Asalto a la embajada mexicana y sus efectos secundarios

 

  El asalto a la embajada de México en Ecuador detonó una cadena de reacciones, que provocó reveladores efectos secundarios en el hemisferio.

  Un mes después el caso entró a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México busca la condena de Ecuador, que repare el daño y que quede suspendido como miembro de las Naciones Unidas mientras no emita una disculpa  pública.

  El gobierno de Quito demandó a su vez a México, con el argumento de que mantenía como asilado a un acusado del orden común, el ex vicepresidente Jorge Glas.

  Hay que remontarse a 1950, al caso del líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, para encontrar un litigio en la Corte por asilo. Y hay que ir a 1980 para hallar un asunto en ese tribunal sobre violación de una misión diplomática, por la crisis de los rehenes en la embajada estadunidense en Irán.

La delegación mexicana en la Corte Internacional de Justicia, el 30 de abril de 2024. Foto Gobierno de México

  Un saldo a la vista hasta ahora comprende al menos estos otros impactos:

  -Ecuador. Quedó aislado. Ningún gobierno salió a defender la ruptura de una pieza del núcleo duro de las relaciones internacionales. Ya está suspendido en su membresía en Naciones Unidas por demora en el pago de cuotas.

  -EU. El sábado 6 de abril emitió un comunicado del vocero del Departamento de Estado, que omitía referencias explícitas al caso y sólo condenaba “cualquier violación” a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961).

  Iba en la misma línea de la respuesta internacional, pero el nivel del firmante y la vaguedad del  texto eran demasiado débiles para el tamaño de los hechos. El lunes siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la declaración, igual que la de Canadá, por “ambiguas”. 

  El mismo lunes 8, Washington rectificó. El consejero nacional de Seguridad, Jake Sullivan, en persona, antes de una conferencia de prensa, leyó una nota de condena.

  López Obrador informó que durante el fin de semana le había enviado al presidente Joe Biden un video sobre el ataque, tras lo cual se produjo la corrección.

  -Canadá. Una primera declaración de la cancillería citó una “aparente” violación a la embajada. 

  Días después, un segundo comunicado dijo que “funcionarios canadienses han revisado detalladamente las imágenes” del caso, lo cual fue “una clara violación” de la Convención de Viena. “Canadá condena todas” las violaciones de ese instrumento. 

  -OEA. Condenó a Ecuador (29 votos, Ecuador en contra, abstención de El Salvador y dos ausencias, México y Venezuela).

  En contraste con su desdén hacia la organización, de la cual ha pedido que desaparezca,

López Obrador esta vez reconoció el valor de la condena, aunque la consideró “inusual”.

  Surgió un paréntesis de distensión entre la entidad y el gobierno mexicano, que de manera inexplicable se ausentó de la sesión del Consejo Permanente que discutió el asunto.

  -Celac. Sus dos reuniones virtuales, una de cancilleres y otra de jefes de Estado y de gobierno, resultaron conflictivas. No por el caso de la embajada, sino por el liderazgo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. 

  Desde marzo la mandataria estaba cuestionada por un bloque de países (Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay) que consideraban que la presidencia pro tempore no reflejaba en varios asuntos la posición del grupo. 

  Los opositores a Castro alegaron que no había consenso para la convocatoria a las sucesivas reuniones de cancilleres y de jefes de Estado y de gobierno sobre el asunto de la embajada. Ninguno de los mandatarios de este sector asistió a la cumbre, en la que tampoco estuvo Noboa. Sólo participaron en la  reunión virtual diez mandatarios de los 33 Estados miembros: Bolivia, Brasil, Colombia,  Cuba, Guatemala, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, además de Honduras y México.

  Ecuador estuvo en esa reunión representado por la canciller, Gabriela Sommerfeld, pero Castro anunció que ese país quedaba privado de su derecho a expresarse, a petición de López Obrador.

  Al inicio del encuentro, Castro leyó un “Proyecto de comunicado especial” que, según ella misma dijo, había circulado en la reunión de cancilleres, sin que fuera aprobado. El documento condenaba el ataque a la embajada, pedía salvoconducto para Glas y acordaba una comisión para verificar el estado de salud del ex presidente. 

  Un mes después no había constancia de que la cumbre hubiera aprobado el documento. El caso de la embajada mostró el momento más débil de la Celac en sus 14 años de existencia.

   -Colombia. Suspendió la reunión bilateral de gabinetes, prevista para el 25 de abril, que se realizaba regularmente hace más de una década

  -El Salvador. Sobre la embajada se abstuvo en la OEA y en la Celac, donde, además, el presidente Nayib Bukele estuvo ausente de la reunión correspondiente. 

  Es posible que con su abstención Bukele aliente la esperanza de que Noboa se convierta en una especie de aliado en la política de represión generalizada como alternativa a la crisis de seguridad y que quizás esa potencial alianza se extienda a otros terrenos.

  -Honduras. Llamó a consultas a su encargada de negocios en Ecuador y anunció el respaldo a todas las acciones de México. López Obrador informó que el gobierno de Tegucigalpa retiraba a todo su personal diplomático de Ecuador.

Imagen del video difundido por el gobierno de México sobre el asalto de la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024

  -Nicaragua. Rompió relaciones con Ecuador en una medida desproporcionada. El asalto sirvió de pretexto a Daniel Ortega para acentuar su aislamiento interesado, que le facilita el imperio de una dictadura dinástica y militar, sin testigos ni obligaciones externas.

  El año pasado el régimen de Ortega abandonó oficialmente la OEA. En abril de 2022 había tomado por la fuerza el edificio de la organización en Managua y lo declaró de “utilidad pública”. 

  El caso de la embajada coincidió con señales de la buena relación de Ortega con López Obrador. En abril hubo una reunión bilateral de cooperación y el Senado autorizó que cadetes mexicanos participen en un desfile militar en Managua.

  -Venezuela. Está ausente de la OEA desde 2019. En la reunión de Celac, Nicolás Maduro anunció el cierre de su embajada y sus dos consulados en Ecuador, el regreso de su personal diplomático y el respaldo a México para que la ONU suspenda a Ecuador.

  Fue un movimiento parecido  al de Nicaragua, aunque en sentido estricto no fue una ruptura de relaciones. De inmediato quedan sin asistencia consular cerca de medio millón de venezolanos en Ecuador.

  En este caso, Maduro puede buscar un espacio diplomático que ha perdido como resultado de varios frentes abiertos, como el conflicto con Guyana, la violación de los Acuerdos de Barbados por el bloqueo a la oposición en las elecciones, la reanudación de represalias estadunidenses, el mayor escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela SA y un diferendo con Chile por el asesinato en ese país sw un militar venezolano exiliado y una disputa sobre la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

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México y los asilos en conflicto

 

  México enfrentó en el pasado agudos conflictos para defender el derecho de asilo, que al final se tradujeron en largo tiempo para alcanzar una solución.

  El motor del choque era el mismo: el Estado territorial sostiene que persigue delincuentes, mientras el Estado asilante califica la naturaleza del caso.

  La disputa está prevista en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), la más reciente del sistema interamericano, que declara ilícito el beneficio para los sujetos a la acción penal por delitos comunes, salvo que las causas “revistan claramente carácter político”.

  Quien califica la naturaleza del caso es el Estado asilante, según la Convención, que así resolvió un largo periodo de convulsiones políticas en la región.

  El caso emblemático de esa etapa fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de encabezar con su partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) una rebelión militar en Perú.

                           Víctor Raúl Haya de la Torre. Foto peru21.pe

  Haya de la Torre se refugió en enero de 1949 en la embajada de Colombia, que le otorgó el asilo. Así se abrió una disputa política y legal, que llegó a la Corte Internacional de Justicia con el mismo choque de argumentos: delito común contra persecución política. 

  Pero la decisión de La Haya fue tan ambigua que no resolvió nada. Haya de la Torre se quedó cinco años en la embajada colombiana, hasta que en abril de 1954 el gobierno peruano cedió y permitió que el asilado viajara a México. 

Golpe en Chile

  Entre el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973 y noviembre de 1974, la embajada de México en Santiago recibió a más de 600 chilenos, un centenar de mexicanos y otro tanto de personas de terceros países.

  La evacuación fue lenta y difícil. La embajada y la cancillería de México tuvieron que trabajar con paciencia y extremo cuidado para sortear el burocratismo exasperante del régimen militar, interesado en impedir o al menos demorar la salida del grupo.

  Jorge Carrillo Olea, quien era jefe de la Sección Segunda (inteligencia) del Estado Mayor Presidencial, reveló el año pasado un hecho hasta entonces desconocido: en forma clandestina, México sacó asilados a quienes la dictadura les negaba el salvoconducto o quienes de plano no lo gestionaban, convencidos de que serían rechazados. 

                                      Embajada de México en Chile, 1973

  Siete meses antes del golpe y ante el clima de tensión creciente, contó Carrillo Olea, a petición del embajador  Gonzalo Martínez Corbalá, el presidente Luis Echeverria envió a la embajada en Santiago a dos militares “confiables”, para resguardar al personal y a la sede.

  En la valija diplomática llevaban cuatro fusiles automáticos M2, cartuchos, 40 mil dólares en efectivo y un radioteléfono. Todo era ilegal, pero la valija pasó.

  Además de la atmósfera de violencia, Martínez Corbalá recelaba de la “relación tan estrecha” que había cultivado con Pinochet el agregado militar, el general Manuel Díaz Escobar, ex jefe de los Halcones del 10 de junio. Era “desafiante” con el embajador y de “completa agresividad” contra los oficiales enviados.

  Tras el golpe, el radioteléfono fue la única vía de comunicación. Con el apoyo del pequeño equipo militar de confianza, México ejecutó la movilización secreta que permitió sacar hasta el último solicitante de asilo y sólo entonces romper relaciones.

Cámpora: “mortal de necesidad”

  En otro caso, el ex presidente Héctor J. Cámpora, quien había sido embajador de su país en México, se convirtió en uno de los principales objetivos de la dictadura argentina que se instauró con el golpe del 24 de marzo de 1976.

  Cámpora pudo llegar a la embajada mexicana, donde pidió asilo. Igual que los chilenos, los militares argentinos pusieron pretextos y demoras para evitar extender los salvoconductos.

  En la embajada el ex presidente empeoró de un malestar que ya traía. Una primera revisión mostró que era un tumor canceroso en las parótidas.

  Aún así los golpistas no lo dejaron salir. Sólo lo harían con la prueba de que la enfermedad era “mortal por necesidad”. Y aún en ese caso la autorización no sería inmediata.

  La historia de la tortuosa negociación con la junta militar  está registrada en el intercambio de mensajes entre el embajador José Antonio Lara Villarreal y la Secretaria de Relaciones Exteriores, ahora desclasificado por el Acervo Histórico Diplomático.

Héctor J. Cámpora. Foto tomada de la cuenta de Facebook Eva Perón Inmortal

  Los militares dijeron a Lara que el ambiente de denuncias sobre violaciones a derechos humanos y, en particular, la presencia en el país de una misión de la Organización de Estados Americanos, había endurecido posiciones en su “frente interno”. No podían soltar a Cámpora.

  La gravedad del caso y la persistencia de la diplomacia mexicana lograron un hecho insólito. Fuera de las normas de asilo, Cámpora pudo salir de la embajada a que le practicaran una biopsia, que confirmó el diagnóstico.

  El trayecto y la estancia en el hospital tuvieron el explícito reconocimiento de los militares de respeto a las garantías de asilo.

  El expresidente por fin pudo viajar a México el 26 de noviembre de 1979. Murió en Cuernavaca el 19 de diciembre de 1980. 

Maduro rompe acuerdos y pelea con la izquierda

 

 En su intento por reelegirse con la exclusión electoral de parte de la oposición, Nicolás Maduro entró en una polémica que muestra las discrepancias en la izquierda en América Latina por el curso autoritario de Venezuela.

  La discusión expone que Maduro avanza hacia un régimen como el de Daniel Ortega en Nicaragua y que parte de esa izquierda no está dispuesta a respaldar.

  En el más reciente debate, la cancillería colombiana expresó “preocupación” por el virtual veto a la aspirante de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Corina Yoris.

  El presidente brasileño Luiz Inacio Lula consideró “grave” esa exclusión. "No quiero nada mejor ni peor para Venezuela, quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos”, señaló.

                          Lula en conferencia de prensa, el 28 de marzo de 2024. Foto Afp

  Sin citar nombres, Maduro llamó “izquierda cobarde” a quienes “no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución”, con lo que sugería que la oposición representada por la PUD estaba involucrada en planes de atentados contra el propio mandatario. 

  “No hay izquierda cobarde”, replicó el mandatario colombiano Gustavo Petro. “Hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.

  Semanas antes, el presidente chileno Gabriel Boric había salido a defender la voluntad democrática del Partido Comunista de Chile (PCCh), socio de la coalición gobernante y que apoya a Maduro.

  Boric aclaró, sin embargo, que ha “denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria, como es el régimen venezolano”.

  El PCCh apoya a Maduro, pero el Partido Comunista de Venezuela rompió con el régimen, pasó a la oposición y terminó “intervenido” judicialmente, lo que en la práctica anuló su vida legal.

  La polémica prolonga la que abrió hace meses el ex presidente uruguayo Jose Pepe Mujica. En su más reciente manifestación sobre el caso, el antiguo líder tupamaro dijo que “Venezuela tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado”.

  Así reaccionó a la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de una conspiración para asesinar a Maduro, y a la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  El episodio electoral derribó los Acuerdos de Barbados, suscritos en Bridgetown el 17 de octubre de 2023, que eran compromisos para realizar elecciones generales y aliviar la presión económica de Estados Unidos contra Venezuela. 

  Noruega fue facilitador del pacto, con Brasil, Colombia, México, Países Bajos y Rusia como acompañantes.

Jorge Rodríguez por el gobierno y Gerardo Blyde por la Plataforma Untaria Democrática firman los Acuerdos de Barbados en Bridgetown, el 17 de octubre de 2023. Foto Afp

  Maduro reconoció ahí como interlocutor a la PUD. Junto con garantías para las elecciones, incluso la observación internacional, el primer pacto ordenaba promover “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley venezolana”.  

  El párrafo tenía nombre y apellido. En septiembre de 2021 la opositora María Corina Machado quedó inhabilitada para ejercer sus derechos políticos, bajo el cargo de haber colaborado en actos en perjuicio del patrimonio nacional, durante el autoproclamado gobierno de Juan Guaidó (2019-2022).

  Después de los Acuerdos de Barbados, Machado fue electa como candidata presidencial de la PUD. Luego, con la gestoría de Noruega, promovió un recurso que resultó desechado y su inhabilitación quedó firme.

  Hasta ahora se desconoce el texto completo de ambos fallos judiciales, porque el Tribunal Administrativo sólo ha difundido versiones públicas resumidas. La defensa nunca pudo construir un alegato firme.

  Con la vía legal cerrada, Machado designó a una sustituta, la académica Corina Yoris, para tener inscrita una candidatura de ese sector opositor dentro del plazo previsto, que venció el 25 de marzo.

Se cayó el sistema...

  Lo que siguió fue surrealismo caribeño. La inscripción mediante plataforma digital permitió el registro de Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela y de otros 12 aspirantes de distintas formaciones. El sistema funcionó…menos para la candidata de la PUD.

  A última hora la coalición opositora pudo registrar a uno de sus líderes, Edmundo González Urrutia, cuya suerte como candidato aún está por verse, pues requiere la confirmación del Consejo Nacional Electoral, controlado por el madurismo.

  Al hacer creer hace seis meses que respetaría un pacto de competencia electoral equitativa, Maduro incurrió en un engaño múltiple: a la PUD, al facilitador, a los acompañantes, a la sociedad venezolana y al resto de la comunidad internacional.

  Durante este semestre Estados Unidos redujo en parte la coerción económica contra Venezuela, con base en el entendimiento general y en particular el segundo acuerdo de Barbados. Con el nuevo curso se sentirá en libertad de reanudar las represalias.

  

  

AMLO cambia su versión del fentanilo y abre nuevo enfoque con EU

 

  Al final el presidente Andrés Manuel López Obrador corrigió la versión que mantuvo a lo largo de su mandato y aceptó que en México hay producción de fentanilo.

  En la entrevista que ofreció a CBS y que se transmitió el domingo pasado, la periodista Sharyn Alfonsi le preguntó si estaban equivocados quienes en el gobierno de Estados Unidos decían que los cárteles mexicanos producen fentanilo en masa y lo exportan al país vecino.

  “Sí. O más bien, no tienen toda la información, porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos”, contestó López Obrador. “El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia”.

Imagen de la entrevista de CBS al presidente Andrés Manuel López Obrador, transmitida el 24 de marzo de 2024

  En su conferencia mañanera del lunes, el mandatario recibió otra pregunta sobre el punto.“Lo cierto es que en México, en algunos lugares, se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en  México”, respondió.

  “Pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo, igual que en Estados Unidos, eso incluso aceptado por la fiscalía de Estados Unidos y lo mismo en Canadá”.

  Y enseguida expuso lo que parece uno de los resortes de la versión negacionista, ahora derribada: “Para que no saquen de contexto nuestros adversarios mi respuesta, lo que plantee fue: ‘A ver, ustedes nada más voltean a ver hacia México. Todo es México. ¿Y qué pasa en Estados Unidos?’ Ese es el sentido”.

  “Es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México”, agregó.

  Tácitamente reconoció que antes negaba la producción de fentanilo para evitar que todas las culpas se cargaran a México, quizás para sortear los delirios intervencionistas de los ultras y el pragmatismo de las agencias de seguridad estadunidenses. 

  También intentaba desinflar la versión que circula en Estados Unidos de que los migrantes son al mismo tiempo traficantes de drogas. “Me importa mucho que el ciudadano de Estados Unidos tenga otra información”, dijo López Obrador el lunes sobre este punto.

  Pero ocultar o negar un hecho que era conocido por diversas fuentes llevó a un callejón sin salida con Estados Unidos. Los dos gobiernos arrastraron en los últimos años un choque cada vez más abierto y directo sobre lo que parecía un “eslabón perdido” en la cadena de tráfico de la droga: el lugar de producción.

  Con su cambio de narrativa, el presidente mexicano pasa ahora la pelota a su gabinete de seguridad, que queda emplazado a rectificar la omisión que ha sostenido durante cinco años.

  El gobierno de México queda con el compromiso de encarar la realidad ante Estados Unidos y de escuchar y discutir nuevos enfoques ante los hechos, ahora reconocidos.

Conferencia del presidente López Obrador con asistencia del gabinete de seguridad, el 19 de marzo de 2024. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  En los informes de seguridad que rinden las fuerzas armadas, la versión ha sido que a territorio mexicano llegan precursores, sin hablar del proceso en el que esos insumos se “cocinan” y arrojan una sustancia que se convierte en un producto comercial y llega a las calles.

  Uno de los episodios de mayor debilidad en la versión mexicana ocurrió en público en Palacio Nacional, el 5 de octubre de 2023, cuando dos secretarias del gabinete mexicano entraron en abierta contradicción.

  La titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo la línea oficial de que en México no se fabrica fentanilo, pero la canciller Alicia Bárcena reconoció que hay en el país laboratorios clandestinos para producirlo.

  El peso de los hechos y la presión de Estados Unidos pusieron  bajo sitio al relato mexicano, que se tambaleaba con el tiempo.

  Entre abundantes declaraciones públicas de funcionarios estadunidenses, estuvo la del fiscal general, Merrick Garland, quien reiteró que los cárteles fabrican la droga en territorio mexicano. Lo hizo en la misma conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde las secretarias mexicanas se contradecían, tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambos países.

Conferencia de prensa en Palacio Nacional tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-EU, el 5 de octubre de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

 Los reportes oficiales sólo consideran incautaciones de fentanilo o sus precursores, destrucción de laboratorios de metanfetaminas y captura de “sustancias químicas”indeterminadas. Nada sobre el misterioso lugar de donde surge la droga consumible.

  Hay informes de incautación creciente de fentanilo, 8 mil 206 kilos en lo que va del gobierno, y del hallazgos de máquinas para fabricar tabletas. También reportes de la destrucción, hasta el pasado 18 de marzo, de 2 mil 459 laboratorios clandestinos.

  En febrero pasado la Secretaría de Marina reveló la destrucción en Sonora de lo que llamó un “megalaboratorio”, el mayor descubierto hasta entonces. En estos casos, la versión oficial siempre ha sido que se trata de fábricas de metanfetaminas.

Semar localiza y desmantela mega laboratorio de generación de drogas. Secretaría de Marina.