AMLO, Petro y Boric frente a Ortega-Murillo

   

   Tres gobiernos de aparente afinidad, los de México, Colombia y Chile, mostraron el pasado fin de semana posiciones distintas ante Nicaragua.

  Con amplia mayoría, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el 12 de agosto la represión en el país centroamericano, en una muestra de que se ha reforzado el reclamo internacional contra Ortega y Murillo.

  La resolución no tiene resultados prácticos, entre otras causas porque cualquier llamado o crítica exterior a estas alturas sólo merece la burla del régimen y porque, además, Nicaragua denunció la Carta de la OEA el año pasado y cesará como miembro en noviembre de 2023. 

   Pero la sesión sirvió para medir la temperatura regional: 27 países condenaron la situación en Nicaragua, sólo uno estuvo en contra (San Vicente y las Granadinas), cuatro se abstuvieron (Bolivia, El Salvador, Honduras y México) y hubo dos ausentes (Colombia y Nicaragua).

   La embajadora mexicana Luz Elena Baños no argumentó sobre el fondo. En cambio criticó a la OEA como espacio por ahora impropio para un “diálogo genuino”, con un secretario general anulado, que “no es un actor confiable”.

   Baños calificó la votación como “una gran simulación que no merece repetirse”. En otras palabras, México ya no toma en serio a la OEA, quizás a la espera de una renovación en algún futuro incierto.

   Pero a continuación la embajadora citó el voto de su país a favor de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 31 de marzo pasado. Dijo que ahí sí México trabaja “de manera constructiva”.

   Esa resolución es una amplia y detallada reseña de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, muestra su “alarma por el retroceso democrático” del país y advierte del “continuo desprecio” de Ortega y Murillo hacia las instancias multilaterales.

   El Consejo aprobó la resolución con 20 votos, incluido el de Argentina entre los latinoamericanos; 20 abstenciones de asiáticos y africanos y siete en contra: Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Rusia y Venezuela.

Debut de Petro 

   La reunión del 12 de agosto era el debut del gobierno de Gustavo Petro en una definición hemisférica, pero el lugar de Colombia en la OEA quedó vacío.

   De inmediato no hubo una explicación oficial para la ausencia, pero es posible que se vincule al litigio entre Colombia y Nicaragua por la soberanía marítima sobre una zona del Caribe. A pesar de que hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia, su ejecución requiere precisiones y detalles que parecen destinados a una negociación directa entre las partes.

   Además, el 11 de agosto, un día antes de la votación, el recién nombrado embajador colombiano en Managua, León Fredy Muñoz, anunció su designación en Twitter: “Con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica (…) El restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”.

   La embajada de Colombia estaba acéfala desde febrero pasado, después de que Ortega calificó a ese país como un “narco-Estado”.

  En medio de una polémica en Colombia por la inexplicable ausencia, otro embajador recién designado, Luis Ernesto Vargas, sólo empeoró la percepción pública del caso, pues alegó en Twitter que el día de la votación aún no se había acreditado como representante en la OEA, como si todo se tratara de un asunto administrativo.

Chile: la sombra de Pinochet

   Por su parte, el gobierno de Gabriel Boric copatrocinó la resolución de la OEA. Su representante, Sebastián Kraljevich, reconoció que la organización no es hoy lugar de concertación, sino de pura expresión de posiciones “legítimas pero particulares”.

   Convino en que la resolución por sí misma no cambiará nada. “No hay una bala de plata o solución mágica para restituir el imperio de los derechos humanos en Nicaragua”.

   Pero recordó que los presos y presas de Pinochet sentían aliento al saber que la demanda de su liberación recorría el mundo. Sabían que no estaban solos. El voto, dijo el embajador, es una contribución “en algún sentido a la resistencia de un pueblo que vive situaciones tan dolorosamente parecidas a la que vivió nuestro pueblo hace no tantos años”. 

                Sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, 12 de agosto de 2022  

¿Cooperación Cuba-EU por Matanzas?

 El incendio en la base de supertanqueros de Matanzas abrió la puerta para una posible nueva vía de cooperación entre Cuba y Estados Unidos, en medio del conflicto de décadas.

Pasado el mediodía del sábado 6 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó que estaba en contacto con autoridades de La Habana por el siniestro. Poco más tarde, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío agradeció “profundamente condolencias y expresiones de ayuda” de personas y organizaciones de Estados Unidos. Dijo que Washington ofreció asesoría técnica, cuyos detalles quedaron en manos de expertos locales. 

 Foco del incendio en la terminal de supertanqueros de  Matanzas, el 5 de agosto de 2022. Foto Periódico Girón

No sería el primer caso de cooperación de emergencia entre los dos países. En 2014 más de 200 profesionales cubanos de salud combatieron el ébola en Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona, en el oeste africano, junto con sanitarios de otros países, incluso de Estados Unidos, en hospitales construidos por tropas estadunidenses.

La seguridad petrolera, en particular, ya había sido tema de interés común e incluso regional. En 2011, en Nassau, especialistas cubanos discutieron la situación de la zona con colegas de Bahamas, México, Estados Unidos y Jamaica.

Nada era casual. Al año siguiente la española Repsol empezaría a perforar un pozo en aguas profundas cubanas, a la postre sin resultados.

En un acuerdo no escrito, construido con filigrana por el ahora embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar -entonces secretario del Interior de Barack Obama-, Repsol aceptó cumplir con las regulaciones estadunidenses para operar en Cuba.

Ni un bolígrafo en la plataforma de perforación era estadunidense. Ninguna parte de la estructura rebasaba el 10 por ciento de componentes de ese origen.

Parte del entendimiento fue la inspección que especialistas de Estados Unidos realizaron a la plataforma en Trinidad-Tobago, antes de que se instalara en Cuba.

Por supuesto, el negocio de Repsol estuvo en la mira de los adversarios de relaciones entre Washington y La Habana. Sin materia de discusión en términos de la legislación estadunidense, la crítica se dirigió hacia la seguridad petrolera. 

La referencia principal era la explosión y hundimiento en 2010 de la plataforma marina Deepwater Horizon de British Petroleum, al sureste de Louisiana. El pozo se incendió y causó en el Golfo de México el mayor derrame accidental de crudo que se recuerde.

Ya restablecidas las relaciones diplomáticas, Cuba y Estados Unidos acordaron en 2015 cooperar en la reducción de riesgos ante desastres y la prevención y respuesta ante derrames petroleros.

Panorámica de la zona siniestrada en la terminal de supertanqueros de Matanzas, el 5 de agosto de 2022. Foto Periódico Girón

Esos puentes de entendimiento de la época de Obama contrastaron con las dificultades en el gobierno anterior, el de George W. Bush.

En 2001, tras el paso devastador del huracán Michelle por Cuba, Estados Unidos ofreció un equipo de evaluación y ayuda por vía de organizaciones no gubernamentales. La isla declinó comedidamente la oferta, pero quiso aprovechar una ley del año anterior que, dentro de las restricciones estadunidenses, le permitía en forma excepcional comprar alimentos en el país del norte. Esa operación, que iba a ser por única vez, se volvió permanente y ya rebasa los 6 mil millones de dólares.

Ofertas parecidas a la anterior hizo Estados Unidos en años siguientes, siempre en reacción al paso de huracanes sobre Cuba. Pero la isla rechazaba las propuestas en los términos iniciales, para plantear, a su vez, otras fórmulas que implicaban un mejor trato bilateral, como discusiones  sobre prevención de desastres o el relajamiento de la agresión económica, a lo cual  a lo cual Bush siempre se opuso.

Bush también rechazó la oferta cubana del envío de una brigada médica tras el golpe del huracán Katrina en Estados Unidos, en 2005.

Está por verse en qué rango se ubica la posible cooperación ante la tragedia ahora en curso.

La nube contaminante del incendio en Matanzas se extiende hacia el occidente de Cuba. Imagen tomada de la cuenta de Twitter del meteorólogo Elier Pila Fariñas @elierpf

Imagen satelital de descargas eléctricas el 5 de agosto de 2022. Al centro, con mayor intensidad, el fenómeno en Matanzas. Tomada de la cuenta de Twitter del meteorólogo Elier Pila Fariñas @elierpf

Cuba: recuento del 11J

   Una constante en las manifestaciones populares del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba fue la cantidad de teléfonos móviles por encima del mar de cabezas, que produjeron un torrente de constancias visuales. Los participantes multiplicaron después sus testimonios y surgieron diversas interpretaciones de los hechos.  

   Un año más tarde son incontables las aportaciones de todo tipo, pero algunas pocas de ellas bastan para mostrar la diversidad de registros y enfoques sobre el 11J.

   Desde las primeras horas que siguieron a la inicial manifestación de San Antonio de los Baños, el sitio Inventario (proyectoinventario.org) activó una herramienta para identificar los lugares donde se reportaban protestas antigubernamentales.

   Un año después, el mapa registraba 348 acciones en las 15 provincias del país y el Municipio Especial Isla de la Juventud. 

   Después del 11J el gobierno de Cuba tomó decisiones que en parte eran reclamos de la población anteriores a la protesta: autorizó la importación individual de alimentos, productos de aseo, medicinas y electrodomésticos; aceptó ayuda humanitaria internacional; emprendió un plan de reparaciones en barrios pobres (viviendas, escuelas, policlínicos, redes de agua, asfaltado); ofreció atención a problemas legales de vivienda y expidió un paquete de regulaciones para el trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias.

   A los pocos días del estallido, un fundador y ex jefe de la Seguridad del Estado, ex viceministro del Interior, general de División Fabián Escalante, publicó un comentario en tres partes a raíz del 11J. En la primera  citó entre las causas “los errores cometidos en la tardía implementación de medidas económicas” ya aprobadas. En una crítica sutil a los servicios de inteligencia, señaló que no hubo la advertencia oportuna del estado de ánimo social; expuso que Estados Unidos “es el principal responsable, pero … nosotros también tenemos responsabilidades por los errores cometidos, que exigen un análisis autocrítico" y que “combatir contra el enemigo y la burocracia sería el deber y la responsabilidad de este momento histórico”.

                                              Fabián Escalante Font. Foto ecured.cu

   En el resto de su comentario (II, III), Escalante atribuye las protestas a “una operación subversiva, bien preparada, sobre un esquema de guerra sicológica” de Estados Unidos. En la misma línea, un año después, el presidente Miguel Díaz-Canel sostiene la versión oficial de que que el 11J “el pueblo cubano y la revolución cubana desmontaron un golpe de Estado vandálico”.

   La Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales y el diario argentino Página12 publicaron en diciembre de 2021 el libro Cuba11J: protestas, respuestas, desafíos, coordinado por Julio Carranza Valdés, Manuel Monereo y Francisco López Segrera, con ensayos de 17 autores, entre cubanos y otros latinoamericanos. 

   Carranza, economista cubano, revela ahí que él y otros cuatro de sus colegas, Humberto Pérez, Joaquín Benavides, Fidel Vascó y Pedro Monreal, presentaron al gobierno de Cuba “una actualizada propuesta de reforma integral de la economía”, que al momento de aparecer el libro no tenía respuesta.

   Entre las abundantes y disímiles interpretaciones del 11J, Carranza dice que "el sistema económico actual es obsoleto, limita las capacidades productivas de la sociedad y debe ser reformado integralmente (...) el avance y la integralidad de la reforma aún es insuficiente, no hay dudas de que hay fuerzas internas e intereses conservadores que se le oponen". El abogado y político español Monereo plantea que “para una parte de la juventud cubana el relato de la Revolución ha perdido vigor, fuerza; se ha convertido en un pasado que poco o nada tiene que ver con sus vidas y, sobre todo, con su futuro”.

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado sobre las acciones judiciales que se siguieron a manifestantes del 11 de julio. El 25 de enero de 2022 reportó que había imputado cargos a 790 personas, de los cuales 490 estaban en prisión. De los acusados, 115 tenían entre 16 y 20 años de edad; hasta el 13 de junio de 2022 recibió notificación de tribunales sobre 76 sentencias para 381 personas, incluso 16 jóvenes de entre 16 y 18 años, sobre todo por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Hubo 297 penas de entre cinco y 25 años de cárcel.

          Imagen de un reporte de la televisión cubana sobre los juicios a los manifestantes del 11J

   Entre el 14 y el 15 de junio de 2022 los tribunales dictaron cuatro sentencias firmes, en respuesta a recursos interpuestos por 33 sancionados en La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos. Hubo 30 sentenciados a penas de entre cinco y 18  años de prisión y tres a trabajo correccional o  limitación de libertad.

   La FGR reportó sentencias firmes en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, entre el 16 y el 21 de junio, por delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato. Hubo 74 sancionados y dos absueltos, con penas para 56 de entre 10 y 18 años de cárcel. Hubo sentenciados a prisión, con sustitución de la pena por trabajo correccional o limitación de libertad, incluso para 12 jóvenes entre 16 y 18 años de edad.    

   Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Justicia11J, que investigan el mundo legal y judicial cubano, elaboraron el informe “Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”. Entre otras conclusiones, el reporte señaló que un año después del estallido había  701 presos del total de mil 484 detenidos; 622 procesados, de los cuales 584 con  sentencias y 27 personas de entre 16 y 18 años han recibido alguna sanción, desde cinco años de trabajo correccional 19 años de cárcel y sólo uno fue absuelto.

   El 21 de marzo de 2022, un grupo de intelectuales cubanos publicó en la revista electrónica La Joven Cuba un “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”, en el que entre otros puntos señalaron que las penas ya dictadas entonces por el 11J son desproporcionadas y “escarnios públicos contra toda la sociedad cubana” y que las manifestaciones fueron, “como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba”.

   En su blog La Cosa, el historiador y jurista Julio César Guanche examinó el concepto de “sedición”, su empleo en la historia cubana y su uso en los procesos contra los manifestantes. Concluye que “caracterizar el 11J sólo como intento de 'golpe blando' cierra toda legitimidad a la expresión de conflictos. Las múltiples operaciones estadunidenses sobre esos hechos, que califican en rigor de guerra híbrida, no privan a esas protestas de su núcleo popular con demandas de calidad de vida, libertad, y justicia”.

   El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas examinó el tercer informe periódico de Cuba el 21 y 29 de abril de 2022. En sus “Observaciones finales”, del 9 de mayo de 2022, expresó preocupación por “presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos” el 11J y enlistó modalidades de esos abusos.

Imagen tomada del sitio https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cat

   

   También mostró preocupación por “juicios sumarios sin garantías del debido proceso” y “lamenta la insuficiente información” de parte del gobierno cubano sobre la investigación de los atropellos denunciados. El Comité “toma nota” del rechazo del gobierno cubano a esos alegatos, pero lo instó a investigarlos, sancionar a los responsables y asegurar una reparación integral para las víctimas, así como establecer protocolos para las fuerzas del orden durante protestas sociales, “conforme a las normas internacionales de protección de los derechos humanos”.

La American University de Washington publicó un amplio dossier llamado “El camino por delante: Cuba después de las protestas del 11 de Julio”, integrado por un simposio virtual en el que 16 autores respondieron a la cuestión de cómo interpretar los hechos de aquel domingo. 

   Coordinado por los investigadores estadunidenses William LeoGrande y Philip Brenner y el canadiense John M. Kirk, el expediente también incluye 18 textos adicionales tomados de diversas fuentes y un catálogo de otros documentos, informes o análisis sobre el tema.

   Los coordinadores concluyen que “el gobierno cubano tiene enfrente a una población cansada del sacrificio, cansada de promesas de reformas que se materializan demasiado lentamente, si acaso, y cansada de un liderazgo que habla más que escucha. Si hay una lección del 11J es que la gente quiere ser escuchada y quiere que su gobierno le responda”. 

 

 

La 'guerra sucia' abre conflictos en México

En un acto oficial la hija de un guerrillero termina su discurso y saluda al presidente López Obrador, que la abraza, pero en el trayecto la mujer ni siquiera mira al secretario de Defensa.

Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos (1938-1974), pasa frente al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y se dirige hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagen tomada de la transmisión en vivo 

 La estampa resume el conflicto que ahora se abre en México: un plan de reconciliación basado en la “obediencia debida” frente a otro que intenta documentar la verdad y buscar la justicia por crímenes ejecutados por militares y policías durante la guerra sucia, las décadas de represión a movimientos sociales e insurgentes. 

El choque quedó expuesto desde la escenografía. El acto que simbolizaba la apertura de archivos militares, el pasado 22 de junio, citó de manera errónea a la instancia investigadora: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. En el panel de fondo de la ceremonia la última parte del nombre se sustituyó por “…Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos…” El acto era en el Campo Militar Número 1, antiguo centro de tortura, donde ahora el Ejército eliminó hasta del título las “violaciones graves…”

La ceremonia en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, el 22 de junio de 2022. Foto Presidencia 

  El general secretario Luis Cresencio Sandoval expuso la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y a la ley, no habló de los atropellos. Por el contrario, anunció un “mecanismo integral de reconciliación social” y un homenaje a los militares muertos en la guerra sucia. 

López Obrador confirmó que entendía ese acto como señal de “reconciliación” y argumentó explícitamente la “obediencia debida”: “La responsabilidad principal, incluso legal, recae en las autoridades civiles”, dijo el presidente. “Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles (…) fue una orden dada desde arriba”.

Ya el grupo de expertos precisó que el plan de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional no incluye ninguna reivindicación ni homenaje a militares. Lo mismo dijo tácitamente la Comisión. El conflicto sobre la reivindicación y reconciliación está abierto. Aún falta el debate sobre la “obediencia debida”. 

Nada es extraño. Conflictos similares, en mayo o menor medida, han surgido en la ejecución de mecanismos de justicia transicional como en Colombia, El Salvador, Irlanda del Norte, Ruanda o Sudáfrica.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó a la Brigada Blanca, el escuadrón de la muerte que operó en México como lo hicieron la Alianza Anticomunista Argentina, el Batallón 3-16 de Honduras o los Grupos Antiterroristas de Liberación de España. La Brigada era de composición mixta, de militares y civiles, procedentes de cuerpos como la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, las policías judiciales del Distrito Federal y de algunos estados y la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia capitalina. 

Dentro y fuera de la Brigada jefes policiales normalizaron el terror y la tortura y se cobijaron bajo la impunidad no sólo en la operación contra guerrillas y movimientos sociales, sino también frente a la delincuencia común. Su investigación será muy relevante. 

AMLO ante el 'tsunami' migratorio cubano

La crisis migratoria cubana en curso es parte de un conflicto de seguridad nacional de México y merece un giro en la visión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cualquier registro mostrará un insólito crecimiento reciente del tránsito de cubanos por Centroamérica y México camino hacia el norte. Un escenario peor del que revelan las cifras es el que no revelan: el trayecto semiclandestino de una parte de esos migrantes por selvas y montañas, para evitar controles policiales y la extorsión de las autoridades migratorias a lo largo de la ruta. El ejercicio del derecho humano de emigrar se convierte así en objetivo de la delincuencia organizada, foco de tensión y fuente de inestabilidad y violencia. ¿Por qué México tiene que preferir que prospere ese fenómeno en lugar de crear una base sólida para la emigración segura, legal y ordenada? En el caso de Cuba, paradójicamente México ha reducido el acceso al tránsito legal. La pandemia obligó al cierre del consulado durante dos años y a la suspensión temporal de vuelos directos entre ambos países.

Migrantes cubanos esperan cruzar la frontera de México con Estados Unidos, en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro La tramitación de visas en La Habana ya arrastraba un grave caso de corrupción, en el que llegaron a venderse citas -sin garantía del documento- por miles de dólares, mientras que el acceso a los turnos por internet estaba prácticamente bloqueado. Persiste el mercado negro, aunque las citas obtenidas por esa vía ya no prosperan en el trámite. De cualquier manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el gobierno cubano deben una explicación sobre cómo pudo existir impunemente un mecanismo que requiere accesos reservados a la plataforma tecnológica mexicana y operación de campo. Al reabrirse actividades, a la demanda normal acumulada en la pandemia se sumó un aumento exponencial de peticiones de visado. Sin embargo, la capacidad mexicana de tramitación es exigua: un puñado de funcionarios y un local insuficiente para el tsunami migratorio, que posiblemente ronde ahora varias decenas de miles, contra cerca de 20 mil visas anuales que se entregaban hasta 2019 y apenas 16 mil convocatorias para lo que resta de este año. El gobierno de López Obrador está interpelado por una nueva realidad, que ya no es la de hace dos años. Tiene que definir hasta qué punto está dispuesto a aceptar la migración cubana legal; si puede abrir un plan de reunificación familiar, como ya existió en el pasado; si, en consecuencia, puede elevar la dimensión de la actual sección consular en La Habana y si puede abrir un consulado general en alguna provincia cubana del centro o el oriente del país. A una situación excepcional no se le puede responder con una mirada burocrática, limitada por causas presupuestales; tampoco puede pesar el temor a una posible inconformidad de Estados Unidos, que quizás prefiera seguir abriendo la vía legal para la emigración desde la isla a cuentagotas y tratar de usar a México como puente para la deportación masiva de cubanos. Se requiere de México una respuesta excepcional, de Estado.

Entrevista a Primer Movimiento (Radio UNAM)/ Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain/ 25 de febrero de 2022

Presentación de 'Cuba. El futuro a debate'

    (Presentación de mi libro Cuba. El futuro a debate, el 22 de enero de 2022, en la Casa Refugio Citlaltépetl de la Ciudad de México)

Quiero dedicar estas palabras a la memoria de tres compañeros.

A Javier Valdez, a quien hemos recordado en el Memorial que lleva su nombre en esta Casa. 

A Miroslava Breach, quien como Javier nos ha dejado un ejemplo de entrega al oficio. 

Y a Josetxo Zaldua, con quien compartí largas discusiones sobre Cuba y quien respaldó desde el primer momento la edición del libro.

Agradezco en todo lo mucho que vale la presencia de ustedes. Salir en una mañana de sábado invernal, en plena pandemia, como dicen en Cuba, no es nada fácil.

Pero, como dicen en México, a los amigos se les conoce en la cárcel, en la enfermedad y en las presentaciones de libros.

                                           Foto Mariana Domínguez

Agradezco la hospitalidad de la Casa Refugio Citlaltépetl, que honra su misión defensora de los derechos humanos, la migración y la libertad de expresión, ahora bajo la dirección de mi querida amiga María Cortina.

Y desde luego agradezco a quienes me acompañan en la mesa, mis colegas y queridas amigas de tanto tiempo, Blanche y Lourdes y a David, quien encabezó el espléndido trabajo de edición del libro. 

                                    Foto José Antonio López/ La Jornada

Es muy grato realizar esta presentación al lado de la figura señera de Gilberto Bosques, el recordado diplomático mexicano que salvó vidas en la Segunda Guerra Mundial y que, además, fue un testigo de excepción de la revolución cubana, desde su puesto de embajador en La Habana en una década decisiva para la isla, 1953-1964.

                                   Foto Casa Refugio Citlaltépetl

En la noche del 31 de julio de 2006 yo veía en mi casa de La Habana el noticiero nocturno de la televisión, cuando de pronto el locutor anunciaba que minutos más tarde se daría a conocer una “Proclama del comandante en jefe”.

En esa “Proclama”, Fidel Castro decía, en síntesis, que había tenido una grave crisis de salud y que delegaba sus cargos oficiales, de manera provisional, en su hermano menor, Raúl Castro.

Pero lo más interesante de la “Proclama” era lo que no decía. Entre otras cosas, que nunca antes, desde el triunfo de la revolución cubana, 47 años atrás, Fidel Castro había tenido que dejar el mando y que no estaba claro lo que ocurriría a partir de entonces.

Tras escuchar la “Proclama” tuve que escribir a toda prisa y contra el reloj, pues ya se aproximaba la hora del cierre en el periódico. 

Después de transmitir mi despacho salí a la calle a pasear a mi perra y, claro, a darle vueltas a la cabeza para intentar adivinar todo lo mucho que se venía por delante. 

De regreso encontré en una esquina un verdadero debate entre vecinos, que compartían mis dudas y cruzaban preguntas y conjeturas.

Al final del primer capítulo escribí en el libro: “Si algo se puede  percibir desde poco después de escuchar la “Proclama” es la sensación, a veces la confirmación explícita, de que los cubanos sienten entonces el momento crítico que interrumpe abruptamente la historia y abre un horizonte de incertidumbre. Saben que un momento así llegaría tarde o temprano, pero algo muy distinto es tomar conciencia de que esa misma noche ya están viviendo un futuro que antes parecía más o menos borroso”.

Ese futuro trajo un vertiginoso cambio en el conflicto con Estados Unidos, que fue desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas a uno de los periodos más duros de hostilidad. Trajo también la crisis de Venezuela, aliado estratégico de la isla.

En lo interno sobrevino el relevo generacional en el mando, una apertura económica con avances y retrocesos y la explosión civil de una sociedad más observadora, más crítica, más activa, más expresiva y más demandante que antes, que ha puesto en el centro del escenario reclamos de libertades cada vez mayores.

En Cuba. El futuro a debate, el hilo conductor es la discusión sobre qué hacer con el rumbo del país, a partir de que nada puede ser como en los años ochenta. Una discusión que arranca con la caída del Muro de Berlín y que no ha cesado, por el contrario, ha tomado nuevas rutas e intensidades.

Esta es la historia que tienen ustedes en sus manos.

Aquí el video de la presentación, gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 👉 https://bit.ly/3rLqJDj 

Aquí, reseña de la presentación por mi compañera de La Jornada Alondra Flores Soto 👉 https://bit.ly/3H4JmIU