Alertan en la ONU de otra cara del 'plan C' de AMLO: prisión preventiva

 

    En el momento en el que una reforma sacude al Poder Judicial en México, expertos de las Naciones Unidas mueven los reflectores hacia otra cara del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador: la prisión preventiva oficiosa.

  El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presenta al actual 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) el informe final de su visita a México (18-29 de septiembre de 2023).

  La detención arbitraria, dice el informe, es aún una “práctica generalizada” en México, que se une a otros defectos del sistema, como “el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, -que violan el derecho a la libertad-, la militarización de la seguridad pública -que ha conllevado al incremento de las violaciones a los derechos humanos-, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.

  Esta fue la segunda visita del mecanismo en 22 años, tras la primera de 2001. Muestra la apertura del gobierno mexicano a la cooperación internacional en derechos humanos, paradójicamente contraria a la retórica de López Obrador, que rechaza la  observación externa, incluso en casos graves, como el de Venezuela.

  

Ganna Yudkivska, Matthew Gillet y Miriam Estrada Castillo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, halban a la prensa en la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  La misión estuvo integrada por Matthew Gillett (Nueva Zelandia), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (Ecuador), más personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  Según su reporte, hablaron con los tres poderes federales, autoridades estatales y órganos operativos. Visitaron prisiones, estaciones de policía y centros de detención de migrantes. Entrevistaron a más de 170 personas en prisión, con “acceso pleno y sin obstáculos a todos los lugares” que pretendieron.

  El informe revisa la detención arbitraria en forma panorámica, pero su enfoque de la prisión preventiva oficiosa es una alerta sobre un caso que pronto puede cambiar en México.

  El artículo 19 constitucional prevé la prisión preventiva oficiosa para varios delitos. En 2022, de las cerca de 90 mil personas procesadas, es decir, sin sentencia, cerca de la mitad cumplían prisión preventiva oficiosa, señala el reporte.

  El asunto ya estaba bajo observación internacional. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sancionó al Estado mexicano y le ordenó suprimir esa figura de la Constitución, para alinearse con la legislación internacional.

  México está sometido por decisión propia a la competencia de la CoIDH y, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a adecuar su legislación interna a los tratados internacionales.

  La resolución de la CoIDH surgió con la orden de liberar a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron presos sin fundamento durante 17 años y medio, sujetos, sucesivamente, al arraigo y la prisión preventiva oficiosa.  

Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en imagen de enero de 2020. Foto Alfredo Domínguez/ La Jornada

  Pero, en sentido contrario al fallo de la Corte, López Obrador propuso a principios de este año ampliar los casos de prisión preventiva oficiosa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura, aprobó en agosto el dictamen correspondiente, que puede pasar ahora a las nuevas cámaras, constituidas este mes.

  La detención preventiva oficiosa “ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano”, subraya el informe.

  Si la iniciativa de López Obrador culmina en una reforma constitucional, “contravendría las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de derechos humanos, incluidos múltiples tratados de los que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

  “El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que (…) sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”, concluye el informe. 

  El Grupo de Trabajo también hizo recomendaciones, entre otras, sobre el Registro Nacional de Detenciones (que consigne todas las detenciones, como las de migrantes y personas con discapacidad psicosocial); arraigo (prisión preventiva sin acusación penal); detenciones arbitrarias por personal militar (60 de las 240 denuncias entre 2018 y 2023 estaban sin resolverse al momento de la visita); desmilitarizar la seguridad pública (que las fuerzas armadas actúen sólo por excepción y  subordinadas a la autoridad civil) y revisar la ley migratoria (para que defina claramente el límite de tiempo de detención de un extranjero indocumentado).

Otra herencia para Sheinbaum: apoyo a Maduro

 

  Además de tensiones en la relación con Estados Unidos y Canadá, por su plan de reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará a su sucesora Claudia Sheinbaum otra herencia internacional de última hora: el apoyo a Nicolás Maduro.

  Es posible que, al asumir el mando el próximo 1 de octubre, la nueva mandataria mexicana, que obtuvo el mayor caudal de votos de la historia, tenga que estrechar la mano a quien no ha podido, un mes después, mostrar la prueba de lo que afirma ser su triunfo electoral.

Claudia Sheinbaum tras el cierre de urnas en las elecciones presidenciales de México, el 2 de junio de 2024. Foto Ap 

Nicolás Maduro el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Foto Afp

  La reacción oficial mexicana ante la crisis poselectoral en Venezuela transitó por reacomodos entre comunicados de la cancillería y las conferencias mañaneras del mandatario.

  Al principio México defendió el punto clave de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhibiera las actas de votación. 

  López Obrador fue sensible a la idea de un recuento total de votos, porque de inmediato evocó su propia experiencia como candidato en las elecciones de 2006. 

  La autoridad declaró entonces presidente a Felipe Calderón, por una diferencia de algo más de 200 mil votos, el 0.56 por ciento de la votación. López Obrador rechazó el resultado, alegó fraude y exigió una revisión íntegra de las boletas, lo que nunca ocurrió.

  El presidente mexicano recuerda con insistencia aquel episodio. En relación a Venezuela repitió la consigna con la que movilizó a sus simpatizantes hace 18 años: “¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!”

  “Si existen dudas”, dijo de Venezuela, “que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni (el presidente Vicente) Fox ni Calderón”.

  Pero López Obrador puso enseguida objeciones a cualquier participación externa: “¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes, cosas qué hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo?”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 15 de agosto de 2024. Imagen tomada de la transmisión 

  Una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México confirmó la necesidad de la exhibición de actas y agregó el reclamo de una “verificación imparcial” de los resultados.

  En un segundo comunicado, los tres gobierno precisaron, además, que es el CNE, no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la autoridad a la que corresponde por ley la divulgación de los resultados electorales.

  Era una reacción a la salida que encontró Maduro al promover un recurso ante el TSJ, saltarse al Consejo y evitar la exhibición de las actas de votación.

  México estuvo ausente en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que discutió el caso de Venezuela, el 31 de julio. 

  Pudo debatir, negociar el proyecto de resolución, votar en contra o abstenerse, pero el abandono de la plaza ya revelaba el rumbo que tomaba entonces la posición mexicana.

  La canciller Alicia Bárcena entró en una ronda de consultas.  Habló con su colega español José Manuel Albares y el secretario de Estado Antony Blinken y viajó a Chile, donde se entrevistó con el presidente Gabriel Boric. Ninguno de esos contactos tuvo resultados prácticos.

  López Obrador insistió en el recuento de votos y el veto a la  participación exterior, pero ya abiertamente cambió el enfoque en su conferencia del 15 de agosto, cuando planteó esperar el fallo del TSJ y evitar toda opinión de cualquier tipo sobre la crisis. 

  Por una parte le abrió el camino a Maduro para que obtuviera una declaración de ganador sin exhibir resultados, una práctica insólita en cualquier sistema electoral. 

  Por otro lado, López Obrador descolgó a México del incipiente mecanismo con Brasil y Colombia, única ventana multilateral viable en este caso para México, que ignoraba a la OEA y se distanciaba de la mayoría de la región, unida en la exigencia de exhibición de actas.

  Con esas rupturas, la crisis venezolana dejó colapsada a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), ya sacudida por la errática conducción hondureña.

  En los días siguientes ya no hubo más comunicados de la cancillería. López Obrador insistió en sus conferencias en evitar cualquier participación exterior en la búsqueda de soluciones para Venezuela.

  Ignoró así la experiencia mexicana, algunas de cuyas decisiones, fincadas en razones de seguridad nacional, influyeron de manera sustancial en conflictos vecinos: sólo en poco más de medio siglo, la ruptura de relaciones con Somoza (1979), la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), el Grupo Contadora para Centroamérica (1983) o el auspicio de mesas de paz para Colombia desde los años noventa.

  Aún si López Obrador quisiera borrar la trayectoria de la diplomacia mexicana, tendrá que tomar nota de que, ya en los últimos meses, Maduro ha discutido y adoptado acuerdos sobre asuntos internos con Estados Unidos (Qatar, 2023) 

y ha negociado con la oposición con la mediación de terceros (Barbados, 2023), 

con una larga fase previa, cuya sede fue la Ciudad de México. 

Imagen del acuerdo de Qatar entre Venezuela y EU, publicada por Nicolás Maduro el 1 de agosto de 2024 en su cuenta de X @NicolasMaduro

  Por último, aunque no menos importante, López Obrador, que ha declarado su interés por resolver las causas de la migración, tendrá que observar cómo la crisis electoral y su secuela de represión y violencia son combustible para el éxodo venezolano de casi ocho millones de personas en los últimos años. Para México, un asunto de seguridad nacional.

El reclamo a Maduro desde la izquierda

 

 

 Un sector de la izquierda en América Latina ha expresado en distintos tonos, pero con claridad, su interés en que las elecciones en Venezuela sean transparentes y que el gobierno de Nicolás Maduro respete el resultado.

  No será lo mismo el deseo que la realidad, pero sólo poner la mirada en las reglas básicas del juego democrático refleja la distancia que ha tomado esa franja política del curso que lleva el país sudamericano.

  Maduro disparó las alarmas cuando dijo que un triunfo electoral de la oposición iba a desembocar en un “baño de sangre”.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el cierre de campaña electoral, el 25 de julio de 2024. Foto Ap

  El presidente brasileño Luiz Inacio Lula dijo que se asustó con esa declaración. “Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre", afirmó.

  "Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", agregó alguien que ha pasado por toda la escala de opciones en la lucha por el poder

  El venezolano respondió con una tácita ratificación de sus dichos: "Yo no dije mentiras. Solo hice una reflexión. El que se asustó que se tome una manzanilla. En Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta”.

  Días después, el presidente chileno Gabriel Boric rechazó también la amenaza del “baño de sangre” y reclamó elecciones "transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional”, con una "garantía especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados”.

   Lula había mantenido una buena relación y diálogo fluido con Maduro. Pese a la tirantez del intercambio verbal, el mandatario brasileño envió a Caracas a su asesor, el veterano ex canciller Celso Amorim, como observador de los comicios.

  Boric ha sido abiertamente crítico de las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones a la libertad de prensa en Venezuela. 

  Las relaciones entre Santiago y Caracas se enfriaron a raíz del asesinato de un exiliado venezolano en territorio chileno y una polémica sobre los alcances del Tren de Aragua, la banda delictiva originaria de Venezuela que se ha extendido en buena parte de Sudamérica.

  Pero más conflictiva resultó la situación del ex presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023). Invitado a los comicios como observador por el Consejo Nacional Electoral, tuvo que cancelar su viaje tras un pedido de Maduro, por declaraciones del peronista que “causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”, según explicó. 

  Fernández había dicho días antes en una entrevista que quien fuera el derrotado en las elecciones “lo que tiene que hacer es aceptarlo”. Maduro entendió que la convergencia de opiniones con Lula “generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, el que gana, gana y el que pierde, pierde”.

  Estos diferendos prolongan los que sostuvo Maduro con Lula, Boric y el colombiano Gustavo Petro en marzo pasado, a raíz de la inhabilitación que impuso el gobierno a la candidata opositora María Corina Machado, para impedirle aparecer en la boleta y luego para que se registrara su sucesora, Corina Yoris. El venezolano respondió a sus críticos con el calificativo de "izquierda cobarde".

  Lula y Petro insistieron en abrir un espacio de diálogo con Maduro y en presionarlo para que se acercara lo más posible a unas elecciones serias. Quizás esa presión tuvo algún peso para permitir que el tercer candidato opositor en fila, Edmundo González, finalmente pudiera competir legalmente. El brasileño advirtió que "la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo".

   Venezuela llega a estas elecciones tras años de crisis politica, hundimiento económico, una sangría poblacional por la migración sin precedente y los mayores escándalos de corrupción en décadas. Cualquiera que sea el desenlace, la credibilidad de Maduro está bajo cuestionamiento de corrientes y gobiernos que en otro tiempo pudieron ser sus aliados.     

Asalto a la embajada mexicana y sus efectos secundarios

 

  El asalto a la embajada de México en Ecuador detonó una cadena de reacciones, que provocó reveladores efectos secundarios en el hemisferio.

  Un mes después el caso entró a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México busca la condena de Ecuador, que repare el daño y que quede suspendido como miembro de las Naciones Unidas mientras no emita una disculpa  pública.

  El gobierno de Quito demandó a su vez a México, con el argumento de que mantenía como asilado a un acusado del orden común, el ex vicepresidente Jorge Glas.

  Hay que remontarse a 1950, al caso del líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, para encontrar un litigio en la Corte por asilo. Y hay que ir a 1980 para hallar un asunto en ese tribunal sobre violación de una misión diplomática, por la crisis de los rehenes en la embajada estadunidense en Irán.

La delegación mexicana en la Corte Internacional de Justicia, el 30 de abril de 2024. Foto Gobierno de México

  Un saldo a la vista hasta ahora comprende al menos estos otros impactos:

  -Ecuador. Quedó aislado. Ningún gobierno salió a defender la ruptura de una pieza del núcleo duro de las relaciones internacionales. Ya está suspendido en su membresía en Naciones Unidas por demora en el pago de cuotas.

  -EU. El sábado 6 de abril emitió un comunicado del vocero del Departamento de Estado, que omitía referencias explícitas al caso y sólo condenaba “cualquier violación” a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961).

  Iba en la misma línea de la respuesta internacional, pero el nivel del firmante y la vaguedad del  texto eran demasiado débiles para el tamaño de los hechos. El lunes siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la declaración, igual que la de Canadá, por “ambiguas”. 

  El mismo lunes 8, Washington rectificó. El consejero nacional de Seguridad, Jake Sullivan, en persona, antes de una conferencia de prensa, leyó una nota de condena.

  López Obrador informó que durante el fin de semana le había enviado al presidente Joe Biden un video sobre el ataque, tras lo cual se produjo la corrección.

  -Canadá. Una primera declaración de la cancillería citó una “aparente” violación a la embajada. 

  Días después, un segundo comunicado dijo que “funcionarios canadienses han revisado detalladamente las imágenes” del caso, lo cual fue “una clara violación” de la Convención de Viena. “Canadá condena todas” las violaciones de ese instrumento. 

  -OEA. Condenó a Ecuador (29 votos, Ecuador en contra, abstención de El Salvador y dos ausencias, México y Venezuela).

  En contraste con su desdén hacia la organización, de la cual ha pedido que desaparezca,

López Obrador esta vez reconoció el valor de la condena, aunque la consideró “inusual”.

  Surgió un paréntesis de distensión entre la entidad y el gobierno mexicano, que de manera inexplicable se ausentó de la sesión del Consejo Permanente que discutió el asunto.

  -Celac. Sus dos reuniones virtuales, una de cancilleres y otra de jefes de Estado y de gobierno, resultaron conflictivas. No por el caso de la embajada, sino por el liderazgo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. 

  Desde marzo la mandataria estaba cuestionada por un bloque de países (Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay) que consideraban que la presidencia pro tempore no reflejaba en varios asuntos la posición del grupo. 

  Los opositores a Castro alegaron que no había consenso para la convocatoria a las sucesivas reuniones de cancilleres y de jefes de Estado y de gobierno sobre el asunto de la embajada. Ninguno de los mandatarios de este sector asistió a la cumbre, en la que tampoco estuvo Noboa. Sólo participaron en la  reunión virtual diez mandatarios de los 33 Estados miembros: Bolivia, Brasil, Colombia,  Cuba, Guatemala, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, además de Honduras y México.

  Ecuador estuvo en esa reunión representado por la canciller, Gabriela Sommerfeld, pero Castro anunció que ese país quedaba privado de su derecho a expresarse, a petición de López Obrador.

  Al inicio del encuentro, Castro leyó un “Proyecto de comunicado especial” que, según ella misma dijo, había circulado en la reunión de cancilleres, sin que fuera aprobado. El documento condenaba el ataque a la embajada, pedía salvoconducto para Glas y acordaba una comisión para verificar el estado de salud del ex presidente. 

  Un mes después no había constancia de que la cumbre hubiera aprobado el documento. El caso de la embajada mostró el momento más débil de la Celac en sus 14 años de existencia.

   -Colombia. Suspendió la reunión bilateral de gabinetes, prevista para el 25 de abril, que se realizaba regularmente hace más de una década

  -El Salvador. Sobre la embajada se abstuvo en la OEA y en la Celac, donde, además, el presidente Nayib Bukele estuvo ausente de la reunión correspondiente. 

  Es posible que con su abstención Bukele aliente la esperanza de que Noboa se convierta en una especie de aliado en la política de represión generalizada como alternativa a la crisis de seguridad y que quizás esa potencial alianza se extienda a otros terrenos.

  -Honduras. Llamó a consultas a su encargada de negocios en Ecuador y anunció el respaldo a todas las acciones de México. López Obrador informó que el gobierno de Tegucigalpa retiraba a todo su personal diplomático de Ecuador.

Imagen del video difundido por el gobierno de México sobre el asalto de la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024

  -Nicaragua. Rompió relaciones con Ecuador en una medida desproporcionada. El asalto sirvió de pretexto a Daniel Ortega para acentuar su aislamiento interesado, que le facilita el imperio de una dictadura dinástica y militar, sin testigos ni obligaciones externas.

  El año pasado el régimen de Ortega abandonó oficialmente la OEA. En abril de 2022 había tomado por la fuerza el edificio de la organización en Managua y lo declaró de “utilidad pública”. 

  El caso de la embajada coincidió con señales de la buena relación de Ortega con López Obrador. En abril hubo una reunión bilateral de cooperación y el Senado autorizó que cadetes mexicanos participen en un desfile militar en Managua.

  -Venezuela. Está ausente de la OEA desde 2019. En la reunión de Celac, Nicolás Maduro anunció el cierre de su embajada y sus dos consulados en Ecuador, el regreso de su personal diplomático y el respaldo a México para que la ONU suspenda a Ecuador.

  Fue un movimiento parecido  al de Nicaragua, aunque en sentido estricto no fue una ruptura de relaciones. De inmediato quedan sin asistencia consular cerca de medio millón de venezolanos en Ecuador.

  En este caso, Maduro puede buscar un espacio diplomático que ha perdido como resultado de varios frentes abiertos, como el conflicto con Guyana, la violación de los Acuerdos de Barbados por el bloqueo a la oposición en las elecciones, la reanudación de represalias estadunidenses, el mayor escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela SA y un diferendo con Chile por el asesinato en ese país sw un militar venezolano exiliado y una disputa sobre la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

X: GerardoArreola

Threads: garreola89

México y los asilos en conflicto

 

  México enfrentó en el pasado agudos conflictos para defender el derecho de asilo, que al final se tradujeron en largo tiempo para alcanzar una solución.

  El motor del choque era el mismo: el Estado territorial sostiene que persigue delincuentes, mientras el Estado asilante califica la naturaleza del caso.

  La disputa está prevista en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), la más reciente del sistema interamericano, que declara ilícito el beneficio para los sujetos a la acción penal por delitos comunes, salvo que las causas “revistan claramente carácter político”.

  Quien califica la naturaleza del caso es el Estado asilante, según la Convención, que así resolvió un largo periodo de convulsiones políticas en la región.

  El caso emblemático de esa etapa fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de encabezar con su partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) una rebelión militar en Perú.

                           Víctor Raúl Haya de la Torre. Foto peru21.pe

  Haya de la Torre se refugió en enero de 1949 en la embajada de Colombia, que le otorgó el asilo. Así se abrió una disputa política y legal, que llegó a la Corte Internacional de Justicia con el mismo choque de argumentos: delito común contra persecución política. 

  Pero la decisión de La Haya fue tan ambigua que no resolvió nada. Haya de la Torre se quedó cinco años en la embajada colombiana, hasta que en abril de 1954 el gobierno peruano cedió y permitió que el asilado viajara a México. 

Golpe en Chile

  Entre el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973 y noviembre de 1974, la embajada de México en Santiago recibió a más de 600 chilenos, un centenar de mexicanos y otro tanto de personas de terceros países.

  La evacuación fue lenta y difícil. La embajada y la cancillería de México tuvieron que trabajar con paciencia y extremo cuidado para sortear el burocratismo exasperante del régimen militar, interesado en impedir o al menos demorar la salida del grupo.

  Jorge Carrillo Olea, quien era jefe de la Sección Segunda (inteligencia) del Estado Mayor Presidencial, reveló el año pasado un hecho hasta entonces desconocido: en forma clandestina, México sacó asilados a quienes la dictadura les negaba el salvoconducto o quienes de plano no lo gestionaban, convencidos de que serían rechazados. 

                                      Embajada de México en Chile, 1973

  Siete meses antes del golpe y ante el clima de tensión creciente, contó Carrillo Olea, a petición del embajador  Gonzalo Martínez Corbalá, el presidente Luis Echeverria envió a la embajada en Santiago a dos militares “confiables”, para resguardar al personal y a la sede.

  En la valija diplomática llevaban cuatro fusiles automáticos M2, cartuchos, 40 mil dólares en efectivo y un radioteléfono. Todo era ilegal, pero la valija pasó.

  Además de la atmósfera de violencia, Martínez Corbalá recelaba de la “relación tan estrecha” que había cultivado con Pinochet el agregado militar, el general Manuel Díaz Escobar, ex jefe de los Halcones del 10 de junio. Era “desafiante” con el embajador y de “completa agresividad” contra los oficiales enviados.

  Tras el golpe, el radioteléfono fue la única vía de comunicación. Con el apoyo del pequeño equipo militar de confianza, México ejecutó la movilización secreta que permitió sacar hasta el último solicitante de asilo y sólo entonces romper relaciones.

Cámpora: “mortal de necesidad”

  En otro caso, el ex presidente Héctor J. Cámpora, quien había sido embajador de su país en México, se convirtió en uno de los principales objetivos de la dictadura argentina que se instauró con el golpe del 24 de marzo de 1976.

  Cámpora pudo llegar a la embajada mexicana, donde pidió asilo. Igual que los chilenos, los militares argentinos pusieron pretextos y demoras para evitar extender los salvoconductos.

  En la embajada el ex presidente empeoró de un malestar que ya traía. Una primera revisión mostró que era un tumor canceroso en las parótidas.

  Aún así los golpistas no lo dejaron salir. Sólo lo harían con la prueba de que la enfermedad era “mortal por necesidad”. Y aún en ese caso la autorización no sería inmediata.

  La historia de la tortuosa negociación con la junta militar  está registrada en el intercambio de mensajes entre el embajador José Antonio Lara Villarreal y la Secretaria de Relaciones Exteriores, ahora desclasificado por el Acervo Histórico Diplomático.

Héctor J. Cámpora. Foto tomada de la cuenta de Facebook Eva Perón Inmortal

  Los militares dijeron a Lara que el ambiente de denuncias sobre violaciones a derechos humanos y, en particular, la presencia en el país de una misión de la Organización de Estados Americanos, había endurecido posiciones en su “frente interno”. No podían soltar a Cámpora.

  La gravedad del caso y la persistencia de la diplomacia mexicana lograron un hecho insólito. Fuera de las normas de asilo, Cámpora pudo salir de la embajada a que le practicaran una biopsia, que confirmó el diagnóstico.

  El trayecto y la estancia en el hospital tuvieron el explícito reconocimiento de los militares de respeto a las garantías de asilo.

  El expresidente por fin pudo viajar a México el 26 de noviembre de 1979. Murió en Cuernavaca el 19 de diciembre de 1980.