AMLO ausente en Guatemala

 

  Para México la relación con Guatemala es estratégica, un asunto de seguridad nacional, que resulta desairada por la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la toma de posesión de Bernardo Arévalo, al cabo de un insólito, agitado, prolongado y peligroso conflicto poselectoral, que estuvo al borde del golpe de Estado hasta el último momento.

  El capital simbólico del nuevo gobierno es de grandes dimensiones, tanto como la amenaza que cercó al ahora presidente guatemalteco durante los últimos meses.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, saluda a sus partidarios después de tomar posesión, en la madrugada del 15 de enero de 2024. Foto Afp

  Frente a los desarrollos en la frontera sur, López Obrador decidió ausentarse en esa fecha emblemática, que al final se convirtió en una intensa jornada de alto riesgo para la estabilidad del país vecino.

  La semana anterior el presidente mexicano explicó que tenía “mucho trabajo”, aunque este domingo difundió un video de su estancia en la zona arqueológica de Chichén Itzá, es decir, a muy poco tiempo de vuelo de la capital de Guatemala.

  Otros presidentes latinoamericanos, como Boric de Chile, Petro de Colombia, Castro de Honduras y Peña de Paraguay, estuvieron al lado de Arévalo y hablaron extensamente con el presidente guatemalteco. Fueron importantes gestos de respaldo como el que no hizo el vecino mexicano.

  Un día antes de la crisis de la toma de posesión, Petro hizo un llamado a los presidentes latinoamericanos a acudir en respaldo de Arévalo. "Nuestra solidaridad es fundamental. A todo el mundo, no abandonar las luchas democráticas del pueblo guatemalteco", dijo en un mensaje.

 

 

Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, en sucesivas reuniones con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el curso del domingo 14 de enero de 2024. Fotos de la cuenta de X @GabrielBoric y Presidencia de Colombia

  El peso político y simbólico de México es muy importante en Guatemala. No es una relación cualquiera. 

  Fuente de un histórico flujo migratorio y paso obligado del actual torrente humano  multinacional, Guatemala es, además, un país en el que se ha expandido desde México la delincuencia organizada.

  Del lado guatemalteco el Ejército patrulla con intensidad. Del lado mexicano la Guardia Nacional tiene posiciones en una zona que, sin embargo, está sacudida por la violencia criminal.

  Sólo en el fin de semana pudo saberse que en Chiapas asesinaron a un dirigente indígena, el crimen organizado hizo un despliegue de fuerza y una comunidad católica salió a las calles a implorar por la paz.

  En Guatemala el conflicto poselectoral agrega una pieza decisiva. Parte del aparato judicial intentó hasta el último momento impedir que Arévalo tomara posesión del cargo, a lo que contribuyeron las maniobras del Congreso saliente, ya el mismo día de cambio de poderes.

  El triunfo electoral del candidato del Movimiento Semilla fue tan sorpresivo como la movilización popular, impulsada por los pueblos originarios, que durante más de cien días defendieron pacíficamente en las calles guatemaltecas las reglas del juego democrático y la vigencia de la ley. Un movimiento que, además, se convirtió en interlocutor de otros sectores sociales.

  El vuelco político y las amenazas en el país vecino merecen una atención que no sólo exista, sino que se manifieste.

México: abrazos y también balazos

 

  2024 empezó en México con estallidos de violencia en puntos tan sensibles como la frontera con Guatemala o la región donde desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en 2014. En esos sitios, ciudadanos y autoridades locales reclaman que entren en acción las fuerzas federales para garantizar la paz.

  El presidente Andrés Manuel López Obrador sintetiza en la frase “abrazos, no balazos” su idea de seguridad pública. La explica como una política social que quite base al crimen organizado, combinada con una baja exposición de policías y militares al choque directo con la delincuencia.

  A menudo el gobierno informa de programas de apoyo a población desfavorecida, así como de construcción de cuarteles, movilización de tropas y planes de seguridad a cargo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (GN).

  Pero testimonios de quienes están en el terreno muestran que, además de los abrazos de los programas sociales, hay balazos de una sola parte: el crimen organizado. ¿Qué órdenes tienen los casi 180 mil efectivos de Ejército, Marina y GN destinados a tareas de seguridad pública? ¿Cuál es su actividad cotidiana? ¿Para qué sirve la información que recaban sus órganos de inteligencia?

Frontera con Guatemala

  Habitantes del ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, a unos 25 kilómetros de Guatemala, informaron que el jueves 4 de enero los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa libraron ahí un combate de horas, que dejó más de 20 muertos, incluso dos habitantes del lugar sin relación con los criminales.

  

Pobladores de Chicomuselo, Chiapas, a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala, piden intervención del Estado mexicano para frenar la violencia en la zona, el 13 de octubre de 2023. Fotograma de un video de autor anónimo

 Es una zona de reciente auge del tráfico de personas, de droga y de minerales, de reclutamiento forzado y desapariciones. En el informe, reportado primero por la revista digital 

ChiapasParalelo, los pobladores aseguran que el CJNG “mantiene secuestrada” la cabecera municipal y se preguntan por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no actúan: “Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y, a otros, a ser parte de ellos”.

  Sobre la misma zona, un transportista anónimo dijo a La Jornada que no hay seguridad en las carreteras, por los asaltos y las extorsiones y que en los últimos dos años fueron asesinados o desaparecieron una treintena de choferes, sin que interveniera la fuerza pública.

Terror en Guerrero

  El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expuso en el diario El Sur de Guerrero el extendido clima de violencia en el estado y el río imparable de desplazados por el terror. Sin seguridad ni trabajo, hay comunidades ya despobladas por completo, señaló.

  Dijo la organización que, por informes de pobladores, las autoridades saben de la operación de drones por parte de la delincuencia, dónde se ubican los grupos criminales, qué zonas están en disputa y qué comunidades corren riesgos, pero no hay reacción oficial.

  Tlachinollan recordó varias matanzas ocurridas en la franja norte del estado. En el palacio municipal de Teloloapan fueron asesinados el alcalde y otras 17 personas, el 5 de octubre de 2022. El lugar está a unos 63 kilómetros de Iguala, donde desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en 2014. 

  En El Durazno, Coyuca de Catalán, hubo 7 muertos, incluso un menor de 11 años (diciembre de 2022). La más reciente, 4 de enero de 2024, fue un ataque combinado de drones y un comando en tierra, en una loma de Tlacotepec. Según el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, hubo al menos nueve muertos, seis heridos y 15 desaparecidos. Hubo, además, testimonios de decapitaciones.

Autoridades observan un vehículo calcinado tras el ataque con drones en la sierra de Tlacotepec, Guerrero, el 4 de enero de 2024. Foto El Sur

  El Ejército vigilaba la zona y habían cesado los ataques con drones, que la delincuencia utiliza para imponer extorsiones, dijo Tlachinollan. Pero los militares se retiraron en diciembre. “Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran escuchado a la gente de la región”. 

  El 8 de enero la encargada de despacho del ayuntamiento de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, Bertha Díaz Garzón, pidió a “autoridades federales y estatales su intervención urgente e inmediata para garantizar la seguridad física de la población y la prevalencia en nuestro municipio de condiciones de paz y del Estado de derecho”.

  Díaz informó que un grupo armado atacó al público de un palenque del municipio, el sábado anterior y que hubo 13 muertos y 21 heridos, entre hombres, mujeres y menores.

Cuba, EU y la larga contienda de espionaje

 

  El caso del exdiplomático estadunidense Víctor Manuel Rocha es una pieza que ayuda a reconstruir, como una radiografía, la intensa contienda de espionaje que han librado Cuba y Estados Unidos por décadas.

  Cuba pudo tener información privilegiada de al menos tres fuentes relevantes y simultáneas en Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y la crisis económica siguiente (periodo especial) en la isla, según los datos del caso Rocha y sus antecedentes.

  El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que Rocha, ahora de 73 años y de origen colombiano, cometió “múltiples delitos federales” durante cuatro décadas, al cumplir una misión clandestina contra Estados Unidos, como agente encubierto de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.

Imagen del Departamento de Justicia, distribuida por la Ap, que muestra a Manuel Rocha en una reunión con un agente encubierto del FBI. 

 El fiscal general, Derrick B. Garland, dijo que las imputaciones contra Rocha significan “una de las infiltraciones al gobierno de Estados Unidos de más alto nivel y de mayor duración por un agente extranjero”.

  Las acusaciones ubican a Rocha como agente cubano en un lapso en el que, según los informes judiciales estadunidenses, La Habana tenía a su servicio a otras dos fuentes de peso en Estados Unidos.

  La inteligencia cubana reclutó a la puertorriqueña Ana Belén Montes en los años ochenta, según los informes del juicio correspondiente. De 1985 a 2001 trabajó en el Departamento de Inteligencia de Defensa del Pentágono, donde escaló posiciones hasta ubicarse como analista principal de asuntos cubanos.

En imagen sin fecha, Ana Belén Montes recibe un premio de George Tennet, quien dirigió la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de 1997 a 2004

  Detenida en 2001, fue sentenciada a 25 años de cárcel, pero salió libre con anticipación en enero pasado y se instaló en Puerto Rico.

  Walter Kendall Myers hizo carrera en el Departamento de Estado y alcanzó un puesto de analista en la Oficina de Investigación e Inteligencia. Acusado de trabajar para el gobierno cubano durante casi tres décadas, fue detenido en 2009 y condenado a prisión perpetua.

  Según los expedientes judiciales, Montes, Myers y Rocha informaban a Cuba y ofrecían a Estados Unidos conclusiones interesadas, favorables a la isla, por lo menos durante las décadas de los ochenta y los noventa.

Ilustración del juicio a Walter Kendal Myers y su esposa Gwendolyn, en Washington, el 16 de julio de 2010

  En ese lapso gobernaron en Estados Unidos cuatro presidentes, Ronald Reagan, George Bush padre y Bill Clinton (dos periodos) y en Cuba transcurrió casi la mitad del mandato de Fidel Castro. 

  Myers todavía pudo desempeñarse hasta el inicio de la presidencia de Barack Obama, junto con Rocha, que rebasó a todos y fue detenido apenas el pasado viernes 1 de diciembre. Para entonces pasaron las administraciones de Donald Trump y las de Joe Biden y los relevos de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba. 

  En la trinchera opuesta, para la misma época, sólo se conoce en público hasta ahora el caso del cubano Rolando Sarraff  Trujillo, teniente criptógrafo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, detenido en la isla en 1995 y condenado a 25 años de cárcel por espiar para Estados Unidos.

  En su momento, Cuba reconoció el trabajo de Montes. En el juicio, Myers admitió los cargos. Sarraff fue liberado en 2014, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países. La Dirección Nacional de Inteligencia estadunidense describió entonces al cubano como quien delató a Montes y Myers y ayudó a desmantelar en 1998 al grupo de agentes que la isla mantuvo en la Florida (Red Avispa). Cinco de ellos estuvieron presos en Estados Unidos y volvieron libres a Cuba.

                                                Rolando Sarraff Trujillo. Foto Ap

  Los cargos contra Rocha son por haberse desempeñado como agente de inteligencia de Cuba desde cerca de 1981, con posiciones relevantes en el gobierno de Estados Unidos hasta 2002, que le dieron acceso a información reservada y clasificada y a la posibilidad de afectar la política exterior del país.

  Esos puestos fueron: primer secretario en la embajada en México (1989-1991); segundo jefe de misión en República Dominicana (1991-1994); director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional, a cargo, entre otros temas, de Cuba (1994-1995); segundo jefe de misión en la Sección de Intereses en Cuba (1995-1997) y en la embajada en Argentina (1997-1999) y embajador en Bolivia (1999-2002).
  Al concluir su asignación en Bolivia, Rocha se retiró del Departamento de Estado. Entre 2006 y 2012 fue asesor del jefe del Comando Sur, el mando militar conjunto para una zona del hemisferio que incluye a la isla. Después ha trabajado en el sector privado como asesor comercial y para un despacho de abogados, donde siempre mantuvo su relación con Cuba, según la acusación.

  La fiscalía dijo que Rocha reveló su misión y la describió como un “grand slam”, en conversaciones entre 2022 y 2023 con un agente del FBI encubierto, que se hizo pasar como enviado de los cubanos. Los encuentros ocurrieron en una iglesia y una zona de comidas al aire libre en el centro de Miami.

 

México, EU y el "eslabón perdido" del fentanilo

 

  México y Estados Unidos mantienen un choque cada vez más abierto y directo sobre el que parece un “eslabón perdido” en la cadena de tráfico de fentanilo entre ambos países: dónde se produce la droga.

  El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostiene que a territorio mexicano sólo llegan precursores. Evita tocar el proceso en el que esos insumos se “cocinan” y arrojan una sustancia que se convierte en un producto consumible.

  Por eso no sorprende la forma contradictoria y confusa en la que dos secretarias del gabinete mexicano reaccionaron el pasado jueves, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

  La titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo la versión oficial de que en México no se produce fentanilo, pero la canciller Alicia Bárcena reconoció que hay en el país laboratorios clandestinos para producir la droga.

Conferencia de prensa en Palacio Nacional tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-EU, el 5 de octubre de 2023. Imagen de la transmisión en vivo

  El peso de los hechos y la presión de Estados Unidos han puesto bajo sitio a la versión oficial mexicana, que se tambalea con el tiempo.

  No queda claro por qué López Obrador sostiene su relato, aunque es posible que intente reducir el grado de exposición ante el amplio arco de posiciones en Estados Unidos: desde el delirio intervencionista de los ultras hasta el pragmatismo de las agencias de seguridad.

El alegato de EU

   

  La administradora de la agencia antidrogas (DEA), Anne Milgram, puso el asunto en primer plano el pasado 27 de julio, ante un subcomité de la Cámara de Representantes. Describió a los cárteles mexicanos como corporaciones trasnacionales, con presencia en todo Estados Unidos y en cien países más, con unos 44 mil efectivos y el control del suministro del fentanilo en el mundo, desde la manufactura hasta la distribución.

  Milgram dijo que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación importan precursores de China, en México fabrican pastillas de fentanilo a gran escala y las envían a Estados Unidos.

  El pasado jueves, el fiscal general estadunidense, Merrick Garland, reiteró que los cárteles fabrican la droga en territorio mexicano. Esta declaración tuvo el peso simbólico de que ocurrió en la conferencia  en Palacio Nacional, tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambos países.

Informes mexicanos

  El gobierno de López Obrador ha reportado una incautación creciente de la droga y ha informado de hallazgos de máquinas para fabricar tabletas. También ha informado de la destrucción, hasta el pasado 2 de octubre, de 2 mil 131 laboratorios clandestinos, descritos como productores de metanfetaminas.

  Sólo que la versión oficial evita sistemáticamente precisar cuándo o en dónde los precursores se convierten en la mercancía que se puede vender en las calles. 

  En la conferencia presidencial del 18 de septiembre de 2020, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, informó de incautaciones de fentanilo en polvo, pastillas y ampolletas.

  “No hemos asegurado laboratorios de fentanilo”, señaló. “Hemos asegurado laboratorios donde se hacen las tabletas (…) no se produce el fentanilo aquí (…) llega el producto, la materia prima, el polvo y aquí se produce la tableta, pero no se produce el fentanilo”.

  El 31 de marzo de 2022, también en la conferencia presidencial, Sandoval reportó el hallazgo de 24 máquinas tableteadoras, “para confeccionar pastillas de fentanilo”.

El secretario de la Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 31 de marzo de 2022. Imagen de la transmisión en vivo

   Casi un año más tarde, el 15 de febrero de 2023, la Secretaría de la Defensa reportó que el día anterior había localizado un “centro de manufactura de pastillas de fentanilo” y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetaminas”, en Culiacán.

  El 16 de mayo de 2023, también en la conferencia presidencial, el general David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional, informó de la destrucción de mil 614 laboratorios clandestinos, de los cuales 19 eran para la confección de pastillas de fentanilo. El balance oficial indicaba hasta julio de 2023 la incautación de 7 mil 570 kilos de la droga.

  Los reportes públicos sólo relatan incautaciones de fentanilo o sus precursores, destrucción de laboratorios de metanfetaminas y captura de “sustancias químicas” indeterminadas. Nada sobre el misterioso lugar de donde surge la droga.

El silencio de la canciller Bárcena

 

  La canciller Alicia Bárcena dijo en el Senado que México “debe afirmar, siempre, el irrestricto respeto y defensa de los derechos humanos en todo lugar, en todo momento, no importa el contexto político”.

  “En Chile aprendí que el autoritarismo conduce a la violación sistemática de los derechos humanos”, señaló.

  Sin embargo, la secretaria de Relaciones Exteriores guardó silencio o fue evasiva al responder preguntas sobre la materia.   Ese silencio pone signos de interrogación sobre el compromiso del gobierno mexicano en el respeto, protección y  promoción de los derechos humanos, uno de los mandatos constitucionales de política exterior.

  Para iniciar su proceso de ratificación en el cargo, Bárcena se reunió el lunes 4 de septiembre con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado

  Con una larga estancia en Chile, como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y luego como embajadora de México, la secretaria escogió un caso emblemático para referirse a los derechos humanos.

Migración

  En la sesión legislativa, la senadora Beatriz Paredes (PRI) pidió la remoción del  comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, como máximo responsable del órgano encargado de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron en un incendio en marzo pasado.

La senadora Beatriz Paredes (PRI) en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado

  El punto venía al caso porque la cancillería coordina la política migratoria, aunque el INM depende de la Secretaría de Gobernación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso ese traspaso de funciones en un decreto de septiembre de 2019. 

  En su respuesta de casi 50 minutos, Bárcena omitió el punto. Garduño protagoniza un insólito y escandaloso caso: sigue en el cargo, aunque está procesado por ejercicio indebido del servicio público por los hechos de Ciudad Juarez. El juez de la causa dio cuatro meses para la investigación complementaria, que se cumplieron a fines de agosto.

  El senador Antonio García Conejo (PRD) expuso el “nido de corrupción” de las estaciones del INM, virtuales prisiones para migrantes. “Debe de acabar, es una vergüenza para el Estado mexicano”, reclamó en la sesión.

El senador Antonio García Conejo (PRD), en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado

  Bárcena sólo habló de contactos con gobiernos extranjeros cuyos nacionales fueron víctimas de la tragedia de Juárez y omitió referirse a las estancias migratorias.

Nicaragua

  La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) preguntó por el silencio oficial de México ante las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y citó ejemplos de las persecuciones a miembros de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.

La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) en participación remota en el Senado, el 4 de septiembre de 2023. Foto Senado

  La respuesta de Bárcena fue elusiva. Dijo que en México “estamos al tanto que, en febrero de 2023, Nicaragua liberó a 222 de 245 presos políticos”.

  “Nos preocupa definitivamente muchísimo” el caso, dijo la canciller y reiteró que México ofreció asilo a los perseguidos.

  Pero la secretaria no respondió la pregunta de por qué el silencio oficial mexicano ante la extensa y prolongada represión de los últimos cinco años en el país centroamericano.

  Su comentario sobre los presos resultó sesgado y ofensivo, pues el caso no se reduce a que el régimen los “liberó”. A la excarcelación siguió el destierro masivo, el despojo de la nacionalidad de todos ellos, la confiscación de sus bienes, propiedades y cuentas bancarias, incluso la sede en Masatepe de la Fundación Luisa Mercado, del escritor Sergio Ramírez. A los desnacionalizados de la tercera edad les quitó su pensión, algo que no han hecho ni las más feroces dictaduras.

  Con las excarcelaciones no cesó, sino que se fortaleció la represión contra toda persona o institución incómoda para Ortega. Más de 3 mil organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas y sus bienes confiscados. No existen medios periodísticos independientes, más de cien profesionales de la prensa han tenido que exiliarse.

  La dictadura cerró incluso la principal casa de estudios superiores, la prestigiosa Universidad Centroamericana; clausuró órdenes religiosas, les ha confiscado sus recursos y mantiene preso al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

  El recuento de atrocidades es mayor, pero suficiente para que el gobierno de México cumpla con su mandato constitucional y, al menos, remedie su actual silencio.