Yudkivska, Matthew Gillet y Miriam Estrada Castillo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, halban a la prensa en la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  La misión estuvo integrada por Matthew Gillett (Nueva Zelandia), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (Ecuador), más personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  Según su reporte, hablaron con los tres poderes federales, autoridades estatales y órganos operativos. Visitaron prisiones, estaciones de policía y centros de detención de migrantes. Entrevistaron a más de 170 personas en prisión, con “acceso pleno y sin obstáculos a todos los lugares” que pretendieron.

  El informe revisa la detención arbitraria en forma panorámica, pero su enfoque de la prisión preventiva oficiosa es una alerta sobre un caso que pronto puede cambiar en México.

  El artículo 19 constitucional prevé la prisión preventiva oficiosa para varios delitos. En 2022, de las cerca de 90 mil personas procesadas, es decir, sin sentencia, cerca de la mitad cumplían prisión preventiva oficiosa, señala el reporte.

  El asunto ya estaba bajo observación internacional. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sancionó al Estado mexicano y le ordenó suprimir esa figura de la Constitución, para alinearse con la legislación internacional.

  México está sometido por decisión propia a la competencia de la CoIDH y, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a adecuar su legislación interna a los tratados internacionales.

  La resolución de la CoIDH surgió con la orden de liberar a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron presos sin fundamento durante 17 años y medio, sujetos, sucesivamente, al arraigo y la prisión preventiva oficiosa.  

Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en imagen de enero de 2020. Foto Alfredo Domínguez/ La Jornada

  Pero, en sentido contrario al fallo de la Corte, López Obrador propuso a principios de este año ampliar los casos de prisión preventiva oficiosa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura, aprobó en agosto el dictamen correspondiente, que puede pasar ahora a las nuevas cámaras, constituidas este mes.

  La detención preventiva oficiosa “ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano”, subraya el informe.

  Si la iniciativa de López Obrador culmina en una reforma constitucional, “contravendría las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de derechos humanos, incluidos múltiples tratados de los que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

  “El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que (…) sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”, concluye el informe. 

  El Grupo de Trabajo también hizo recomendaciones, entre otras, sobre el Registro Nacional de Detenciones (que consigne todas las detenciones, como las de migrantes y personas con discapacidad psicosocial); arraigo (prisión preventiva sin acusación penal); detenciones arbitrarias por personal militar (60 de las 240 denuncias entre 2018 y 2023 estaban sin resolverse al momento de la visita); desmilitarizar la seguridad pública (que las fuerzas armadas actúen sólo por excepción y  subordinadas a la autoridad civil) y revisar la ley migratoria (para que defina claramente el límite de tiempo de detención de un extranjero indocumentado).

Otra herencia para Sheinbaum: apoyo a Maduro

 

  Además de tensiones en la relación con Estados Unidos y Canadá, por su plan de reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará a su sucesora Claudia Sheinbaum otra herencia internacional de última hora: el apoyo a Nicolás Maduro.

  Es posible que, al asumir el mando el próximo 1 de octubre, la nueva mandataria mexicana, que obtuvo el mayor caudal de votos de la historia, tenga que estrechar la mano a quien no ha podido, un mes después, mostrar la prueba de lo que afirma ser su triunfo electoral.

Claudia Sheinbaum tras el cierre de urnas en las elecciones presidenciales de México, el 2 de junio de 2024. Foto Ap 

Nicolás Maduro el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Foto Afp

  La reacción oficial mexicana ante la crisis poselectoral en Venezuela transitó por reacomodos entre comunicados de la cancillería y las conferencias mañaneras del mandatario.

  Al principio México defendió el punto clave de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhibiera las actas de votación. 

  López Obrador fue sensible a la idea de un recuento total de votos, porque de inmediato evocó su propia experiencia como candidato en las elecciones de 2006. 

  La autoridad declaró entonces presidente a Felipe Calderón, por una diferencia de algo más de 200 mil votos, el 0.56 por ciento de la votación. López Obrador rechazó el resultado, alegó fraude y exigió una revisión íntegra de las boletas, lo que nunca ocurrió.

  El presidente mexicano recuerda con insistencia aquel episodio. En relación a Venezuela repitió la consigna con la que movilizó a sus simpatizantes hace 18 años: “¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!”

  “Si existen dudas”, dijo de Venezuela, “que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni (el presidente Vicente) Fox ni Calderón”.

  Pero López Obrador puso enseguida objeciones a cualquier participación externa: “¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes, cosas qué hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo?”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 15 de agosto de 2024. Imagen tomada de la transmisión 

  Una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México confirmó la necesidad de la exhibición de actas y agregó el reclamo de una “verificación imparcial” de los resultados.

  En un segundo comunicado, los tres gobierno precisaron, además, que es el CNE, no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la autoridad a la que corresponde por ley la divulgación de los resultados electorales.

  Era una reacción a la salida que encontró Maduro al promover un recurso ante el TSJ, saltarse al Consejo y evitar la exhibición de las actas de votación.

  México estuvo ausente en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que discutió el caso de Venezuela, el 31 de julio. 

  Pudo debatir, negociar el proyecto de resolución, votar en contra o abstenerse, pero el abandono de la plaza ya revelaba el rumbo que tomaba entonces la posición mexicana.

  La canciller Alicia Bárcena entró en una ronda de consultas.  Habló con su colega español José Manuel Albares y el secretario de Estado Antony Blinken y viajó a Chile, donde se entrevistó con el presidente Gabriel Boric. Ninguno de esos contactos tuvo resultados prácticos.

  López Obrador insistió en el recuento de votos y el veto a la  participación exterior, pero ya abiertamente cambió el enfoque en su conferencia del 15 de agosto, cuando planteó esperar el fallo del TSJ y evitar toda opinión de cualquier tipo sobre la crisis. 

  Por una parte le abrió el camino a Maduro para que obtuviera una declaración de ganador sin exhibir resultados, una práctica insólita en cualquier sistema electoral. 

  Por otro lado, López Obrador descolgó a México del incipiente mecanismo con Brasil y Colombia, única ventana multilateral viable en este caso para México, que ignoraba a la OEA y se distanciaba de la mayoría de la región, unida en la exigencia de exhibición de actas.

  Con esas rupturas, la crisis venezolana dejó colapsada a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), ya sacudida por la errática conducción hondureña.

  En los días siguientes ya no hubo más comunicados de la cancillería. López Obrador insistió en sus conferencias en evitar cualquier participación exterior en la búsqueda de soluciones para Venezuela.

  Ignoró así la experiencia mexicana, algunas de cuyas decisiones, fincadas en razones de seguridad nacional, influyeron de manera sustancial en conflictos vecinos: sólo en poco más de medio siglo, la ruptura de relaciones con Somoza (1979), la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), el Grupo Contadora para Centroamérica (1983) o el auspicio de mesas de paz para Colombia desde los años noventa.

  Aún si López Obrador quisiera borrar la trayectoria de la diplomacia mexicana, tendrá que tomar nota de que, ya en los últimos meses, Maduro ha discutido y adoptado acuerdos sobre asuntos internos con Estados Unidos (Qatar, 2023) 

y ha negociado con la oposición con la mediación de terceros (Barbados, 2023), 

con una larga fase previa, cuya sede fue la Ciudad de México. 

Imagen del acuerdo de Qatar entre Venezuela y EU, publicada por Nicolás Maduro el 1 de agosto de 2024 en su cuenta de X @NicolasMaduro

  Por último, aunque no menos importante, López Obrador, que ha declarado su interés por resolver las causas de la migración, tendrá que observar cómo la crisis electoral y su secuela de represión y violencia son combustible para el éxodo venezolano de casi ocho millones de personas en los últimos años. Para México, un asunto de seguridad nacional.

El reclamo a Maduro desde la izquierda

 

 

 Un sector de la izquierda en América Latina ha expresado en distintos tonos, pero con claridad, su interés en que las elecciones en Venezuela sean transparentes y que el gobierno de Nicolás Maduro respete el resultado.

  No será lo mismo el deseo que la realidad, pero sólo poner la mirada en las reglas básicas del juego democrático refleja la distancia que ha tomado esa franja política del curso que lleva el país sudamericano.

  Maduro disparó las alarmas cuando dijo que un triunfo electoral de la oposición iba a desembocar en un “baño de sangre”.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el cierre de campaña electoral, el 25 de julio de 2024. Foto Ap

  El presidente brasileño Luiz Inacio Lula dijo que se asustó con esa declaración. “Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre", afirmó.

  "Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", agregó alguien que ha pasado por toda la escala de opciones en la lucha por el poder

  El venezolano respondió con una tácita ratificación de sus dichos: "Yo no dije mentiras. Solo hice una reflexión. El que se asustó que se tome una manzanilla. En Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta”.

  Días después, el presidente chileno Gabriel Boric rechazó también la amenaza del “baño de sangre” y reclamó elecciones "transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional”, con una "garantía especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados”.

   Lula había mantenido una buena relación y diálogo fluido con Maduro. Pese a la tirantez del intercambio verbal, el mandatario brasileño envió a Caracas a su asesor, el veterano ex canciller Celso Amorim, como observador de los comicios.

  Boric ha sido abiertamente crítico de las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones a la libertad de prensa en Venezuela. 

  Las relaciones entre Santiago y Caracas se enfriaron a raíz del asesinato de un exiliado venezolano en territorio chileno y una polémica sobre los alcances del Tren de Aragua, la banda delictiva originaria de Venezuela que se ha extendido en buena parte de Sudamérica.

  Pero más conflictiva resultó la situación del ex presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023). Invitado a los comicios como observador por el Consejo Nacional Electoral, tuvo que cancelar su viaje tras un pedido de Maduro, por declaraciones del peronista que “causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”, según explicó. 

  Fernández había dicho días antes en una entrevista que quien fuera el derrotado en las elecciones “lo que tiene que hacer es aceptarlo”. Maduro entendió que la convergencia de opiniones con Lula “generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, el que gana, gana y el que pierde, pierde”.

  Estos diferendos prolongan los que sostuvo Maduro con Lula, Boric y el colombiano Gustavo Petro en marzo pasado, a raíz de la inhabilitación que impuso el gobierno a la candidata opositora María Corina Machado, para impedirle aparecer en la boleta y luego para que se registrara su sucesora, Corina Yoris. El venezolano respondió a sus críticos con el calificativo de "izquierda cobarde".

  Lula y Petro insistieron en abrir un espacio de diálogo con Maduro y en presionarlo para que se acercara lo más posible a unas elecciones serias. Quizás esa presión tuvo algún peso para permitir que el tercer candidato opositor en fila, Edmundo González, finalmente pudiera competir legalmente. El brasileño advirtió que "la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo".

   Venezuela llega a estas elecciones tras años de crisis politica, hundimiento económico, una sangría poblacional por la migración sin precedente y los mayores escándalos de corrupción en décadas. Cualquiera que sea el desenlace, la credibilidad de Maduro está bajo cuestionamiento de corrientes y gobiernos que en otro tiempo pudieron ser sus aliados.